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Redacción Nacionales
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El sociólogo Walter Fagoaga afirmó que las quejas ante la falta de cobertura en los derechos de salud y justicia, como el caso de Ruth López, se debe a que en El “no existe humanismo, ni moral ni solidaridad”. La población en país se “desensibilizado”, afirmó el académico en Encuentro con Julio Villagrán.
Lo anterior fue expresado tras analizar dos casos recientes que han generado debate público: la denuncia de una familia sobre deficiencias en la atención médica del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) en San Miguel y las demandas de información sobre el estado de salud de la abogada Ruth López.
Fagoaga sostuvo que ambos casos tienen un elemento común: la necesidad de colocar la dignidad humana en el centro de las políticas públicas. Según el académico, más allá de las diferencias políticas o ideológicas, las situaciones reflejan problemas estructurales relacionados con la atención de las personas y el ejercicio de derechos fundamentales.
Durante la entrevista se retomó el testimonio de una ciudadana que denunció que su padre, un adulto mayor de 90 años con Alzheimer y problemas renales, enfrentó dificultades para recibir atención especializada debido a la ausencia de un médico nefrólogo en el ISSS de San Miguel. La mujer cuestionó que en una región donde las enfermedades renales constituyen una de las principales causas de mortalidad exista una disponibilidad limitada de especialistas.
Para Fagoaga, este caso evidencia que el desarrollo de un país no puede medirse únicamente por la construcción de infraestructura o proyectos emblemáticos. “No basta con inaugurar hospitales o edificios modernos; la verdadera medida es la capacidad que tiene el sistema para resolver los problemas concretos de la población”, señaló.
El sociólogo recordó que El Salvador forma parte de una región afectada históricamente por altas tasas de enfermedad renal crónica, particularmente en zonas agrícolas. En ese sentido, consideró preocupante que continúen registrándose limitaciones en la atención especializada para pacientes que padecen este tipo de enfermedades.
Asimismo, se refirió al caso de Ruth López, cuya familia ha solicitado información sobre los resultados médicos de una intervención quirúrgica practicada mientras permanece bajo custodia estatal. Fagoaga indicó que, independientemente de las circunstancias jurídicas de una persona, el respeto a los derechos de la familia y el acceso a información sobre su condición de salud deben ser garantizados.
“El hecho de que alguien esté privado de libertad no significa que pierda su condición humana ni los derechos básicos que le corresponden a ella y a su familia”, expresó Fagoaga, al afirmar que Ruth López está detenida injustamente.
Una sociedad desensibilizada
Más allá de los casos particulares, Fagoaga consideró que la sociedad salvadoreña atraviesa un proceso de desensibilización frente al sufrimiento ajeno. A su juicio, las redes sociales muestran con frecuencia reacciones de indiferencia ante problemas que podrían afectar a cualquier ciudadano.
El académico señaló que conceptos como humanidad, moral, ética y solidaridad deberían ocupar un lugar central en la discusión pública. Sin embargo, advirtió que muchas veces los debates políticos terminan desplazando la atención sobre las necesidades concretas de las personas.
“Hoy vemos a una sociedad que corre el riesgo de acostumbrarse al dolor de los demás. Se pierde la capacidad de ponerse en el lugar de quien enfrenta una enfermedad, una injusticia o una situación de vulnerabilidad”, afirmó.
Críticas al asistencialismo político
Fagoaga también cuestionó prácticas políticas que, según dijo, privilegian acciones simbólicas o asistencialistas sobre soluciones estructurales. Como ejemplo mencionó casos de funcionarios o legisladores que realizan entregas de víveres, materiales de construcción u otras ayudas puntuales, mientras persisten problemas de fondo relacionados con vivienda, infraestructura comunitaria o acceso a servicios básicos.
A su juicio, estas acciones generan impacto mediático, pero no transforman las condiciones que originan las necesidades de la población.
“El verdadero papel de un legislador o funcionario no debería ser repartir bolsas de alimentos o cemento, sino impulsar políticas públicas y presupuestos que resuelvan los problemas de manera permanente”, sostuvo.
El sociólogo explicó que este fenómeno no es exclusivo de la administración actual, sino que forma parte de una cultura política arraigada durante décadas. En ese contexto, señaló que los cambios de gobierno han significado modificaciones en los actores políticos, pero no necesariamente una transformación profunda de las estructuras sociales.
Educación y pensamiento crítico
Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la importancia de la educación para construir ciudadanía. Fagoaga consideró que el pensamiento crítico y la educación cívica continúan siendo grandes ausentes en la sociedad salvadoreña.
Según explicó, las estructuras de poder se reproducen a través de instituciones sociales como la familia, la escuela y otros espacios de formación, lo que dificulta cambios profundos en la cultura política.
“El problema no es únicamente quién gobierna, sino cómo se forman los ciudadanos y qué herramientas tienen para analizar la realidad”, indicó.
Con desigualdad no hay democracia
Fagoaga sostuvo que uno de los principales obstáculos para el desarrollo del país sigue siendo la desigualdad. El sociólogo afirmó que amplios sectores de la población continúan enfrentando dificultades para acceder a vivienda, empleo formal y servicios de calidad.
Según explicó, la mayoría de los trabajadores salvadoreños no cuenta con ingresos suficientes para adquirir muchos de los proyectos habitacionales que actualmente se desarrollan en el país. Esto, dijo, refleja una brecha entre el discurso de progreso y la realidad económica de gran parte de la población. Solo el 10% de la población con trabajo fijo tiene ingresos arriba de los mil dólares, y un 4 o 5% arriba de los dos mil dólares, dijo.
En un país con tanta desigualdad no puede haber democracia, dijo.
Finalmente, el sociólogo concluyó que “Una transformación real no ocurre únicamente cuando cambian los edificios o las obras públicas. Ocurre cuando cambian las condiciones de vida de las personas, cuando se respetan los derechos y cuando la ciudadanía tiene acceso a oportunidades en igualdad de condiciones”, es decir, cuando se cambia la estructur política, económica y social, y eso no está pasando en El Salvador.
