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Redacción Nacionales
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La diputada de ARENA, Marcela Villatoro, aclaró que no están en contra de las Alianzas Público Privadas que se puedan realizar en El Salvador con la Ley de APP, pero sí en contra de vulnerar derechos constitucionales que podrían ser afectados.
La legisladora consideró que las alianza público privadas podrían significar un desarrollo para el país; “sin embargo, hay derechos constitucionales que no son una mercancía y la salud, la educación o el agua no es mercantil; no es el construir una carretera, no es el construir un puente, sino que son derechos inalienables a los ciudadanos garantizados en la Constitución, que no pueden trasladarse a un privado porque es obligación del Estado el garantizar que todas las personas tengan estos derechos”.
Villatoro reiteró que estos derechos deben ser garantizados únicamente por el Estado. “Nosotros no estamos en contra de ellos (de los asocios), sino, estamos en contra de que se privatizan derechos; porque al final de cuentas si esto se aprueba sin que exista ese control o que no se prohíba que estos derechos: la salud, la educación y el agua en el marco de la ley, lo que se va a hacer es que se va a permitir la privatización de estos derechos y la población no debería de permitirlo”, agregó la legisladora.
Es de contextualizar que el Gobierno envió a la Asamblea Legislativa el proyecto de “Ley de Alianzas Público Privadas”. La nueva normativa elimina la exclusión de las áreas de educación, salud y recursos hídricos. El martes de esta semana, la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión dio ingreso formal y los legisladores de Nuevas Ideas defendieron la ley y citaron varios artículos de la Constitución de la República sobre las regulaciones que existen en el tema de salud, educación y recursos hídricos.
Dania González, presidenta de la Comisión, señaló que la Carta Magna establece que es al Estado a quien le corresponde la seguridad social, la salud y la educación, así como la protección de los recursos naturales incluida el agua. La oficialista señaló que, aunque haya asocios público privados, el Estado no perdería el control y la supervisión de los servicios.
En la propuesta de ley se menciona que hay dos categorías para que funcione un APP, una de ellas es que el privado pueda cobrar por el servicio para que la alianza sea autosostenible y la otra es que el Estado pague una parte para que el privado brinde el servicio (Art.8).
Sobre el tema, la diputada Villatoro enfatizó que ese sería uno de los temas a tratar. “Es importante decirlo porque cuando es así hay una retribución que debe de haber a la empresa por parte del Estado al dar los productos. En el caso de la salud, es un derecho que tienen todos los ciudadanos per se”.
“La salud, en teoría, debe ser gratuita. Entonces ¿qué pasa cuando se hace un asocio público privado?, ¿cómo se le retribuye a quién hace esa alianza con el Gobierno? Y, entonces, ¿qué es lo que va a pasar?, ¿se le va a hacer un cobro a la ciudadanía? Y aquí entramos con el tema de la privatización”, cuestionó la legisladora.
Villatoro reiteró que quien debe de garantizar los derechos debe ser el Estado. “El Estado no puede delegarle derechos a ningún privado y entonces ahí viene el tema: ¿qué pasa?, ¿qué cuál va a ser los cobros?, ¿qué pasa si la empresa no entrega esos bienes o servicios que se le están requiriendo?, ¿y cómo es que el Estado va a garantizar (el servicio) a todos los salvadoreños”.
“Esas son dudas que no deberían de existir porque debería de estar prohibido, así como está actualmente en la legislación. Nosotros vamos a mantener nuestra posición: acompañamos todos lo que tengan que ver con el desarrollo y urbanismo, pero los derechos inalienables a los salvadoreños, establecidos dentro de la Constitución, deben de garantizarlos el Estado salvadoreño y no puede delegarlos a ningún privado. De lo contrario, si lo hace, estamos en un proceso donde comienza una privatización”, concluyó la legisladora.
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