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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
“Cuando se está promoviendo a una persona, un partido político, a una política que sólo puede ser desarrollada desde un puesto público o un programa, se está haciendo campaña adelantada”, afirmó Ruth Eleonora López, docente de la Universidad Centroamericana (UCA) y jefa de anticorrupción y justicia de Cristosal.
Asimismo, consideró que es inutilidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE) permitir la campaña adelantada, o realmente se trata de una complacencia con el Ejecutivo, sin embargo, no es la primera vez que esta institución se ve incapaz ante este tipo de campañas.
“Estamos frente a una campaña de miedo, que funciona porque a la gente le genera zozobra, las instituciones no están funcionando, la ciudadanía necesita instituciones que funcionen para que le proteja sus derechos”, recalcó la académica durante el espacio televisivo Encuentro con Julio Villagrán.
Externó que el país nunca ha tenido un Tribunal de Ética pujante, una institución fuerte, donde cualquier incumplimiento ético lo sancionará; el acceso a la información es un derecho de la ciudadanía, no es un favor de ninguna institución pública ni del gobierno.
A criterio de López, la ciudadanía merece saber qué se está haciendo con los recursos públicos y las políticas públicas, cuál es el rumbo del país, pero El Salvador ni siquiera tiene un plan de gobierno, que además es una obligación por parte del consejo de ministros aprobarlo, pero cómo lo va a aprobar si ni siquiera se le presenta.
“El combate contra la corrupción para ser cierto tendría que empezar por un combate real contra la opacidad además de una apuesta real contra la impunidad, pero la fiscalía al parecer tiene realmente la intención de tapar la corrupción y no develar la información de Osiris Luna, quien a pesar de diferentes acusaciones, no se le investiga al respecto y solo hay silencio en torno a este tema”, dijo.
Las familias que han sido víctimas de las pandillas en el país, ahora son víctimas del gobierno porque debido al Régimen de Excepción se le han vulnerado los derechos, especialmente a los encarcelados sin tener ningún vínculo con grupos criminales, dijo la catedráica.
A más de un año del Régimen de Excepción, Cristosal señaló que su carácter permanente carente de legitimidad y sin base constitucional, pero en particular es el impacto en los derechos humanos de miles de familias salvadoreñas, en contraposición, con la popularidad de la medida y el discurso oficial de hacer creer que se trata de un remedio necesario para acabar con las pandillas.
