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Por Fredis Pereira
Máster en Administración y Gerencia Pública
La desinformación, la manipulación, el rumor, la confusión y la distorsión de los hechos es el resultado del mercado negro de la información pública en El Salvador. Este mercado negro surge de la práctica abusiva de los funcionarios que ponen bajo reserva la información pública. Esta práctica abusiva de limitar el derecho al acceso a la información pública debilita la lucha contra la corrupción, atenta contra los derechos de los ciudadanos y es contraria al principio de máxima publicidad que por mandato legal deben cumplir y hacer cumplir los servidores públicos.
El mercado negro de la información pública se fortalece por la decadencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Pasaron los días en que uno podía apelar ante el IAIP por la denegatoria ilegal de acceso a la información pública, con la seguridad plena de que tendría la debida protección a su derecho. Ahora lo rutinario es alegar la denegación por declaratoria de reserva de la información, y en otras, se alega la protección de datos personales de los servidores públicos, haciendo inviable, por ejemplo, las denuncias por nepotismo en las contrataciones. Así con la decadencia el IAIP facilita la participación anónima en redes de corrupción, que seguro pasará algún tiempo para que se descubran y enfrenten a la justicia.
El mercado negro de la información pública es compatible con un gobierno que cultiva la corrupción. Este mercado negro permite la persecución selectiva de la corrupción, como un instrumento de control político y permanencia en el poder, exhibiendo los ilícitos de quienes han caído en desgracia con quién ostenta el poder, y perdonando temporalmente a quienes siguen las directrices políticas, y que participan de las redes de propaganda en redes sociales y medios de comunicación.
La información pública sigue fluyendo en el mercado negro con mayores dificultades. En esta época de la proliferación de las tecnologías de información y comunicación, resulta imposible cerrar todos los espacios para el intercambio de información. Bajo el mercado negro, la información fluye desde fuentes anónimas del sector público hacia los medios de comunicación, quienes lo trasladan a los ciudadanos. Este flujo de información tiene costos y riesgos innecesarios, que se materializa en la dificultad para distinguir quién tiene información confiable, y conocer de manera inmediata la información relevante para la seguridad de los ciudadanos, por ejemplo, como lo que ha sucedido con la información sobre la liberación del delincuente conocido como el Crook.
El mercado negro de la información pública es contrario al carácter de un gobierno abierto. Un gobierno abierto está comprometido con la transparencia, la rendición de cuentas promueve la participación informada de los ciudadanos, y crea vínculos de cooperación con estos. Un gobierno así comprende que la información pública que generan las instituciones les pertenece a los ciudadanos, y que, al restringir el acceso a esta, bloquea oportunidades para cooperar, generar valor público y fortalecer las instituciones del Estado.
En condiciones de mercado negro de la información se facilita abusar del poder bajo el manto de la propaganda que falsea los hechos. Así sucedió en 1981, en la masacre del Mozote, Morazán, durante la guerra civil en El Salvador, donde sucedieron hechos atroces que siguen sin esclarecerse. Las fuentes oficiales de información pública negaron los hechos por más de una década, los gobiernos prefirieron abundar en propaganda saturada de rumores en lugar de investigar, y luego obstruyeron el proceso de enjuiciamiento, al hacer inaccesible los registros realizados sobre las operaciones militares de aquella época.
Muchas preguntas siguen sin respuestas sobre diversos hechos denunciados en diversos espacios públicos en El Salvador, y de seguro un silencio no es la respuesta que esperan las víctimas, y mucho menos que siga imperando el mercado negro de la información en El Salvador.
