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La Universidad Francisco Gavidia (UFG) en alianza con la Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD) dieron a conocer los resultados de la encuesta sobre pequeña corrupción, donde la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y las alcaldías fueron identificadas como las instituciones que reportan la mayoría de víctimas por malas prácticas o fácilmente corruptibles.
De los encuestados que respondieron haber sido víctimas de corrupción en los servicios públicos o en una oficina de Gobierno durante los últimos 12 meses, el 29.1 % expresó que lo habían sido en alcaldías y servicios municipales; mientras que el 15.5 % en ANDA. También, mencionaron a los partidos políticos y la Asamblea Legislativa, la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Salud.
Además, el 25.6 % de las personas consideró como una de las principales prácticas de corrupción la contratación a activistas o militantes de partidos políticos como empleados públicos, que le quitan las oportunidades a jóvenes mejor formados; seguido del 19.5 %, quienes manifestaron el incumplimiento en cuanto a horarios, asistencias de profesores, encubrimiento de directores, o los niños han perdido buena parte del año escolar por no asistencia de profesores; y un 18 % dijo que los hospitales públicos están congestionados y un empleado de salud, incluyendo el propio médico, le ofrece atenderlo mejor en una clínica privada con pago de la consulta.
De acuerdo al estudio, la mayoría de personas consultadas asocian la corrupción principalmente al mal manejo de fondos y robo de dinero público, malversación o mal manejo de recursos, al Gobierno, a los diputados y políticos en general; sin embargo, la pequeña corrupción es aquella corrupción cotidiana experimentada directamente por la población, que envuelve individualmente montos pequeños, afecta directamente a la ciudadanía, los ingresos familiares y por su repetición puede impactar a una parte amplia de la ciudadanía, así como montos significativos a escala nacional.
Con respecto al manejo de los fondos públicos durante la pandemia del COVID-19, un 62 % externó que el Gobierno ha sido transparente con la entrega de los $300, las canastas solidarias y otro tipo ayudas para los afectados; el 21.08 % señaló que ha sido poco transparente y el 16.58 % aseguró que no se ha sido transparente.
El estudio se hizo bajo la modalidad de llamada telefónica, durante el 27 al 30 de mayo y del 2 al 5 de junio de 2020, con una muestra de 1,225 participantes, de los cuales el 58 % fue mujeres, con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error muestra de ± 2.8.
