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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La madrugada de este martes 5 de septiembre Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, de la Comunidad Santa Marta y directivos ADES-Santa Marta, fueron trasladados y entregados por la Policía Nacional Civil, a sus correspondientes familias.
Luego de 8 meses y días de prisión provisional los cinco ambientalistas y líderes comunitarios permanecerán en sus casas de habitación en arresto domiciliar durante el proceso penal por acusaciones presentadas contra ellos por el ente fiscal.
“Lamentablemente, no fueron llevados al Hospital Nacional Rosales -como ordenó la resolución de la Jueza- emitida el pasado 23 de agosto, porque ya habían pasado los cinco días otorgados para esa diligencia”, explicó Alfredo Leiva, directivo de la Comunidad Santa Marta y ADES.
“Aún no tenemos un diágnostico exacto y detallado de su situación de salud, pero por los informes de Medicina Legal, consideramos que su estado es delicado”, agregó Leiva.
Leiva manifestó que seguirán con acciones legales junto al abogado de los cinco ambientalistas, tras agregar que hay considerables “falta de pruebas” por parte de la Fiscalía General de la República, para seguir con este proceso penal por lo que solicitarán que sea anulado por ser un “caso improcedente”.
Vidalina Morales, lideraza de ADES-Santa Marta, comentó que la lucha emprendida por la comunidad Santa Marta y ADES, así como el acompañamiento de diversas organizaciones nacionales e internacionales en defensa de sus líderes, es clave en la defensa de los derechos humanos de las personas defensoras.
“Desde ese fatídico 11 de enero de 2023, desde ese momento como comunidad y organización, no dudamos en apostarle a la lucha por la liberación de nuestros compañeros. Y hoy se dio un paso importante -de hecho- como dice nuestro abogado, lo importante es lograr la liberación total de nuetros compañeros”, reafirmó.
A manera de reseña, Vidalina Morales explicó que la lucha que emprendieron por la defensa de sus compañeros no fue una “tarea fáci”, ni desde la comunidad ni desde la organización misma, que fueron presionados, criticados y en algún momento hubo dudas del acierto de este proceso de lucha, pero ellos confiaron en el apoyo de las organizaciones y la comunidad.
“Nosotros tenemos plena certeza de que nuestros compañeros en su lucha por alcanzar mejores condiciones de vida en la comunidad Santa Marta, en el departamento de Cabañas. Y llevaron su lucha desde lo departamental a lo nacional en defensa de nuestros territorios contra la explotación minera, nos dio confianza”, afirmó.
“Ha sido un factor que nosotros hemos sostenido y seguiremos, porque hay claros ejemplos en diversas partes del mundo en donde hay resistencia frente a proyectos extractivistas. Vemos como oprimen, capturan, reprimen y asesinan a personas que se oponen al desarrollo de estos proyectos extractivistas”, manifestó.
La presidenta de ADES extendió un agradecimiento a las organizaciones nacionales e internacionales que se comprometieron a defender la inocencia de sus compañeros, y por concidir con sus ideales de defender un medio ambiente sin extractivismo minero.
“Nos da fe que esta lucha emprendida ese 11 de enero es una lucha justa, es una lucha por nuestros derechos, y eso se debe a la insistencia desde sus familiares, desde una comunidad y desde las organizaciones nacionales e internacionales que han creído en todo este esfuerzo”, argumentó.
“Hoy vamos por la liberación total que la merecen nuestros compañeros, por todo lo que han dado a este país. Lo hemos reiterado en muchas ocasiones, como nuestro compañero Antonio (Pacheco), ha sido un férreo opositor a los proyectos extractivistas y no es posible entonces que un sistema tan perverso, como lo es el sistema judicial de este país le pague de esta manera por su defensa ambiental”, acotó Morales.
Asimismo, como comunidad recordaron a las autoridades fiscales que aún hay casos pendientes exigiendo justicia para cuatro ambientalistas, asesinados en el año 2009, en San Isidro Cabañas. Morales agregó que la Fiscalía General de la República se empecinó a no estudiar a los autores intelectuales y materiales, lo que ha significado impunidad para las familias de las víctimas.
“Vamos a seguir en esta lucha por la liberación total de nuestros compañeros y de la liberación plena de nuestros territorios de cualquier extractivismo minero que se presente. Porque sabemos y hemos reiterado en múltiples ocasiones que la amenaza minera en nuestro país, casi es un hecho”, reiteró.
“Invitamos a la población en general a unir esfuerzos, porque si ahora, esta lucha contra el extractivismo no la liberamos, mañana seguramente será demasiado tarde y tendrá que pagarse caro. Porque la vida para las futuras generaciones está en alto riesgo y si los proyectos mineros se dan en la franja Norte de nuestro país, el agua que abastece al río Lempa será altamente contaminante”, indicó.
Para el abogado defensor, Denis Muñoz Rosa, reconoció que ya pasaron 8 meses de una “acusación vacía y sin pruebas” por parte de la Fiscalía, que con el tiempo se ha ido observando anomalías del proceso judicial.
“Esto va a cuenta gotas, es una migaja de justicia -si queremos verlo así- no puedo decir que hay que celebrar el sobreseimiento definitivo, que es el que debería proceder agotada la instrucción, la fase intermedia del proceso penal que es seguir en el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque, Cabañas”, explicó.
“Al menos ya no estarán hacinados en centros penitenciarios salvadoreños, que no es un secreto, ya los medios de comunicación han presentado esta situación. Y podremos -hoy sí- tener el derecho a la comunicación con mis representados, no es un favor, no es un capricho, es un derecho y por fin preparar junto a ellos la defensa técnica y la defensa material que ellos, en primera persona pueden ejercer en cualquier tribunal en donde se les estén acusando”, puntualizó Muñoz.
