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Mirna Jiménez
@DiarioCoLatino
El exfiscal Astor Escalante dijo que lo más recomendable para evitar que el tema de pandillas se utilice de manera electorera, que un organismo internacional administre los $109 millones del préstamo que está solicitando el Ejecutivo para el combate a las pandillas.
El también exdirector de Centros Penales explicó que se ha hecho en otros casos y con esto el Gobierno “se lava las manos” y los diputados no estarían argumentando que se quiere sacar beneficios electorales. Según Escalante, esta sería una forma de resolver de manera transparente dicha asignación de fondos, por los cuales se ha generado una crisis institucional.
Según Escalante, “no se sabe si los diputados se oponen por razones políticas o porque tienen dudas” y lo mejor es “transparentar”, y con esta medida se quitarían de la cabeza la idea de si las cámaras que se van a comprar son un negocio que quiere hacer el presidente, además de otras interrogantes.
“Los diputados deben de decir: se da este dinero, pero en estas condiciones”, afirmó Escalante en el programa República del canal 33, donde se debatió el tema de la baja de homicidios y cuáles son sus causas. El lunes próximo, diputados de la comisión de Hacienda de Asamblea Legislativa se estarían reuniendo con representantes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para que los delegados de ese organismo brinden un informe sobre el empréstito. Escalante considera que si los homicidios han bajado es bueno, pero el plan se debe transparentar para evitar posibles contaminaciones y especulaciones o que se diga que pueden haber arreglos debajo de la mesa.
“Apartarlo de posibles niveles de corrupción que puedan evidenciarse, como cuando se empiezan a discutir préstamos importantes y los destinatarios de esos préstamos sean los objetivos concretos que demanda un plan, el fortalecimiento institucional de Policía, Fuerza Armada… A partir de eso que la ciudadanía pueda tener no solo la percepción que el clima de seguridad en el país está cambiando para mejorar los otros giros que el Estado tiene”, sostuvo.
Escalante -quien fue viceministro de Seguridad Pública en la administración del presidente Antonio Saca- dice que en otros gobiernos, para el caso, no se logró eliminar la comunicación desde los centros penales, y es más, está casi seguro que la eliminación total de las comunicaciones no se ha logrado todavía.
Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista (SSP), organización que trabaja con jóvenes en comunidades, pone en duda que el plan Control Territorial esté bajando los homicidios, primero porque hay zonas donde han disminuido los asesinatos, y no se ha implementado el plan, además, que esta reducción ya se venía dando.
“En el 2015 tuvimos la tasa más alta, de casi 103 homicidios, por cada 100,000 habitantes, y a partir de entonces ha habido una reducción sistemática, a partir de la administración de Salvador Sánchez Cerén”, explicó.
A su juicio, sería irresponsable decir que a partir del plan Control Territorial se han disminuido los homicidios, porque no existen ningún dato que lo esté afirmando y que lo sustente; hay un despliegue policial y militar que efectivamente puede tener algún tipo de efectividad, sostuvo.
Pero, según Reyna, solo con la presencia policial no se logra desestructurar todos los delitos; por ejemplo, dijo que según las estadísticas de la Policía sobre detenciones de los primeros seis meses de la administración de Nayib Bukele, solo alrededor de un 15 % de personas capturadas pertenece a pandillas. “Esto contrasta con el discurso gubernamental de un combate directo a las pandillas”, manifestó Reyna. Luis Contreras, consultor de seguridad considera que hay mejor coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y que es natural que para empezar se ataque primero un delito que es esencial, como son los homicidios.
“Cuando ya se tiene un poco de mejoría, se van atendiendo los otros delitos, por eso es que las extorsiones ya se está ventilando, y se va a combatir”, argumentó Contreras en defensa del plan.
Reyna recalcó la necesidad de conocer la política pública que se está ejecutando, pues al conocer por qué han bajado los homicidios se pueden potenciar esos planes e identificar elementos que estarían faltando y que podrían estar dando mejores resultados de esa política, insistió.
“Aquí no es una posición únicamente de crítica de lo que se está haciendo, queremos que la reducción sea permanente, queremos que la política (de seguridad) afecte otros fenómenos que están siendo altamente sensibles a la población, como la extorsión”, opinó Reyna.
