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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La ministra de Trabajo, Sandra Guevara, anunció el plan para verificar que los empleados seleccionados en el sorteo ciudadano para integrar Juntas Receptoras de Voto (JRV), en los comicios presidenciales del próximo año tengan el permiso correspondiente por parte de los patronos y recibir las capacitaciones. Guevara afirmó que dicho plan está sustentado en los artículos 29 y 30 del Código de Trabajo, que señala las licencias para cumplir obligaciones de carácter público, como la integración de los Organismos Electorales Temporales (OET), dichos permisos deben ser con goce de salario, tanto para las capacitaciones como el día de las elecciones.
“Lanzamos un importante plan de verificación con respecto a los derechos políticos en los lugares de trabajo y de permiso a participar en todo el proceso de las elecciones presidenciales. Se prohíbe a los patronos tratar de influir en sus trabajadores en cuanto al ejercicio de sus derechos políticos, concretamente la no inducción del voto”, afirmó la titular del Ministerio de Trabajo.
Asimismo, externó que se han dado casos de personas que son obligadas a tomar foto a la papeleta marcada para demostrar por quién votó, a pesar de que está prohibido por la ley. Para evitar estas irregularidades se han dispuesto 762 inspecciones, además de asesorías en el call center 130 y oficinas departamentales.
El magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Julio Olivo, explicó que este plan forma parte de un convenio previamente firmado que garantiza el derecho al sufragio libre y sin ningún tipo de coacción por parte de alguna entidad.
“Pedimos a la ciudadanía ejercer el voto, y a los patronos a no impedir o inducir el voto de sus trabajadores, lo cual contempla otorgar permiso para que los empleados acudan a las urnas el próximo 3 de febrero a elegir a sus gobernantes, de lo contrario incumplirán la ley y serán acreedores de una sanción”, aseguró Olivo.
La vigencia de este plan de verificación será desde diciembre de 2018 hasta febrero del próximo año, con posibilidad de prórroga si hay una segunda vuelta.
Según datos del Ministerio de Trabajo, en las pasadas elecciones 404 empresas fueron supervisadas y tres de ellas fueron multadas, ya que se había violado el derecho de votar a alrededor de un mil personas.
