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Alessia Genovés
Colaboradora
@DiarioCoLatino
Blanca Maribel Solano, ex-alcaldesa del municipio de Salcoatitán, Sonsonate, es sancionada con una multa de $1,460 por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG). El TEG determinó, de acuerdo con la resolución, que la ex-funcionaria realizó dos viajes irregulares durante los meses de mayo y junio de 2022 durante su jornada de trabajo, sin solicitar ni obtener autorización legal, incumpliendo sus obligaciones edilicias.
Los hechos fueron comprobados y sancionados, según se detalla en el expediente del caso, ya que en mayo y junio de 2022 la alcaldesa Solano de Sosa efectuó “dos salidas”.
Sus fines fueron turísticos, y no tramitó la licencia ante el Concejo Municipal de Salcoatitán ni nombró alcalde interino para que asumiera sus funciones durante su ausencia, tal como establece el Código Municipal.
El primer viaje, del 5 al 17 de mayo, fue con destino a Estados Unidos, mientras que el segundo ocurrió del 21 al 29 de junio hacia el mismo país.
En ambos casos, los registros migratorios de la funcionaria evidencian que los movimientos fueron realizados en fechas y horas hábiles en las que le correspondía ejercer su cargo edilicio.
Empero, la señora Solano de Sosa continuó percibiendo normalmente su salario mensual de $1,706.25 dólares como alcaldesa de la municipalidad durante los períodos que permaneció fuera de sus labores.
Esto significó un dispendio indebido de fondos públicos municipales, al no haber prestado efectivamente los servicios.
La resolución del TEG determina que la señora Solano de Sosa faltó a la prohibición ética establecida en el artículo 6 letra e) de la Ley de Ética Gubernamental (LEG), la cual prohíbe a los funcionarios públicos realizar actividades privadas durante la jornada ordinaria de trabajo, salvo las expresamente permitidas en las leyes.
El Tribunal consideró que la alcaldesa pudo perfectamente solicitar licencia siguiendo el procedimiento establecido en el Código Municipal, pero no lo hizo, denotando un actuar doloso de su parte para eludir tanto sus obligaciones funcionales como las posibles responsabilidades legales ante sus ausencias ilegítimas.
La sanción hacia la ex alcaldesa se determinó por la gravedad de las ausencias ilegales por parte de una funcionaria electa popularmente para representar los intereses de la población, no los personales; así como el daño generado a la administración municipal al desatender sus obligaciones sin que nadie la reemplazara durante ese tiempo.
El TEG justificó la multa equivalente a cuatro salarios mínimos mensuales, del sector comercio vigentes en mayo/junio de 2022, que ascendían a $365.00 cada uno, haciendo un total de $1,460.00.
