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Familiares de personas detenidas arbitrariamente demandan del gobierno su libertad inmediata. Foto Diario Co Latino/Samuel Amaya.

El Salvador rendirá cuentas ante el Comité contra la Tortura (ONU)

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas se alista para examinar la situación de El Salvador, entre el 17 y 18 de noviembre del presente año en Ginebra, Suiza, atendiendo a sus compromisos como firmante de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes.

El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, en su Séptimo Quinto período de sesiones, examinará el Tercer Informe Periódico que El Salvador debía presentar en el año 2013, en consecuencia con artículo 19 de la Convención Contra la Tortura.

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Asociación Azul Originario, el Centro de Derechos Reproductivos, CRISTOSAL, Fair Trails International, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Instituto de Derechos Humanos UCA (IDHUCA) Mujeres Libres , Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y el Servicio Social Pasionista (SSPAS), dieron a conocer el informe alternativo que entregaron al Comité contra la Tortura.

El contenido del informe aborda diversos tópicos como la falta de independencia del poder judicial, la militarización y uso de la fuerza, el debilitamiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la violencia en razón de género, la prohibición absoluta del aborto y las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en la violación a los derechos humanos antes y en el marco del Régimen de Excepción.

Mariel Merayo, coordinadora para América Latina del Centro para los Derechos Civiles y Políticos, con sede en Costa Rica, explicó, el contexto y los últimos acontecimientos que se han dado de los dos órganos de Tratados” (Comité contra la Tortura) de Naciones Unidas, con respecto a El Salvador, por lo que consideró que era importante conocer como funcionan y la colaboración de los Estados, porque son obligaciones adquiridas.

“No es la primera vez, que este año El Salvador se ha sometido a esta revisión, que tiene relevancia específicamente porque muchas de las temáticas se siguen repitiendo a través de las revisiones. Es importante que recordemos, la misma Asamblea General en su resolución 68-2-68, ha indicado que la participación completa de los Estados parte, es un elemento esencial en las revisiones periódicas”, señaló Merayo.

Sobre el intercambio entre los Estados y estos órganos de Tratados, que en este caso es el Comité contra la Tortura, -agregó Merayo- era importante rescatar el “diálogo” para entender los avances y los temas en los cuales aún deben de trabajar los Estados y superarlos.

Olga Guzmán, consejera de derechos humanos para América Latina de la Organización Mundial contra la Tortura de Ginebra, Suiza, que apoyan al trabajo de las organizaciones de latinoamericanas para sus informes frente a los órganos de Tratados.

“Estos órganos de Tratado, son los que se crean en virtud de los Tratados que los Estados, ratifican y en este caso el Comité contra la Tortura, se creó en consecuencia de la Convención contra la Tortura, que fue ratificada por El Salvador en 1996”, acotó.

“Algo importante para esta revisión de El Salvador es que las organizaciones de derechos humanos salvadoreñas presentaron un informe que compila las preocupaciones y las inquietudes sobre el contexto salvadoreño, que han sistematizado y que consideran que el Comité contra la Tortura, debe conocer para su evaluación”, indicó Guzmán.

El informe registra, dijo Sonia Rubio, de la DPLF, el deterioro y retrocesos en la independencia judicial, al mencionar que el país experimenta una “crisis de independencia judicial”, la que se expresa a través de la neutralización de garantías institucionales que protegen a personas operadoras de justicia en su función.

“Me refiero a tres situaciones de los estándares internacionales en materia de independencia judicial: la primera es garantía contra presiones externas; la segunda, la garantía a un proceso adecuado de nombramiento y la tercera, la garantía de inmovilidad del cargo”, afirmó.

“Desde, el inicio de la administración de Nayib Bukele, se ha dado inicio a la cooptación del órgano Judicial y de captura de instituciones de todo el sector de justicia, no solamente la Corte Suprema de Justicia, sino tribunales, Cámaras, Tribunales de Primera Instancia y en general por directrices emanadas del órgano Ejecutivo y Legislativo”, explicó Rubio.

Al indicar que esta nueva “narrativa” de la actual administración es clara desde el año 2020, en atacar y desacreditar, y para ello citó el tweet presidencial: “Los hubiera fusilado si de verdad fuera un dictador”, al referirse a los magistrados de Sala de lo Constitucional que declararon inconstitucionales muchos de los decretos del presidente Nayib Bukele. .

Sobre la situación penitenciaria y falta de garantías de las personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción, Jeanett Martínez, de CRISTOSAL, mencionó que hasta 4 de noviembre, la Secretaría de Comunicaciones de la presidencia a través de un tweet, informó de la detención de 56 mil personas a las que calificó de “terroristas”.

Y que a 6 meses de haber implementado el régimen de excepción las organizaciones de derechos humanos han recibido 4, 071 denuncias de abuso de poder que las caracteriza la ”capturas arbitraria”.

“En el Monitoreo y Registro que lleva CRISTOSAL, desde el inicio del régimen hasta el mes de septiembre da cuenta al menos de 80 personas que han fallecido bajo custodia del Estado”, declaró.

“ Y de ese total 52 personas fallecieron entre los meses de junio a septiembre, siendo el mes de junio el mayor número casos que en la mayoría son hombres, pero también se detectaron casos de mujeres, hay internas que han visto ambulancias llevándose cuerpos”, acotó Martínez.

Sobre las causas de estas defunciones, Martínez agregó que no están esclarecidas, y las denuncias señalan que es entre el traslado al centro penitenciario y en los centros hospitalarios los que son diagnosticados con edema pulmonar, infartos o hemorragia cerebral que pueden ser causadas por los mismos padecimientos de las personas u otro tipo de causa.

“Las autoridades ya se manifestaron sobre este tema al que llaman daño colateral o margen de error, sin explicarle a la familia ni hacer una investigación real de las causas por las que se producen esas muertes. De hecho la misma notificación de esos decesos lo hacen las funerarias que llegan a las casas de los familiares a ofrecerles los servicios”, reseñó.

Capturas por miembros de la PNC y el Ejército, con uso excesivo de fuerza hacia personas inocentes de comunidades del cinturón de pobreza del país, ha sido denunciado. Foto Diario Co Latino/Archivo.Asimismo, el informe señala sobre personas defensoras de derechos humanos y periodistas que el presidente Nayib Bukele “Ha observado una narrativa oficial de ataque a personas defensoras de derechos humanos y personas periodistas”, que inicio con una campaña de obstaculización, ataques y amenazas a cualquier persona no alineada a la narrativa gubernamental, desde el inicio de su gobierno, reportan en su informe.

En cuanto a la violencia por razón de género, el informe hace hincapié que solo entre los meses de enero a febrero de 2022, la Fiscalía General de la República daba cuenta de 114 mujeres víctimas en expedientes de investigación activa en sede fiscal. Y se registraron 81 víctimas con expedientes judicializados y con condena.

En cuanto a la prohibición absoluta del aborto y maternidad forzada, el informe da cuenta que la criminalización estricta del aborto ha llevado a condenas injustas a mujeres que sufrieron emergencias obstétricas. Sobre todo, aquellas mujeres de la zona rural que viven en situación de pobreza.

Entre las recomendaciones del informe de las organizaciones de derechos humanos se encuentra la de fortalecer los mecanismo de control a la institucionalidad pública, tanto internos como externos , y en especial en materia de seguridad pública. Y fortalecer capacidades de la Policía Naciona Civil, con el fin de avanzar en implementar un plan de relevo gradual de la Fuerza Armada en tareas de seguridad.

Así como, adoptar una ley integral de justicia transicional que cumpla con los requisitos estipulados en la sentencia de 2016 de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General y con los estándares internacionales sobre justicia transicional y con énfasis en identificar la responsabilidad de los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos humanos y participación de las víctimas, puntualizaron.

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