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Por fin, la Asamblea Legislativa aprobó la asignación de parte de los 250 millones que el BID otorgó a El Salvador en calidad de préstamo para enfrentar la pandemia. Y si bien el préstamo fue aprobado hace ratos por la Asamblea, con el voto calificado, su inclusión al Presupuesto General de la Nación no había sido posible, debido a que, para ello, la Asamblea exigía ciertos requisitos, uno de ellos era las asignaciones presupuestarias o, el otro, los mecanismos para garantizar la transparencia en el uso de esos fondos.
Llegó un momento en que mientras el Ejecutivo pedía la incorporación al presupuesto de los 250 millones de dólares, el Parlamento se decantaba por una asignación parcial, pues no estaban de acuerdo, por ejemplo, en que no se le entregaron 40 millones al MAG, luego de presuntas sospechas de mal utilización de fondos de emergencia de la pandemia, y porque los funcionarios de la cartera de Agricultura se opusieron -en dos ocasiones- a no llegar al seno legislativo a explicar sobre las dudas. Y cuando las autoridades de Agricultura finalmente llegaron a la Asamblea, no dejó satisfechos a los diputados de oposición de la comisión respectiva. Y así pasaron varias semanas sin que hubiera “humo blanco”.
Sin embargo, tras conocerse que 40 proyectos que se manejan con FOMILENIO II estaban a punto de perderse, porque hacía falta la partida de contraparte, equivalente a 55 millones de dólares, el Gobierno cedió y aceptó que se diera una asignación parcial. Los 55 millones de contrapartida para el FOMILENIO II no debieron depender de un préstamo en el marco de la emergencia, dado que es un proyecto que va por su quinto año de ejecución, por lo que esos fondos debieron colocarse en el Presupuesto General de la Nación que fue aprobado en diciembre pasado.
Y fue este “olvido” del Ejecutivo, y las presiones del directorio de FOMILENIO, que llevó al Ministerio de Hacienda solicitar a la Asamblea Legislativa una asignación parcial.
La Asamblea Legislativa aprovechó el retroceso del Ejecutivo e incluyó en la asignación 75 millones para las alcaldías, más de 52 millones para los excombatientes y veteranos de guerra, a quienes se les deben cinco meses de pensión, los 55 millones de contrapartida para FOMILENIO y 15 millones para el sector salud.
El presidente de la República, Nayib Bukele -anunció- a través de su secretario jurídico, que vetaría el proyecto, tras considerar la actuación de los diputados como una “extorsión”.
La verdad es que, si hay dinero disponible y obligaciones que cumplir, lo más sensato es aceptar lo actuado por la Asamblea Legislativa, y en manera alguna verlo como una “extorsión” o un acto de oposición del legislativo contra el Ejecutivo.
Y es que, si hay un ofrecimiento a las alcaldías, a los veteranos y excombatientes y otras obligaciones, lo menos que puede hacerse es comenzar a cumplir con dichas obligaciones.
Recordemos que por la pandemia del COVID-19, las alcaldías han dejado de recibir fondos en carácter de impuestos, por los que sus arcas están vacías y necesita cumplir obligaciones tanto propias del quehacer municipal como por la pandemia.
De igual forma, el Ejecutivo le debe cinco meses de pensión a los excombatientes y veteranos de guerra -en los que se encuentran exmiembros del ejército y exguerrilleros-, y, dado que hay fondos disponibles, producto de los 250 millones del BID, no habría que oponerse a la asignación presupuestaria hecha por el Asamblea Legislativa.
De ahí, que, vetar el decreto legislativo que contiene las asignaciones porque el Ejecutivo solo quería cumplirle al FOMILENIO II no es una argumentación de peso, al contrario, se puede tomar como una decisión tomada a partir de un capricho, en oposición a un interés de nación, independientemente de qué partido administra las alcaldías o a quién votan los excombatientes y exveteranos de guerra.
