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@JoakinSalazar
Como resultado de una denuncia, interpuesta por el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Oscar Pineda, la Policía Nacional Civil (PNC), por orden administrativa de la Fiscalía General de la República (FGR), capturó a una pareja de esposos, quienes laboraban en el departamento de Biología Forense del Instituto de Medicina Legal. A los detenidos se les acusa de los delitos de negociaciones ilícitas y actos arbitrarios.
Los detenidos son los doctores Juan Carlos Monterrosa Pashaca y Josefina Armida Morales de Monterrosa, a quienes se les procesa por los delitos de negociaciones ilícitas y actos arbitrios. También fue detenida Sindy Berenice García de Portillo, acusada de estafa, falsedad ideológica y venta a precio superior de fármacos, en perjuicio de Medicina Legal.
La denuncia fue interpuesta, luego de que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, creara una comisión encargada de las licitaciones, pues se tenían sospecha de actos delictivos en el departamento en el que laboraban los Monterrosa.
El Fiscal del caso afirmó que las investigaciones determinaron que existió un favorecimiento hacia la empresa DIPROLAB, S.A. de C.V., dedicada a la distribución y venta de productos farmacéuticos, a costos superiores a los del mercado. Además, existe un vínculo familiar cercano entre Morales de Monterrosa y la empresaria García de Portillo.
Según explicó la Fiscalía, “los esposos, valiéndose de sus puestos en el IML, realizaban compras por medio de licitaciones, compras directas y libre gestión, pero no proporcionaban las especificaciones concretas de lo que querían. Sin embargo, habían creado, a través de su sobrina, una sociedad llamada DIPROLAB, de la cual ella era la única que cumplía con las exigencias de las licitaciones, sobre valorando los costos a los productos en 10 o 20 veces más de su precio original”.
La empresaria y la sobrina era solo una pantalla, una presta nombre, porque siempre las que se beneficiaban era los esposos Monterrosa. Tenemos la información de que ellos no tenían una vida acorde a los sueldos que se les otorgaban en Medicina Legal, ellos tenían una vida de lujo, agregó el Fiscal.
Ayer, la Fiscalía, a través de la Unidad Penal de la Dirección de Intereses del Estado, realizó un allanamiento en las oficinas de los imputados, donde se llevaron documentación importante que servirá, tras un peritaje, acusar de manera formal a los imputados. Este mismo procedimiento se realizaron en las casas de cada uno de los imputados, como también de la empresa.
Los hechos fueron cometidos desde el año 2011 a 2016, con un promedio de ocho licitaciones, que estaban valoradas en 60 mil dólares cada una, y que la empresaria García de Portillo siempre ganaba.
