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“La falta de información actualizada en el portal de transparencia del TSE impide el acceso de la población a datos importantes sobre la organización de las elecciones”
Redacción Nacionales
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Acción Ciudadana dio a conocer el informe “Estado de la Integridad Electoral en El Salvador”, durante el período junio-septiembre 2025, el cual reveló que, con las reformas electorales impulsadas por el oficialismo, los comicios de 2027 han perdido su capacidad de balancear el poder y permitir la alternancia.
“Las reformas generan distorsión en la representación y condiciones inequitativas en las elecciones, las reformas de 2023 seguirán generando distorsiones en la representación, lo que obviamente va a beneficiar al partido oficial, incluso, si obtuviera una menor votación a nivel legislativo y municipal en 2027”, indicó Acción Ciudad.
El trabajo vislumbra posibles instrumentalizaciones de las instituciones y de la normativa electoral de cara a las elecciones de 2027 en beneficio del partido oficial, así como las decisiones y acciones jurisdiccionales y administrativas que afecten las condiciones de igualdad en el proceso electoral.
Este monitoreo se basó en 18 indicadores que miden o evalúan la integridad electoral desde distintas etapas o elementos propios de una elección.
Según el estudio de Acción Ciudadana, la eliminación del financiamiento público ha dejado a los partidos a merced del financiamiento privado, con los posibles riesgos que ya se conocen y la incertidumbre de si podrán financiar sus campañas.
Asimismo, la reforma constitucional que redujo el periodo presidencial para las elecciones generales en 2027 está a tono con patrones ya conocidos en contextos autoritarios, esto podría consolidar el sistema de partido único.
El establecimiento del voto desde el extranjero, con el consecuente envío a la circunscripción de San Salvador de los votos no domiciliados en el país produce una seria distorsión en el resultado legislativo, pues se infla de manera artificial la circunscripción de San Salvador.
En el diseño institucional de los organismos electorales se detectó una duda razonable sobre la independencia e imparcialidad de la autoridad electoral, en la organización de las próximas elecciones, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano, fue precandidata por el partido Nuevas Ideas y es funcionaria de confianza del oficialismo.
Además, genera duda la contratación para cargos importantes en el TSE de personas de confianza, que trabajaron tanto en el Instituto de Acceso a la Información Pública como de la Corte de Cuenta a las órdenes de la presidente del Tribunal.
El informe también destacó la negativa del TSE de recibir a la Junta de Vigilancia Electoral (JVE), lo cual ha puesto en tela de juicio el interés de ser transparentes ante la entidad que por constitución tiene el derecho a fiscalizar a la autoridad electoral.
Las reformas constitucionales que adelantaron las elecciones presidenciales para 2027, impactan en la planificación de la autoridad electoral y en el financiamiento de los comicios. hasta la fecha, no se tiene claro cuánto costarán las votaciones ahora que se agrega la elección presidencial. Además, la autoridad no ha revelado los detalles de este presupuesto.
“No hay la debida transparencia en el registro electoral dado que no se conocen muchos de sus datos y no se pueden verificar las altas y bajas de personas en el registro, lo que no genera la confianza suficiente para los actores políticos; informes periodísticos dan cuenta que información sobre las cargas y descargas al registro electoral de los últimos meses le fue negado a algunos medios de comunicación”, aseguró Acción Ciudadana.
Esta información es pública y lo ha sido desde que se utiliza la base del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), para conformar el registro electoral. Además, que se permita el voto en el exterior con Documento Único de Identidad (DUI) vencido disminuye la certeza sobre si realmente votan sólo los habilitados para ello.
Los resultados del informe señalaron que existe el acoso y persecución a representantes de partidos políticos, esto conlleva una afectación al derecho a organizar y ser parte de un partido, además de constituirse en un problema de seguridad electoral, específicamente el caso de una integrante del partido VAMOS, con esto se dejó a ese instituto político sin su encargada de organización, y sin un representante con experiencia ante la Junta de Vigilancia, lo que afecta a la fiscalización del proceso electoral.
Otro de los hallazgos en el estudio es que muchos partidos no informan sobre sus donantes y los montos de dinero que reciben, lo cual posibilita el ingreso de dinero prohibido y dinero ilegal para financiar campañas, y en algunos casos, incluso el uso de dinero público o de los bienes del Estado.
Mientras tanto, la eliminación de la deuda política deja en desventaja a los partidos de oposición al no contar con financiamiento estatal, ya que el financiamiento de fuente privada les ha escaseado, a eso se suma que no hay control sobre el financiamiento privado de los partidos.
Acción Ciudadana encontró serias deficiencias en el portal de transparencia de la autoridad electoral, también persiste la opacidad en la entrega de información que se le solicita al TSE, dado que, por ejemplo, se negó a informar sobre la existencia y el trabajo de su unidad encargada de fiscalizar el financiamiento de los partidos.
El plan general de elecciones no ha sido publicado aún, y los pocos datos que se conocen evidencia que no se han considerado los datos del Censo de Población 2024, para la distribución de diputaciones ni para el número de concejales municipales en las próximas votaciones.
