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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, en su pronunciamiento ante la aprobación y efectos tras la entrada en vigencia del Régimen de Excepción, señaló un fuerte repunte de inseguridad e irrespeto a los derechos fundamentales de la población salvadoreña.
“Nuestro rechazo a la violencia homicida que permanentemente afecta a la población salvadoreña, la cual se agravó sin precedentes el pasado 26 de marzo, registrándose 62 muertes violentas, situación o excusa utilizada para aprobar de forma inconsulta; sin un mínimo de análisis el Régimen de Excepción”, afirmó. “Traduciéndose en un automático aumento -también sin precedentes- de detenciones de personas, acusadas sin más, de ser de pandilleros y responsables del aumento de homicidios, principalmente en sectores estigmatizados por la violencia y la pobreza”, señaló.
Asimismo, destacó que a una semana de vigencia de este Régimen de Excepción, se visualizan tiempos de gobiernos anteriores que “recrudecieron la represión” contra el fenómeno de la violencia que impactó también a la población vulnerable, con la única diferencia que ahora los derechos fundamentales están limitados.
“La problemática de la inseguridad sigue tratándose de forma maniquea, improvisada y con un enfoque meramente represivo y no de forma integral, seria y responsable, por lo que las muertes violentas, extorsión y otros delitos seguirán ocurriendo principalmente contra poblaciones en situaciones de vulnerabilidades, pues no se ataca la raíz del problema”, expresa.
En cuanto al fenómeno de las pandillas y sus execrables actos criminales que afecta a múltiples víctimas, Tutela Legal consideró que no tendrá una solución aplicando similar “brutalidad” para combatirla por la institucionalidad del Estado, ni con campañas de “populismo punitivo”, como la promoción de la pena de muerte.
“La criminalidad como la experiencia demuestra debe enfrentarse con políticas públicas serias y transparentes donde la prevención junto a la represión debiesen ser consecuentes y partes fundamentales del combate a la inseguridad”, reiteró.
Sobre la aprobación de reformas a diversas leyes en particular, el Cóido Penal y Procesa Penal, criticó el “mínimo estudio y análisis” al que fueron sometidas por parte de la actual legislatura, que evidencian una clara criminalización del ejercicio periodístico independiente, y que vienen informando sobre la principal problemática de la inseguridad en el país.
“No es más que un grave atropello a la Constitución de la República y a la democracia, atropellos que como sociedad salvadoreña sufrimos en los años del conflicto armado en la década de los 80s y que pareciera se repiten ahora”, reafirmó.
“Los mensajes del presidente de la república (Nayib Bukele) contra las organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales en las que las acusa de ser -opositores- o -desestabilizadoras- de sus políticas en diferentes áreas pero principalmente en materia de seguridad, y que son replicados por diferentes funcionarios no solo del Ejecutivo, sino que también de los órganos Legislativo y Judicial y el Ministerio Público, son graves”, argumentó.
Y que frente a esta situación que genera no solo censura y un retroceso a la frágil democracia de país, podría traer consecuencias de una profunda crisis llena de inseguridad, corrupción y el irrespeto permanente de los derechos humanos, prosiguió Tutela Legal. “Reiteramos el llamado que como organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales hemos hecho desde hace años y ante diferentes gobiernos de turno: la problemática de la inseguridad como lo ha demostrado la experiencia no comenzará a resolverse si no se aborda de forma integral. Más militares y mejor equipados en las calles no es la solución, y menos violar principios y valores universalmente reconocidos en contra de la población”, puntualizó el organismo pro derechos humanos.
