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Oscar López
@Oscar_DCL
Habitantes de las riberas del río Sensunapán, en el municipio de Nahuizalco, denunciaron que la empresa Hidroeléctrica Juayúa pretende construir una presa hidroeléctrica en el referido río, cerró el paso a las personas, impidiendo que los pobladores lleguen a la que es su principal fuente de agua.
Con el cierre que efectuó la empresa hidroeléctrica, también se impide el libre tránsito de las personas de la zona, ya que incluye el principal camino a sus viviendas, lo que dificulta el traslado de enfermos o de adultos mayores que ahí residen. Recientemente, las comunidades afectadas denunciaron que la empresa inició un nuevo proceso de consulta, el cual es uno de los requisitos para obtener el permiso ambiental y ejecutar el proyecto; sin embargo, sostienen que dicho proceso es fraudulento ya que, debido a la crisis sanitaria, es imposible realizar asambleas con los vecinos para que expresen su postura ante el proyecto.
Por lo que pidieron al Juzgado Ambiental de Santa Ana y a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que emitan medidas cautelares para detener el proceso de obtención del permiso ambiental.
De igual forma, explicaron que en el 2012 la empresa intentó obtener el permiso ambiental, el cual fue negado debido a que las comunidades no apoyaron el proyecto, por lo que consideran que actualmente la empresa pretende aprovechar la coyuntura de la pandemia para obtener los permisos de construcción de forma fraudulenta.
Al respecto, Salvador Recinos, miembro de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) comentó que el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, cayó en una irresponsabilidad al autorizar el seguimiento al proceso de consulta para la construcción de la represa hidroeléctrica.
Recinos reafirmó que el proceso para la obtención de permisos se reactivó “en medio de la situación tan grave que estamos pasando en el país y a nivel mundial”. Sin embargo, aseguró que las personas en las comunidades no dejarán de denunciar y de movilizarse contra el proyecto. “Es una afectación directa a la principal fuente de agua de la que se abastecen. Hacemos la denuncia pública y esperamos que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos emita medidas cautelares a ese proceso de consulta, ya que atenta contra la vida de las comunidades indígenas”, afirmó Recinos.
