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Por Edgar Calderón
Ciudad de Guatemala/AFP
La lucha sin precedentes lanzada en Guatemala contra la corrupción, con apoyo de la ONU, además de provocar la renuncia del presidente Otto Pérez en 2015, ha golpeado a sectores considerados históricamente intocables en el país, como el empresarial, bancario y militar.
El tsunami contra la corrupción comenzó en abril de 2015 luego de que una investigación desvelara la existencia de una estructura de defraudación fiscal, y condujo a la prisión preventiva de sus dos cabecillas, el entonces presidente Pérez y su vicepresidenta Roxana Baldetti, quienes renunciaron en medio de una ola de indignación popular.
Tras la conmoción por el escándalo, varios sectores demandaron acciones para erradicar la corrupción y castigar a los culpables en este país centroamericano, donde hasta hace poco, la impunidad alcanzaba a 98% de los casos que llegaban a los tribunales.
Los responsables de «remecer» las estructuras ilegales incrustadas en el Estado son la Fiscalía General al mando de la jurista Thelma Aldana, y el exmagistrado colombiano Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente adscrito de la ONU con el mandato de apoyar la justicia local.
Las investigaciones no se quedaron en la clase política: alcanzaron a miembros de las otrora intocables élites empresariales y bancarias, así como militares.
Entre los detenidos por distintos casos de corrupción figuran dos exaltos directivos bancarios, prominentes empresarios de la televisión local, farmacéuticos y constructores y dos exministros de la Defensa vinculados al saqueo de fondos estatales.
Para algunos analistas, el trabajo de los entes acusadores marca un hito en la historia del país, donde siempre gozaron de privilegios y nunca habían sido alcanzados por el brazo de la justicia.
Los intocables
Para la activista Carmen Aída Ibarra, de la organización Pro Justicia, el país está «experimentando un cambio en términos de administración de justicia» al golpear a sectores que «históricamente han vivido en la impunidad».
«Son sectores históricamente poderosos e intocables como militares, empresarios, sobre todo agroexportadores, con bastante poder económico y político, y obviamente están resintiendo la embestida que tienen ahora», comentó la activista a la AFP.
Sin embargo, aclaró que la coyuntura es por casos de corrupción y no en delitos contra la vida, la violencia común u organizada ni de derechos humanos, por lo cual advirtió que «eso no necesariamente implica que nos estemos acercando al fin de la impunidad».
«Estamos hablando de casos de mayor riesgo, de alto impacto político pero eso no nos tienen que impedir ver que hay un cúmulo importante de casos que siguen en la impunidad», insistió.
«A pesar del avance, sigue existiendo un grave problema en la administración de justicia», puntualizó.
El experto Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), consideró que ese avance se debe «a la independencia e imparcialidad» en la aplicación de la justicia y el fortalecimiento de «un estado de derecho donde hay igualdad ante la ley sin importar quien sea el que la viole».
«Esa independencia permite que no haya distingos entre una personas que pueda ser influyente o poderosa. Esa independencia es un elemento fundamental para erradicar la impunidad», aseveró.
Amenazas e injerencia internacional
Aunque entre la población hay una percepción positiva de la lucha contra la corrupción, las amenazas contra la fiscal general no se han hecho esperar, mientras algunos juristas lanzaron una campaña contra la supuesta injerencia de la CICIG en la justicia local.
La fiscal Aldana afirmó que «sectores oscuros» la han amenazado de muerte y el ministro del Interior, Francisco Rivas, indicó que las amenazas podrían venir de personas afectadas por las investigaciones de casos de corrupción.
«Indudablemente la actividad en que ella (la fiscal) ha realizado se presta para que los grupos afectados en un primer recurso amenacen para amedrentar», estimó Linares.
Ibarra dijo que hay grupos y sectores que están siendo amenazados en su «histórica impunidad» que mantienen vigente una mentalidad que se arregla matando a las personas.
«No dudaría en que quisieran tomar ciertas decisiones políticas que afectarán la estabilidad que se vive ahora el Ministerio Público o expulsar a la CICIG del país», puntualizó Linares.
