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José M. Tojeira
El próximo jueves 20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social, el IDHUCA presentará su informe de Derechos Humanos (DDHH) relativo al año 2019. Posteriormente, en marzo, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la UCA presentará un informe mucho más exhaustivo del 2019, así como informes trimestrales a partir de este año 2020. Otras ONGs de Derechos Humanos presentarán también sus informes, generales o parciales. La idea es que nos acostumbremos todos a considerar los DDHH como objetivos para delinear políticas públicas. No podemos convivir con la muerte propiciada por nuestros odios, brutalidad o indiferencia. Ni podremos ser el país que queremos, donde el bienestar no sea un bien escaso o limitado a pocos. Y eso es lo que nos dicen los informes de DDHH: lo que nos falta en múltiples niveles básicos, para alcanzar el bienestar. Considerar los DDHH como ideas o políticas de izquierda, como hacían hace no mucho militares y latifundistas, es reírse de una humanidad que quiere vivir en paz y en concordia sobre los pilares de la libertad y la justicia.
Como hoy está de moda el tema de la salud, con las respectivas y polémicas interpelaciones a la ministra del ramo, es bueno avanzar algunos aspectos del tema que aparecen en el informe mencionado. Para comenzar hay que decir que la inversión per cápita en salud es muy baja en San Salvador. Son en torno a los 200 dólares al año por cada salvadoreño lo que el Estado invierte en salud. Algo risible si lo comparamos con Costa Rica, que pasa de los 600 por habitante, o con un país europeo, no de los más desarrollados, como Portugal, que invierte más de 9.000 dólares en salud por habitante año. A esto se añade que la salud pública en El Salvador es muy desigual. El Seguro Social que atiende a una cuarta parte de la población, invierte por persona más del 100 % de lo que invierte el Ministerio de Salud, que atiende a un poco más del 70 % de la población. La sanidad militar y la sanidad magisterial, que atienden a una porción muy pequeña de la población, duplican y triplican el promedio nacional de inversión en salud. Eso la salud pública, es decir, la que corresponde a los derechos de los ciudadanos, que según la Constitución son iguales ante la ley ni pueden ser sometidos a ningún tipo de condición que menoscabe su dignidad.
Pero las cosas no quedan ahí. Hay enfermedades curables que matan demasiado por ineficiencia del Estado. Es una vergüenza que El Salvador aparezca en una lista internacional como el país donde mueren más personas por intoxicación alcohólica. Si el Estado vela por la vida y la salud de sus ciudadanos, ¿no debería al menos poner unos impuestos al alcohol mucho más altos? Somos el segundo país del mundo, en número relativos a la población, con más muertes por insuficiencia renal crónica. Mientras algunos estudios confirman que el uso indiscriminado de pesticidas son en buena parte causa de esta “tendencia” salvadoreña a morirse de enfermedades renales, el Estado se conforma con la opinión de médicos sin experiencia en investigación que niegan estudios sistemáticos que realizaron análisis de laboratorio. La despreocupación por la contaminación y sus efectos en la salud del ciudadano es clásica a nivel estatal. Aunque San Salvador aparezca como una de las capitales con mayor contaminación de América Latina, los buses y otros vehículos disfrutan de una casi absoluta falta de regulación a la hora de expulsar gases contaminantes. El informe nos recuerda a este respecto que la Organización mundial de la Salud, OMS, viene hablando de no solo la incidencia de la contaminación en las enfermedades pulmonares, sino que además “cada vez hay más pruebas que demuestran los vínculos entre la contaminación del aire ambiente y el riesgo de enfermedad cardiovascular, incluidos estudios realizados en zonas muy contaminadas”. Los Derechos Humanos vigilan estas cosas. Por eso es importante conocerlos. El derecho a la salud está garantizado en el artículo 22 de la Declaración Universal de los DDHH. El Informe del IDHUCA señala deficiencias para que la ciudadanía exija al Estado el cumplimiento de sus derechos y éste establezca políticas e instituciones que los protejan. Conocer los Derechos Humanos es el primer paso para salir de la pobreza y del subdesarrollo. Un paso indispensable para celebrar adecuadamente el Día Mundial de la Justicia Social.
