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Gloria Silvia Orellana
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“Hemos tenido bastantes retos como país y lamentablemente no hemos podido llegar a donde quisiéramos llegar como ciudadanía”, dijo Héctor Carrillo, abogado de FESPAD, que junto a otras organizaciones anunciaron la creación del Colectivo EPU/DESC.
El colectivo EPU/DESC se relaciona con el Examen Periódico Universal (EPU), que realiza el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre la satisfacción y cumplimiento de los Derechos Económicos , Sociales y Culturales (DESC).
El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con el fin de que los 193 Estados que lo integran sean examinados cada cuatro años, para identificar avances o retrocesos en el cumplimiento de estos derechos en sus correspondientes países. Y el Estado salvadoreño, se prepara para su Cuarto Examen Periódico Universal (EPU), el próximo mes de octubre del presente año.
“Como sociedad civil (EPU/DESC) vamos a presentar un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, estamos recogiendo datos y aún estamos abiertos a recibir información para preparar nuestro documento”, afirmó.
“Estamos también en disposición de sentarnos con el Gobierno de El Salvador y revisar cómo ha cumplido o no las recomendaciones, que les fueron hechas Tercer Informe EPU, y determinar estos avances, retrocesos y desafíos que presenta en materia de Derechos Humanos”, indicó Carrillo.
El Colectivo EPU/DESC está constituido por organizaciones sociales y comunitarias que integran la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), Mesa por la Soberanía Alimentaria, Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, FESPAD, AMAES, Mesa Permanente por la Justicia Laboral, AED y Vía Campesina.
Carrillo añadió que las organizaciones de la sociedad civil desempeñan una labor permanente y constante para construir un “mejor país con una vida digna para todos y todas”. Y esto depende de un Estado que garantice el acceso a la educación, a un medio ambiente sano, la salud, los derechos laborales y sindicales, así como, el respeto a los Pueblos Originarios.
“Este es El Salvador que durante décadas hemos venido tratando de construir las organizaciones de la sociedad civil, como reflejo de ese sentir popular de cambiarlo de una vez por todas. Y cambiarlo requiere de acciones concretas que dependen del Estado y esas acciones concretas no están sujetas a la mera voluntad de quien ejerce el poder en un momento determinado”, alegó.
“Estas acciones concretas que necesitamos para construir un mejor El Salvador, debe contar con educación , salud, empleo, acceso al deporte, la recreación y la seguridad, que dependen del cumplimiento de obligaciones nacionales e internacionales por parte de los Estados”, expresó Carrillo.
En cuanto al tema de seguridad, Carrillo fue enfático al señalar que si bien la gestión del actual gobierno tiene avances en esa materia, han llevado al retroceso otros temáticas y necesidades apremiantes de la población salvadoreña. Esta gestión, a pesar que ha tenido mucho financiamiento y amplia incidencia en las instituciones gubernamentales, no ha tenido la capacidad de incidir en estos otros factores, claro, son problemas históricos, pero el hecho que sean de esta naturaleza no significa que deben dejarlas para después, sino que se deben dar avances concretos, manifestó.
“¿Cómo este gobierno puede avanzar en estos temas más allá de la seguridad?, es un tema importante y fundamental, pero no puede quedarse allí y en ese espacio estamos las organizaciones en donde hay amplia experiencia en derechos de medio ambiente, económico, institucionalidad, seguridad y derechos humanos y esto lo debe aprovechar el Estado”, añadió Carrillo.
Colectivo EPU-DESC denuncia persecución sindical
Patricia de Claudio, de la MPJL, que integran el EPU/DESC, denunció la persecución, criminalización y detención de sindicalistas de las diferentes alcaldías municipales, y trabajadores de diferentes instituciones gubernamentales que se encuentran un situación constante de violación a sus derechos constitucionales.
“Tenemos sindicalistas fallecidos bajo la custodia del Estado, como el caso del compañero José Leónidas Bonillas, quien falleció en el marco de una detención arbitraria, falleció el 3 de septiembre de 2023 en condiciones no esclarecidas por parte del Estado”, expresó.
“Se ha intensificado la persecución de compañeros de alcaldías como San Salvador, Ciudad Delgado, San Marcos y Soyapango, detenidos y aún guardan prisión. Y se observa el desmantelamiento de los sindicatos no afines al gobierno”, sostuvo de Claudio.
El Colectivo también identifica como otra regresión en materia DESC, el incremento de la pobreza en el área rural, así como el incremento “exponencial del costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA)”, lo que incide en la falta de oportunidad de la población para adquirir alimentos y complementar la dieta nutricional familiar.
Derechos humanos no se mendigan
El ambientalista Luis González, del equipo directivo de la UNES y miembro del Colectivo EPU/DESC , opinó, que el informe que presentarán en la Cuarta Evaluación del EPU tiene como objetivo recalcar al Estado salvadoreño garantizar y cumplir sus obligaciones nacionales e internacionales en beneficio de la población en general.
“Los derechos no se mendigan o se cumplen si hay capacidad o no del Estado. Estos derechos deben ser garantizados por el Estado y aquí hemos abordado diversos derechos a partir del trabajo que hacemos junto a las comunidades y les podemos decir, que estos no se están cumpliendo”, argumentó.
Entre los derechos ambientales, y en específico el acceso al agua, reconocido por la ONU (2010), y que el gobierno en el 2021 aprobara la Ley General de Recursos Hídricos, al examinarlo 2 años después de vigencia, no se cumple para toda la población”, reafirmó González.
González citó el caso de los 5 ambientalistas de Santa Marta y ADES, en cuanto a la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, quienes llevan 13 años en un proceso judicial irregular. Y la contaminación sin control de los bienes naturales como el Lago de Coatepeque y la población de San Juan Opico y la empresa Baterías Récord.
“El caso de Coatepeque fue por el nivel de contaminación, que es tal, que no había otra salida que declarar una Alerta Ambiental, por falta de una regulación del Estado. Y tenemos el caso de contaminación con plomo en Sitio del Niño (San Juan Opico/La Libertad), que sigue contaminando porque no existen procesos adecuados, entonces estas industrias permanecen violentando los derechos de la población”, enfatizó González.
El Colectivo EPU /DESC también solicitó al Gobierno de El Salvador rendir un informe pormenorizado de la situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), en el marco del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU).
