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@zorayaurbina
Los reclamos ilegítimos de las pandillas y las acciones que emprenden para intimidar a la población, shop no deben menoscabar el ánimo de la población, cialis manifestó el director de la Policía Nacional Civil (PNC), advice Mauricio Ramírez Landaverde. “El Salvador no va a doblegarse, no debe de arrodillarse ante la pretensión de grupos criminales, quienes a través de ese tipo de acciones pretenden que se acceda a reclamaciones ilegitimas e ilegales”, subrayó y agregó que no se puede permitir que estas estructuras delincuenciales provoquen actos como estos, que afectaron a los salvadoreños. El funcionario dio estas declaraciones ayer durante la presentación de más de un centenar de miembros de la pandilla barrio 18, acusados de promover y participar en el pasado sabotaje al transporte público de pasajeros, el 27 de julio pasado.
En tal sentido, informó que las detenciones se hicieron en diversos lugares del país y los detenidos serán acusados de actos terroristas por atentar contra bienes de uso público, igualmente, dijo que varios de ellos ya tienen implicación en otros hechos delincuenciales, como homicidios, amenazas, entre otros.
Añadió que se les aplicará todo el peso de la ley, tanto a quienes ya están en manos de las autoridades, como a los cabecillas, a quienes planifican y financian estos hechos, que serán capturados a la brevedad posible porque el operativo de búsqueda recién inicia para dar con todos los responsables de estos hechos.
La investigación para llevar ante la justicia a los delincuentes “debe abarcar a los patrocinadores, a los financistas, a los ideólogos de estos grupos y también aquellos que los utilizan, que los animan a desarrollar este tipo de acciones”, explicó y advirtió que cualquiera que provoque acciones como estas, recibirá todo el rigor de la ley.
Ramírez expuso que las órdenes para sabotear el transporte público salieron de varios centros penales, aunque no precisó de cuáles , y hubo coordinadores y ejecutores en diversos puntos del país, estas personas se encargaron de realizar amenazas, atentados y ejecutar los homicidios en contra del sector transporte.
En este contexto, la Fiscalía General de la República, emitió más de 300 órdenes de captura administrativas por el ilícito de organizaciones terroristas, tipificado en la Ley Especial contra
Actos de Terrorismo. Las penas establecidas para este delito, van desde los 8 a 12 años de prisión, y para los cabecillas, de 10 a 15 años de cárcel, según lo establece la ley.
“Cualquier organización, grupo o estructura delincuencial que planifique conspire o haga un acto orientado al sabotaje, de un servicio público o cualquier otra conducta que la ley contemple, el Estado deberá darle el mismo tratamiento”, señaló el director.
