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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Al grito “¡Nos queremos vivas!”, un grupo de feministas jóvenes se manifestaron ante el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), en donde se pronunciaron en contra el aumento de la violencia, feminicidios y la negligencia del trabajo de las instancias de Gobierno, para dar seguridad a las mujeres, población mayoritaria (53.11 %) del país.
En el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, mujeres feministas y organizadas se pronunciaron en diversos puntos de la capital, y así denunciar lo que consideraron un “retroceso”, en el acceso a la justicia, la discriminación por género y la inseguridad pública, entre otras demandas como el derecho al agua y la alimentación.
La desarticulación de las instituciones de Gobierno, para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, como la Unidad Institucional de Atención Especializada a las Mujeres en Situación de Violencia de la Oficina de Denuncia y Atención Ciudadana (UNIMUJER-ODAC), dentro de la Policía Nacional Civil y el ISDEMU, que durante la Emergencia por la pandemia del COVID-19, que llevó a la población a llevar más de cuatro meses de confinamiento domiciliario, no trabajaron atendiendo las denuncias por violencia doméstica.
Amalia Leiva (CONCAVIS TRANS) consideró que para hablar de cifras de feminicidios se tenían que comparar los casos arrojados por las instancias a cargo de la seguridad pública, como la Fiscalía General de la República, que reportó hasta mayo alrededor de 3,000 casos de violencia contra las mujeres y los feminicidios.
“Lo malo es que el presidente Nayib Bukele habla de un 60 % de mujeres más seguras, cuando realmente los registros de nuestras organizaciones, así como la Fiscalía y PNC arrojan datos muy diferentes -no existe ese 60 %- y no sabemos cómo sacan esos datos, cuando hay mujeres desaparecidas, hay abuso sexual en niñas e incluso las mujeres que viven con sus agresores. Y no son solo feminicidios, sino también ejecuciones extrajudiciales a manos de militares y policías que protegían los centros de contención. El caso de dos madres de familia que estaban en tiendas de sus comunidades y las llevaron a un centro de contención y una de ellas murió a causa de los golpes recibidos de tres policías, y eso es abuso de poder”, afirmó Leiva.
Mientras, Keyla Cáceres, de la Red de Colectivas de Mujeres Feministas, explicó que los casos de agresión sexual que reportan Fiscalía y Ministerio de Salud es preocupante porque las 900 denuncias registradas tienen que ver con niñas, adolescentes y jóvenes menores de 18 años. Y desmintió que el país fuera seguro o que se haya erradicado la violencia contra las mujeres.
“Con este presupuesto (general de la Nación) que se ha presentado, lo que nos ha dejado claro este Gobierno es que no tiene un enfoque de género, cuando no responde a las necesidades de inversión local y políticas públicas, relacionadas con las mujeres, hace evidente que no hay un presupuesto con enfoque de género y no hay medidas para que las mujeres podamos vivir una vida libre de violencia como lo dice la LEIV”, acotó.
Mientras, en la Plaza de La Constitución, dedicada a la justicia, Red Feminista frente a la Violencia contra las Mujeres (REDFEM), junto al Foro Nacional de Salud y APROCSAL, presentó un balance sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en los que destacan los 88 feminicidios hasta noviembre 2020 y la prevalencia de la impunidad frente a otros hechos de violencia contra mujeres, debido a la desconfianza de las víctimas a las instituciones y por un sistema incapaz de detectar esa violencia en el 94 % de las denuncias.
Azucena Ortiz, de Las Mélidas, REDFEM, señaló que en el país se advierte un quiebre en la institucionalidad, que parte del “mal uso” de las potestades constitucionales, que lindan en la arbitrariedad del Consejo de Ministros, que encabeza el presidente Nayib Bukele, que permanecen en una “ruptura del orden constitucional” y limita los mecanismos de transparencia.
“A escasos mese de cumplir una década de aprobación la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), y en este año 2020, ha sido de muy pocos avances y marcado por el impacto del COVID-19, ha mostrado de forma exponencial las limitantes tanto en la protección de las mujeres víctimas de violencia, como en el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas y sus familias”, reafirmó.
Asimismo, sobre los servicios públicos y atención específica a la violencia contra las mujeres, señalaron la reacción tardía de la mayoría de instituciones para dar cumplimiento a la LEIV, en cuanto a atender la violencia; así como el acceso a la justicia para las mujeres.
“Reprobamos al Estado salvadoreño, por no garantizar el derecho a las mujeres una vida libre de violencia. Nos preocupa que los funcionarios tengan discursos triunfalistas frente a la reducción de muertes violentas, cuando hay 90 familias que están llorando la muerte de mujeres. Y que hay miles de otros hechos como la violencia sexual, física, embarazos impuestos en niñas, que nos dan cuenta, que este Estado no ha sido capaz de garantizar el derecho libre a la violencia”, argumentó Silvia Juárez, ORMUSA, RED FEM.
América Romualdo, Las Dignas RED FEM, reiteró la petición del respeto irrestricto a la Constitución de la República y su institucionalidad y la garantía contundente de la participación directa de las mujeres, en la construcción de políticas de seguridad ciudadana.
“Que participen en cargos de elección popular puede ser un avance para las mujeres, pero consideramos que no tienen aún la fuerza que deberían tener, porque la participación que exigimos -es aquella- donde se tomen decisiones de país. Y ese tema debemos de reflexionar, porque aún no hay compromiso para que las mujeres tomemos decisiones para el país, y se refleja cuando las mujeres van de candidatas pero a diputaciones suplentes. Y lo que queremos es acceso a la decisión de las políticas y quehacer nacional de las mujeres”, puntualizó.
