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Rebeca Henríquez
Colaboradora
@DiarioCoLatino
Representantes de las organizaciones Azul Originario y Cristosal denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la Policía Nacional Civil (PNC), por actos arbitrarios, a raíz de los hechos ocurridos el pasado 1 de septiembre donde la Policía Nacional Civil (PNC) procedió a detener sin orden judicial al especialista en sistemas, Mario Gómez.
Gómez fue detenido y trasladado a la delegación de Montserrat bajo falsas acusaciones, faltando con ello al artículo 140 del Código Procesal Legal que establece el proceso para incautaciones. Previamente fueron confiscados sus dos teléfonos celulares, e interrogado por varias horas sin notificar el delito que se le atribuía, y no se le dio oportunidad de contar con su abogado durante el proceso.
“Hemos decidido acusar en base al artículo 290 del Código Penal sobre el delito de privación de libertad por funcionario o empleado público y actos arbitrarios regulados en el artículo 320” a la PNC, mencionó Otto Flores, abogado de Azul Originario,
Flores recalcó que no se debe permitir acciones penales instrumentalizadas con fines políticos y se debe comprobar si los procesos penales previamente establecidos en el Código Penal y Código Procesal se cumplen, pues son las garantías que respaldan a la ciudadanía salvadoreña. Zaira Navas, abogada de Cristosal, aseguro que la FGR debe investigar a la PNC por las actuaciones posteriores, el rol de las autoridades como la fiscalía, en esta ocasión está siendo puesto a prueba para demostrar si ejercen de manera correcta su trabajo.
“Nuestro interés principal es que las autoridades policiales dejen de cometer actos arbitrarios, dejen de realizar detenciones ilegales e intimidar a las personas que opinan o expresan sus ideas técnicas con respecto a temas de índole nacional”, reafirmó.
Según Navas, hay un engaño para proceder a la detención, la policía se excusó al decir que se estaba investigando por un determinado delito, el cual no se le notificó a Gómez como persona investigada ni a sus abogados; deteniéndolo más de seis horas y sustrayendo sus teléfonos sin levantar ningún acta, denunció Navas.
“Probablemente de esta forma querían intimidar a Gómez para que no diese sus opiniones sobre el bitcoin y los riesgos que tiene la plataforma. Estamos convencidos que se trató de un acto de intimidación, pero que a demás implicó graves violaciones de los derechos”, enfatizó la abogada de Cristosal.
Los demandantes piden que la FGR determine responsabilidad legal a quien dio la orden de procedimiento y a los ejecutores, haciendo un llamado al director de la PNC y a la fiscalía como la institución destinada a investigaciones de esta índole, a ejercer su labor ante las detenciones arbitrarias.
A criterio de las organizaciones, están aptas para participar en el caso, pues es importante promover acciones que verifiquen el cumplimiento de los deberes de las instituciones, haciendo énfasis que todo funcionario está sometido ante la ley y siguiendo los procesos bajo lo establecido en la ley.
