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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
El fiscal general de la República, Raúl Melara dio detalles del operativo efectuado este jueves, que dejó como resultado la detención de diez personas por los delitos de peculado, estafa agravada y lavado de dinero y activos y en el que se pretendía capturar al expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes.
Según detalló el jefe fiscal, hasta seis millones de dólares sería el monto total movido de forma ilícita por una estructura constituida por catorce personas, de las que diez fueron arrestadas y entre las que figuran familiares y socios de Reyes, así como empleados del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) y de la Corte de Cuentas de la República (CCR).
“Es indignante para todos los salvadoreños decir que con estas capturas se está realizando una persecución política, que se están violentando derechos humanos, cuando la gente no ha tenido medicinas en hospitales, escuelas en buen estado e igualdad de oportunidades”, dijo Melara en referencia al pronunciamiento del FMLN con respecto al operativo.
El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) condenó -mediante un comunicado- la detención de Susi Rodríguez, esposa del diputado Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador y miembro del FMLN, acusado de supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Los parlamentarios del FMLN rechazaron la detención de Rodríguez y de otras nueve personas que según la fiscalía salvadoreña estarían implicados en delitos de corrupción.
German Arriaza, director Anticorrupción y Unidades Especializadas de la FGR explicó que a Sigfrido Reyes se le acusa por supuestos ilícitos cometidos entre los años 2006 y 2019, entre el que destaca la supuesta “compra de terrenos al IPSFA a precios menores que los reales”.
En su calidad de presidente del órgano Legislativo, Arriaza indicó que Reyes modificó el reglamento de viáticos para que él mismo se solicitara viáticos y a la vez se los autorizara. Además, dijo que Reyes y Byron Larrazábal hicieron uso de tres sociedades para lavar dinero.
El titular de la FGR aseguró que Sigfrido Reyes salió del país el 22 de noviembre y su último destino conocido fue Francia, aunque no se descarta que se haya trasladado hacia otra nación europea. Melara dijo que cabe la posibilidad de investigar a otras personas.
El fiscal general explicó también que este es un proceso distinto al que enfrentará Reyes por presunto enriquecimiento ilícito, después de que la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia -en un segundo informe- determinara la existencia del supuesto delito en julio de 2019 cuando fungió como diputado presidente de la Asamblea Legislativa entre 2011 y 2015.
DETENCIONES
La Fiscalía General de la República informó que en calidad de prófugos se encuentran el exdiputado y expresidente del Organismo Promotor de Exportaciones (PROESA) Othon Sigfrido Reyes Morales, su socio Byron Enrique Larrazabal, su hermano René Reyes Morales y su asistente Karla Beatriz Recinos.
En tanto, los detenidos fueron Susi Melba Rodríguez, esposa de Reyes y a quien se le acusa de lavado de dinero y activos; Sonia Morales de Larrazabal, esposa del socio de Reyes, acusada de lavado de dinero y activos; Kevin Mauricio Larrazabal, hijo del socio de Reyes, acusado de estafa agravada y lavado de dinero y activos; y Manuel Antonio Bercián Castro, acusado de casos especiales de lavado de dinero y activos.
También, la Policía Nacional Civil capturó este jueves a René Antonio Díaz Argueta, gerente general del IPSFA; Delmy Beatriz Vela Jiménez, jefa del Departamento de Inmuebles del IPSFA; y Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, coordinadora de ventas del Departamento de Inmuebles del IPSFA, todos acusados por los delitos de estafa agravada e incumplimiento de deberes.
De igual forma, Noemí Candelaria Rodríguez, subdirectora de autoría 1 de la CCR, acusada de incumplimiento de deberes y falsedad documental agravada; y los auditores Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández, por incumplimiento de deberes.
La acusación formal contra los capturados será presentada este 12 de enero en un Juzgado de Paz de San Salvador.
