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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
Luego que en Argentina el fiscal federal Diego Luciani pidiera condena de 12 años de cárcel contra la ex presidenta y vice presidenta actual, Cristina Fernández de Kirchner, han proliferado los apoyos solidarios a Cristina.
Pero también los pronunciamientos de varios mandatarios de América Latina ponen frente a la opinión pública la atención sobre el uso de los sistemas judiciales, para la persecución política (lawfer).
Los mandatarios de Argentina, México, Colombia y Bolivia compartieron un mismo pronunciamiento de rechazo absoluto ante la injustificable persecución política que viene sufriendo la actual vice presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Otros mandatarios y líderes políticos latinoamericanos, caribeños y de Europa lo han hecho por separado, apelando siempre a que los jueces tomen en cuenta un informe de Naciones Unidas sobre el caso, por el cual la vice presidenta es procesada. En dicho informe se afirma que ”existe ausencia de imparcialidad de jueces e irregularidades en el proceso”.
El próximo 5 de septiembre la defensa de Cristina podrá apelar y, en el fin de año, podría producirse el veredicto de los jueces; en Argentina han tenido lugar masivas concentraciones de respaldo y solidaridad con la ex presidenta y actual vice presidenta; señalan que se busca apartarla de la vida política y de la posible participación en elecciones futuras.
Cobra relevancia que mandatarios coincidan en señalar el papel negativo de esa estrategia que se viene usando en el continente y en otros países, para contener o apartar a figuras que le son desafectas a sectores económicos y políticos como oligarquías locales, a transnacionales, en definitiva, a quienes se benefician directamente de los recursos de nuestros países.
Y es que en nuestro continente la persecución política por vía judicial, para bloquear proyectos progresistas y de izquierda, se ha servido de la instrumentalización de los sistemas judiciales para impedir los cambios en favor de las mayorías. Deshacerse de opositores políticos y mantenerse o retomar poder gubernamental, que luego utilizan en favor de minorías.
En Brasil se usó para sacar de la presidencia a Dilma Roussef e impedir la participación del ex presidente Lula en comicios electorales que, al parecer, le daban la preferencia en elecciones presidenciales; en Ecuador, contra el ex presidente Rafael Correa, se abrieron y mantienen procesos y en la cárcel al ex vicepresidente Glass, para citar algunos casos.
En nuestro país se utilizó el poder de la Sala de la Constitucional para quitar de sus cargos a dos presidentes de la Corte Suprema de Justicia y a magistrados del TSE; diputados, Magistrados de Corte de Cuentas y se persigue a otros ex funcionarios, entre ellos al ex presidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes y, recientemente, contra el ex presidente de la republica Salvador Sánchez Cerén.
En cada país, incluyendo al caso de la vice presidenta de Argentina, la persecución judicial incluye a decenas de otros funcionarios y ex funcionarios, miembros de partidos políticos que les son incomodos a las estructuras económicas de los países o a los grupos políticos de derecha, que aspiran mantener o retomar el poder gubernamental.
Este esquema de usar la mentira, la tergiversación de hechos, para denigrar, iniciar procesos judiciales contra personas, forma parte de un esquema transnacional que pretende evitar transformaciones sociales y económicas y acrecentar ganancias en los mismos grupos.
Un proceso de cambio progresista o revolucionario supone que desde el poder estatal se obligue a pagar impuestos correctamente, a usar los recursos naturales de modo racional, a respetar leyes laborales y procurar la justicia social, cumplir con el rol redistributivo, esto es ajeno al neoliberalismo que privilegia la ganancia y la acumulación de riqueza en pocas manos.
Este uso de los sistemas judiciales y de los parlamentos ha servido también para los golpes de estado contra presidentes que favorecen mecanismos de integración política y económica, alternativa a los creados con el impulso de poderes imperialistas. Así se explican golpes de estado en Honduras, Paraguay, Bolivia, los intentos de golpe de estado en Venezuela o desestabilizaciones como en Nicaragua.
El Lawfer o persecución política por la vía judicial, es ajeno a la prédica sobre la democracia que mantienen las fuerzas políticas que se sirven de él, de allí la importancia de señalar, desnudar, y condenar su uso como lo hacen ahora mandatarios de la región.
La vice presidenta argentina, y todos y todas las que sufren persecución polític, merecen nuestra solidaridad, que debe expresarse en el rechazo a la estrategia del lawfer.
