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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“El Salvador es un territorio con múltiples amenazas de origen natural y socio naturales, y ante esto nuestro trabajo siempre será a favor de las poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad”, dijo Magdalena Cortez, del Equipo Técnico de la Mesa Permanente de la Gestión de Riesgos (MPGR).
A veinte años del terremoto del 13 de febrero de 2001, el segundo de ese mismo año y que cobró la vida de 315 personas, hubo 3,300 heridas y 92 soterradas; con una magnitud de 6.6 en la Escala de Richter, la fuerza de su impacto afectó a los departamentos de Cuscatlán, La Paz y San Vicente.
“La Mesa Permanente de la Gestión de Riesgos se solidariza con las familias que perdieron a sus seres queridos en esta tragedia y considera importante tener presente en nuestra memoria histórica. Porque los más afectados ante este tipo de fenómeno es la niñez. Que según documento de la CEPAL, este sismo del 13 de febrero de 2001 hubo un alto porcentaje de muertes de niñas y niños”, refirió.
La declaración de Magdalena Cortez alude a la Escuela Parroquial de Candelaria, departamento de Cuscatlán, en donde ocho alumnos y su maestra, fallecieron por soterramiento. Y sin importar el impacto que generó a nivel nacional e internacional esta noticia aún el país no promueve una cultura de prevención de riesgos.
“En la actualidad no se trabaja con una Política Nacional de Gestión Integral de Riesgos, pese a los esfuerzos realizados por nuestra red de organizaciones en estos años recién pasados. Y lamentamos que sabiendo que vivimos en un territorio tan vulnerable, en el contexto electoral no escuchamos propuestas de acciones o normativas que se enfoquen en la prevención de muertes de salvadoreños y salvadoreñas, en situaciones de desastre, sino que prevalecen mensajes de confrontación, que no abonan a la armonía social”, indicó Cortez.
Asimismo, la MPGR demandó a los diferentes órganos del Estado unir esfuerzos y trabajar con el enfoque de Gestión Integral de Riesgos, el cual implica diseñar una serie de fases como: la Reactiva que marca la movilización ante una emergencia. La etapa Correctiva, que conlleva la intervención sobre el riesgo existente para su corrección.
Luego, se pasa al ciclo Prospectivo, que consiste en la intervención sobre un riesgo que aún no existe, pero que podría crearse por proyectos. Y la Gestión Local del Riesgo, faceta en la que comunidades toman conciencia de los riesgos que los amenaza y generan medidas.
Con una Política Nacional de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Mitigación de Desastres, aprobada en el año 2018, que fue presentada por las organizaciones sociales que integran la MPGR, aún continúa sin aplicarse, sin presupuesto y ni personal para formular la reglamentación que de operatividad a la normativa, señaló Eduardo González, del equipo técnico de MPGR.
“Esta política tiene un componente prospectivo, holístico (integral), que sin duda significa un componente fuerte de planificación de cómo prevenir impactos cuando tenemos desastres. Y, sobre todo, en un país como el nuestro de multi-amenazas en donde pasamos de una sequía prolongada a inundaciones en cuestión de días. Es por esto que hacemos el llamado a retomar este mecanismo e implementar la política de prevención. Y debe haber una revisión de la actual Ley de Protección Civil, y como sociedad civil y Mesa Permanente para la Gestión del Riesgo nos ponemos a disposición para discutir este tema”, afirmó González.
En cuanto al presupuesto para generar un reglamento interno para la aplicación de la política de prevención de riesgos, Magdalena Cortez señaló que todas las Carteras de Estado deben tener un vínculo con esta política porque su concepción no fue para ser aislada de otras instituciones.
“Tiene que haber un componente integral de gestión de riesgos en salud, educación y lo decimos, porque para que haya una cultura de riesgo, debe haber conocimiento desde la primaria hasta la universidad. Incluso las carreras universitarias como arquitectura o medicina no tienen el componente de Gestión Integral de Riesgo. Cuando presentamos la política, justamente, la intención era comenzar con el análisis de cuál es la asignación que debe tener cada cartera de Estado para poder invertir y hablar de un enfoque integral de gestión de riesgo a nivel de Estado”, explicó.
El año 2020 fue impactado a nivel mundial por la pandemia del Coronavirus, señaló Adalberto Blanco, integrante de la MPGR, al reiterar la necesidad de contar con una legislación nacional integral y articulada. Y también, suscribiendo convenios internacionales como el Acuerdo de Escazú, que da no solo acceso a la información ambiental, sino también, permite la participación de la sociedad civil y protección a las personas defensoras de derechos ambientales.
“Lo del Acuerdo de Escazú era bastante importante y esta administración tenía la oportunidad de ratificar este acuerdo que permitía el acceso a la información en este tipo de temas. Es una lástima que no se ratificó y también el tratar de desprestigiarla, diciendo que no iba a permitir manejar adecuadamente la información ambiental. Es una pena, porque El Salvador es vulnerable y se encuentra en una de las regiones más vulnerable de todo el mundo y lo vivimos el año pasado, tuvimos cuatro eventos socio naturales muy fuertes, dos tormentas tropicales y dos huracanes a finales de año. Y en un contexto del covid, El Salvador ya no puede estar improvisando en el tema de gestión integral de riegos, somos un país vulnerable y vamos a tener eventos adversos por lo que necesitamos acuerdos internacionales y legislación nacional para garantizar la vida de la población salvadoreña”, reafirmó.
