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Redacción Nacionales
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El informe Poder Popular Bajo Ataque 2025 del Monitor Cívico destacó que El Salvador disminuyó en calificación sobre libertades cívicas, y fue degradado de “Obstruido” a “Reprimido”, la segunda peor categoría y calificación que el país ha recibido hasta ahora. Su puntuación marca un nuevo punto de inflexión tras años de desmantelamiento del Estado de derecho.
Esta es la primera vez que El Salvador recibe esta calificación, uniéndose a un grupo que incluye a Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, México y Perú. En América, Estados Unidos y Argentina, que también experimentaron descensos en la calificación, aunque el país centroamericano se sitúa un nivel por debajo.
A criterio de Ana María Palacios Briceño, investigadora para las Américas del Monitor CIVICUS, El Salvador demuestra la rapidez con la que se pueden desmantelar los derechos cuando un gobierno lo hace mediante el uso permanente de poderes de emergencia y la fuerza militarizada.
También pone al descubierto la complicidad de Washington, el respaldo político estadounidense ha ayudado a consolidar y legitimar el modelo represivo de Bukele.
Monitor CIVICUS señaló que en 2025 la represión en El Salvador se profundizó mediante la persecución sistemática de activistas y periodistas, con casos alarmantes de detención y criminalización, incluyendo el caso de la reconocida abogada de derechos humanos Ruth López.
El encarcelamiento político de destacados activistas refleja la gravedad de los ataques a las libertades cívicas y la erosión de las instituciones democráticas, a medida que el presidente Bukele consolida su control del poder.
Desde su primer mandato, el presidente Nayib Bukele ha gobernado bajo un estado de excepción permanente que suspende las garantías constitucionales y concentra un poder sin precedentes en el Ejecutivo, enmarcado en una ofensiva implacable contra el crimen organizado que también se ha utilizado para perseguir a las voces disidentes.
La nueva Ley de Agentes Extranjeros asfixia a las organizaciones de la sociedad civil al imponer un impuesto del 30% a la financiación internacional y amenazarlas con severas sanciones administrativas y penales.
Al mismo tiempo, la aprobación acelerada de la reelección presidencial indefinida elimina el último control legal que le queda al poder de Bukele, consolidando un proyecto autoritario que está transformando el espacio cívico y democrático del país.
En medio de un creciente acoso, destacadas organizaciones de derechos humanos, como Cristosal, se vieron obligadas a cerrar tras años de vigilancia, amenazas judiciales e intimidación; la presión sobre la prensa independiente también se ha intensificado, más de 50 periodistas han huido al exilio tras campañas de desprestigio y ataques, especialmente después de que sus investigaciones revelaran presuntos acuerdos entre el gobierno y grupos criminales.
El Salvador se suma a otros 14 países del mundo donde la situación se deterioró, entre ellos Francia, Alemania, Georgia, Israel, Madagascar y Sudán, entre otros.
Monitor CIVICUS es una plataforma global de investigación que evalúa el estado de las libertades cívicas, incluidas las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, en 198 países y territorios.
