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Mirna Jiménez
Diario Co Latino
El ministro de Obras Públicas, clinic cialis Gerson Martínez, cialis rechazó anoche que el Estado haya otorgado en concesión a una empresa privada infraestructura del Estado para que funcione el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS), como se argumenta en una demanda presentada ante la Sala de lo Constitucional.
“La propiedad de esa infraestructura es del Estado, a nadie se le ha transferido, simplemente porque nuestro Gobierno no tiene vocación privatizadora, no podemos entregar esa infraestructura”, manifestó el ministro Martínez durante el programa Ocho en Punto, transmitido en Canal 33.
Martínez dijo que con base a la ley, el Estado es quien ejerce el control, administra el uso y regula el uso de esa infraestructura, contrario a lo que se ha venido difundiendo a través de campañas mediáticas argumentando de que se ha entregado a privados.
“La campaña durante casi dos años ha sido: se ha concesionado sin ir a la Asamblea Legislativa, eso fue una campaña, pero el día en que recibimos la decisión de la Sala, pues nosotros la saludamos y dijimos justamente lo que en lo personal yo he dicho y han dicho las autoridades, que eso nunca se concesionó, ni se ha concesionado ni se va a concesionar”, replicó.
Ahora, manifestó Martínez, todos aquellos que aparecían diciendo que el MOP había concesionado el SITRAMSS, ahora aparecen diciendo que el MOP no ha concesionado, en una total contradicción de sus críticas. “Antes el ataque era porqué se había concesionado, ahora el ataque es porqué no se ha concesionado
El titular del MOP dijo que la Corte Suprema de Justicia ya declaró improcedentes una considerable cantidad de demandas en contra del SITRAMSS y que espera que esta última también sea desvirtuada por los magistrados.
El demandante dice que el Estado no sometió a licitación lo que considera que es la concesión de un espacio de carretera a una empresa privada, en relación a los dos carriles centrales construidos en la alameda Juan Pablo II y bulevar Venezuela, que permite el recorrido de los autobuses del SITRAMSS entre Soyapango y Metrocentro.
Según la demanda aceptada la semana pasada por la Sala de lo Constitucional de la CSJ, el MOP habría violado el artículo 120 de la Constitución, que establece la licitación para concesionar.
Martínez afirmó que conoce a qué se refiere el artículo 120 de la Constitución porque fue parte del grupo de diputados que participaron en su modificación. “Fui uno de los redactores de ese artículo y comprendo perfectamente el espíritu de la misma”, manifestó.
El Ministro Martínez explicó que la infraestructura del SITRAMSS es del Estado y que está a disposición de 430,000 personas desde el sector de San Martín y que de ellas 320,000 ya son “usuarios cotidianos” de este servicio de transporte y que la calidad mejorará cuando se incremente de 37 a 208 unidades que tienen proyectado.
“Eso debe dar una idea del carácter público y del beneficio hacia quién va y eso que solo hay 37 buses articulados por ahora”, dijo el ministro.
La infraestructura también está a disposición y es utilizada diariamente por los vehículos de las instituciones de socorro, ambulancias, patrullas de la Policía Nacional Civil y también de aquellas personas que tengan una emergencia y necesiten trasladarse rápidamente porque es un bien público al servicio de la población y no una concesión privatizada, afirmó.
“Si la policía en esa zona hoy tiene una capacidad de despliegue rápido es gracias a que también es usuaria. Estamos viendo el carácter público del SITRAMSS», explicó el funcionario.
Martínez señaló que para mejorar la circulación para el transporte particular que circula en las vías laterales, se está trabajando en la ampliación a cuatro carriles de la vía entre el sector de Cárcel de Mujeres y la calle 5 de Noviembre.
El ministro también recordó que todos los transportistas fueron convocados al principio de su gestión a la mesa del transporte, pero que hubo un sector que se retiró y comenzó a atacar el proyecto.
Martínez también se refirió a un proceso iniciado por una empresa constructora que se retiró de un proyecto en el sector de Usulután alegando problemas de atraso en los pagos de parte del Estado, incumplimiento del Gobierno en la liberación de derechos de vías y problemas de seguridad para continuar con la obra.
El titular del MOP rechazó los argumentos y señaló que todo lo actuado por Obras Públicas está apegado a la ley y que los tres casos de empleados de la empresa fallecidos supuestamente por problemas de delincuencia en el sector del proyecto, no tienen ninguna relación con la infraestructura que se ejecuta, ellos murieron por otras causas.
También presentó Martínez durante el programa, un legajo de documentos donde los dueños de los terrenos por donde pasará la vía a construir dan su permiso para que el proyecto se ejecute en su terreno.
