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Redacción Nacionales
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Tutela Legal “Dra.María Julia Hernández” y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron el pasado 10 de septiembre un escrito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por la reciente reforma a la Ley de la Carrera Judicial, que consideran afectará el proceso penal de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños.
Las organizaciones de derechos humanos que representan a las víctimas en casos del pasado conflicto armado, informaron que su escrito fue admitido el pasado 17 de septiembre por la Corte IDH, la que pidió una explicación al Estado salvadoreño, para que exponga sus argumentos, previsto para el 28 del presente mes.
El pasado 14 de septiembre el Estado de El Salvador aprobó la reforma judicial, con la cual cesan a varios jueces y juezas de la República con una reforma inconstitucional, que obliga a la separación de jueces con más de 60 años y con más de 30 años de servicio.
“Esta situación fue denunciada por otras organizaciones nacionales e internacionales, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) y Naciones Unidas (ONU), que determinan que hay injerencia en la separación de poderes y también afecta la independencia judicial”, explicó Alejandro Díaz, abogado de Tutela Legal “MJH”.
En el caso de la Masacre de El Mozote, Díaz, señaló el impacto que tendrá esta reforma a la Carrera Judicial, en el acceso a la justicia de las víctimas, que abiertamente lesiona gravemente la Constitución de la República, en su artículo 186, que establece la estabilidad de los jueces, además las implicaciones que tendrá en el proceso internacional.
“El juez de la causa de El Mozote, Jorge Guzmán, ya es mayor de 60 años y esto implicaría que sale del proceso, y otros jueces también que llevan estos casos de delitos de Lesa Humanidad… lo que ha costado abrir los procesos judiciales en El Salvador”, agregó el activista por los Derechos Humanos de las vítimas.
“Al salir del sistema se está dañando un proceso que tiene ya cinco años, y que el juez Guzmán conoce la prueba, y ha tratado de superar todos los obstáculos en el proceso -incluso- del mismo Estado y la defensa, que han tratado de sacarlo del proceso y obstaculizado el acceso a los archivos militares, y lo han denigrado públicamente por este motivo”, sostuvo Díaz.
No obstante, las reiteradas declaraciones del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Oscar Alberto López Jerez, que fue impuesto junto con los otros miembros de la Sala de lo Constitucional el pasado 1 de mayo, por el partido oficial Nuevas Ideas, afirmó que no va a retirar al Juez Guzmán, del caso de la Masacre de El Mozote, que las organizaciones consideran es solamente una estrategia política.
Asimismo, las calificaron de “poco serias” ante el contenido que conlleva la reforma a la Ley de la Carrera Judicial, que es sacar a los jueces del sistema. Y, al mencionar que habrá “excepciones”, no determina un cambio en la situación de inseguridad, parcialidad y presión que recibirán muchos jueces y juezas.
Díaz dijo que tendrían que someterse a directrices políticas, que solo recuerdan los años del conflicto armado, cuando el sistema judicial, fue cooptado por el poder político y militar.
Ovidio Mauricio González, presidente de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, expresó que la situación de independencia judicial está comprometida gravemente, ya que ningún tribunal será inmune a las presiones del poder político, que puede generar también situaciones de traslados arbitrarios o malos tratos.
“Nosotros recogemos también las palabras del Juez Guzmán, que en solidaridad con sus otros compañeros jueces que serán cesados, ha tomado la decisión de no aceptar esa -excepción- de la que habla el presidente de la Corte Suprema de Justicia y se va ir junto a sus compañeros, porque es una clara violación a la independencia judicial”.
“Sabemos que los magistrados impuestos o usurpadores, porque han cometido el delito de usurpación de labores no están dando resoluciones. Es la teoría del proceso penal: si el árbol está envenenado todo los frutos que produzca también lo están. Y esa es la situación de esos magistrados, todas sus resoluciones están envenenadas, huecas y no tendrá el respaldo”, aseguró Mauricio.
“La justicia, que si bien no ha sido pronta es necesaria y sigue siendo el principal anhelo de las víctimas”, afirmó Marcela Martino, sudirectora de CEJIL para Centroamérica y México en el caso de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños, que junto a Tutela Legal “MJH” representan a las víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
“Quisiera iniciar contextualizando, El Mozote y lugares aledaños fue el asesinato masivo más grande que ha conocido la Corte IDH, y probablemente, una de las masacres más grandes de la historia de América Latina, y constituye un caso emblemático que ejemplifica las atrocidades que sufrió la población civil por parte de el ejército”, dijo Martino.
“Y es el único caso que El Salvador ha mostrado avances en las investigaciones por la lucha incansable de las víctimas, la Corte IDH, y la labor del juez a cargo de la investigación”, agregó Martino.
Asimismo, citó la sentencia de octubre 2012, emitida por la Corte IDH, que ordena al Estado salvadoreño “iniciar, impulsar, reabrir, dirigir, continuar y concluir, según corresponda, con mayor diligencia las investigaciones de todos los hechos que originaron las violaciones declaradas en la presente sentencia, con el propósito de identificar, juzgar y sancionar a las personas responsables”, acciones que han incumplid a la fecha, recalcó Martino.
“Lamentablemente, ha sido obstaculizado por el Estado salvadoreño, los 23 años de la Ley de Amnistía se constituyó en un obstáculo infranqueable para el esclarecimiento de lo ocurrido y la sanción de los responsables ”, dijo.
“Desde la declaratoria de inconstitucionalidad (de la ley de amnistía) los nuevos intentos por aprobar una ley de Reconciliación, contraria a las obligaciones en 2019, hicieron que la presidencia de la Corte Interamericana ordenara medidas urgentes por el riesgo a que se produjera un daño irreparable al derecho de acceso a la justicia de las víctimas”, sentenció Martino.
En este contexto y luego de presentar un escrito ante la Corte IDH, la instancia regional ha requerido información al Estado salvadoreño sobre la reforma a la Carrera Judicial en El Salvador.
Específicamente es en el marco del proceso de cumplimiento de la sentencia internacional y sobre los efectos que ésta podría traer estrictamente para el Caso de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños. Las víctimas de El Mozote llevan 40 años, esperando y clamando justicia, muchas de ellas han muerto sin encontrar una adecuada reparación.
“Es tiempo ya de que El Salvador honre sus compromisos internacionales, avance en la investigación y sanción de los responsables de manera definitiva y busque así construir una sociedad más democrática en la verdad, la reparación y la justicia”, finalizó Martino.
