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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Allá en julio, cuando el juez de Paz conoció en la primera fase dijo que los exfuncionarios (del FMLN), tenían que estar en detención y como defensa tenía el derecho de apelar esa decisión. Lo hice ante la Cámara Segunda de lo Penal de la Circunscripción de San Salvador, pero este procedimiento que establece 5 días hábiles para resolver, según el Código Procesal Penal, lleva 4 meses sin respuesta”, explicó Oswaldo Feusier, abogado defensor de la exministra de Salud, doctora Violeta Menjívar.
El Comité de Presas y Presos Políticos en El Salvador (COFAPPES) realizó un conversatorio con la prensa para informar sobre la situación de sus familiares que se enfrentan ante un sistema de justicia, según sus declaraciones, parcializado e irregular que ha venido violentando los derechos de los detenidos dentro de un manejo arbitrario de los procesos judiciales.
Los 10 exfuncionarios del partido FMLN, capturados el 22 de julio del presente año, bajo acusaciones de supuestos delitos de “lavado de dinero y activos” y “enriquecimiento ilícito”, señaló Feusier, son insostenibles, porque las “compensaciones salariales” que recibieron estos funcionarios por su trabajo se encuentran alejadas de esas figuras delictivas.
“En ningún país donde se ha trabajado o procesado este tipo de comportamiento se ha manejado así. Es solamente en el país donde se han forzado los ilícitos penales sobre todo cuando el mismo requerimiento sostiene la compensación salarial y la forma lacónica o escueta de la Fiscalía en la regulación de la Partida de Gastos Discrecionales de la Presidencia, cuando en ese entonces permitía ese tipo de compensación, entonces no sale del marco legal o marco jurídico”, reiteró Feusier.
Asimismo, manifestó que según el Código Procesal Penal, los detenidos se encuentran en la etapa de “instrucción”, que permite a la Fiscalía General de la República reunir elementos para fundamentar la acusación.
Y prevén que la Fiscalía podría solicitar una nueva pericia “financiera bancaria”, porque era común que la presentada ante el juzgado de Paz, no sea, la que presentará en la Audiencia Preliminar, que consideró será el próximo febrero 2022.
“Por este atraso, supongo la Fiscalía pedirá una prórroga a la etapa de Instrucción, lo que alargará el proceso 6 meses más y nos deja para el mes de agosto. Y de no haber más retrasos se podría ir a Vista Pública, entre septiembre a noviembre del próximo año, claro, dependiendo también de la agenda de los Tribunales de Sentencia”, explicó Feusier.
“Tenemos cinco meses de no ver a Violeta”, expresó Zoila Menjívar, hermana de la exministra de salud, al confirmar que han reiterado sus peticiones a la Dirección General de Centros Penales y la Dirección local (Centro Penal de Ilopango), pero les responden que por “efectos de la pandemia” no pueden dar el permiso. “Nosotros no podemos justificar tal incongruencia cuando hay bares, discotecas y cervecerías que están funcionando y a nosotros, no nos dejan ver a nuestros familiares. Tememos por su salud porque padece de asma e hipertensión, nos preocupa por el hacinamiento y la humedad -eso lo recalca el neumólogo- esto parece más una tortura”, reafirmó Menjívar.
Similar denuncia realizó Ivania Cruz, hermana de Ever Henríquez Cruz, quien fungió como 4o Regidor en el Concejo Municipal de Zacatecoluca, en la administración de Francisco Hirezi, del partido FMLN, quien también guarda prisión, junto a seis funcionarios que fueron capturados el 26 de abril de 2021 y ahora están en el Centro Penal La Esperanza. “He denunciado que ellos adentro (penal) están recibiendo presión para aceptar cargos de funcionarios para obtener otro tipo de medidas distinta a la detención, en lo particular desconozco la situación de los otros detenidos pero de mi hermano si, y es un método que está utilizando la Fiscalía (FGR), incluso, avalándolo los mismos jueces con el tema de confesión”, dijo Cruz.
“Prácticamente todos los casos están faltos de pruebas e incluso falta de testigos, pero es la única garantía que tiene el Gobierno, con tal de llevar la bandera que ellos tenían la razón. La presión la realiza Fiscalía, directivos de Centros Penales, son las mismas autoridades que les piden declararse culpables para salir antes del proceso jurídico”, señaló Cruz.
En cuanto a la salud de los detenidos, Ivania Cruz afirmó que saben que algunos se encuentran en un proceso de “depresión” o provocado condiciones anómalas a la salud, como su hermano Ever Henríquez.
“En nuestro caso tenemos 8 meses sin ver a mi hermano y desconozco sus condiciones de salud, particularmente, pedí al Juzgado de Vigilancia, que realizara un estudio médico a mi hermano porque no sabíamos nada de él. Y supimos que ha bajado 30 libras de peso y le diagnosticaron hipertensión arterial y no lo era, entonces, imagínese qué situación está viviendo mi hermano”, sostuvo Cruz.
Zoila Menjívar también presentó el trabajo de COFAPPES realizada en el presente año, en el Caso Zacatecoluca (26 de abril de 2021) ; Caso San Salvador (22 de julio 2021), Caso ASOCAMBIO (9 de septiembre 2021) y los perseguidos políticos que están fuera del país, siendo ellos, Salvador Sánchez Cerén (expresidente), Gerson Martínez (exministro del MOP), Lina Pohl (exministra Medio Ambiente), Manuel Melgar (exministro Seguridad Pública) y Gujillermo López (exministro de Agricultura y Ganadería), ante lo cual, reiteran la exigencia del cumplimiento del Estado de Derecho, que resguarda la Constitución de la República.
Menjívar reseñó que en las primeras actividades como COFAPPES, presentaron dos denuncias ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y el Comité Internacional de la Cruz Roja, para solicitarles la verificación de la salud de los detenidos, pero que no tuvieron mayores avances.
“Hemos establecido una comunicación con 32 embajadas, en donde hemos presentado una carta a cada una de ellas para informales sobre la situación violatoria a las que han sometido a nuestros familiares. Hemos presentado una denuncia ante la oficina de la Localidad y Ciudadanía del Estado Español, invitados por sindicatos, organizaciones y los tres parlamentos del País Vasco, en donde se expuso las condiciones de nuestros familiares y la violación a sus derechos”, señaló.
“Nos reunimos con COPPAL, también partidos de diferente ideologías y distintas organizaciones de Derechos Humanos y hemos realizado protestas frente a los penales y participado en marchas. Sabemos que los casos sean tratados apegados al derecho procesal, pero seguiremos luchando”, puntualizó Menjívar.
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