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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
La marcha del Colectivo Salvemos Valle El Ángel, para entregar una carta al presidente de ANDA, Frederick Benítez, fue rechazada por un grupo de vigilantes que impidió a las comunidades exigir que no renueve el certificado de factibilidad de agua, que se emite cada año, a la empresa constructora de la familia Dueñas, para su proyecto urbanístico Valle El Ángel.
“La amenaza que enfrentamos los habitantes de la zona Norte y Apopa es la construcción de un megaproyecto urbanístico de la familia Dueñas, que es una zona de recarga hídrica y biodiversidad y para este proyecto habitacional la empresa necesita agua, entonces ha hecho un convenio con ANDA, que es inconstitucional, porque una autónoma no puede ceder los bienes públicos”, explicó el padre Lucio Reyes, de la Vicaría Rutilio Grande, compuesta de la zona Norte de San Salvador.
Sobre la factibilidad del uso del agua, le permitiría a la empresa constructora la conexión de servicios de agua potable para la urbanización Ciudad Valle El Ángel, en la prolongación del bulevar Constitución, entre Nejapa y Apopa, cantón Joya Galana, municipio de Apopa. Con esta, tendría autorización a perforar alrededor de ocho pozos profundos y un sistema de captación, para generar un caudal de explotación de 400 litros por minuto.
“Los presidentes de ANDA, Fortín Magaña y Frederick Benítez han venido renovando esta factibilidad para este complejo que es una mega urbanización, que implica que los mantos acuíferos van a bajar y que la escasez hídrica se agravará más y, claro, la destrucción de la biodiversidad, que solo va a generar mayor pobreza”, dijo el sacerdote.
Mientras, Sara García, de las Mujeres Mesoamericanas en Resistencia, señaló que, como parte del Foro del Agua y el Colectivo Salvemos Valle El Ángel, no era justo que a las comunidades que viven cerca del megaproyecto se les arrebate la microcuenca Chacalapa, de donde se abastecen miles de familias en diferentes cantones y comunidades.
Foto Diario Co Latino/René Estrada
“Ya tenemos impactos con la deforestación que ha habido y no es posible que sean las empresas las que se queden con el agua y no la población, que tiene el derecho humano al agua. Este gobierno de Nayib Bukele está violentando los derechos de la población. Porque al conceder permisos a las empresas urbanísticas, como la familia Dueñas, que son propietarias de todos los ingenios azucareros, que también explotan el agua, sigan con mayores beneficios y no las comunidades”, sostuvo.
Sobre los usuarios de la cuenca Chacalapa, Sara García explicó que dependen del recurso dos mil familias del municipio de Apopa, del cantón Joya Galana, y seis mil familias más que dependen del recurso hídrico de forma indirecta, en donde toda la periferia de Apopa y Mejicanos acceden a este bien natural.
“Son 526 manzanas de tierra en donde pretenden construir y cómo es posible que no crean que esto va a influir en el acceso al agua de las comunidades. El Gobierno no puede seguir mintiendo que el agua está garantizada, cuando la gente sale todos los días a protestar por falta de agua en sus hogares. Exigimos, porque no tenemos por qué pedir favores al presidente de la República y al de ANDA, que cumplan con su rol y no brindar más los permisos a esa constructora, que se apropiaría de 17.6 millones de litros de agua”, reafirmó García.
