El Gobierno no tiene un proyecto político, sino económico: Mauricio Maravilla

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La falta de una política integral para la agricultura, la opacidad en la gestión pública y las reformas constitucionales y electorales fueron algunos de los temas abordados por el abogado y académico Mauricio Maravilla durante el programa Encuentro con Julio Villagrán, quien dijo, además, que el actual gobierno no tiene un proyecto político, sino económico.

La agricultura salvadoreña enfrenta una situación cada vez más delicada debido a la falta de inversión estatal, los bajos incentivos para los productores y la ausencia de respuestas suficientes ante fenómenos como la sequía, señaló Mauricio Maravilla.

Además, sostuvo que el abandono del sector agrícola no es un problema reciente, pero consideró que durante los últimos años se ha profundizado una política que prioriza la importación de granos básicos en lugar de fortalecer la producción nacional.

“Hay una enorme deuda” con la agricultura, afirmó al referirse a la falta de políticas públicas destinadas a garantizar mejores condiciones para los pequeños productores. Según lo planteado durante la conversación, producir alimentos en el campo resulta cada vez menos atractivo para las nuevas generaciones debido a los bajos ingresos, el costo de los insumos y las condiciones laborales.

El abogado recordó que incluso las familias que poseen pequeñas parcelas para producir maíz y frijol deben valorar si cuentan con la capacidad y los recursos necesarios para continuar cultivando. A ello se suma la migración de jóvenes hacia otras actividades económicas y la falta de incentivos para permanecer en el campo.

La vulnerabilidad del país quedó evidenciada, según Maravilla, durante la crisis política registrada en Guatemala hace algunos años, cuando el cierre de carreteras provocó problemas de abastecimiento en El Salvador. El episodio demostró, a su juicio, la dependencia del país respecto de productos provenientes del exterior y los riesgos que esto implica para la soberanía alimentaria.

A esta problemática se agrega la falta de capacidad institucional para responder a fenómenos climáticos. La sequía, explicó, golpea a un sector que ya arrastra dificultades estructurales y que no dispone de suficientes mecanismos estatales de protección.

Maravilla cuestionó, además, que no exista claridad pública sobre un plan gubernamental para atender la crisis agrícola. En ese sentido, planteó la necesidad de que las instituciones responsables expliquen a la población cuáles son las medidas que pretenden implementar.

El debate se extendió a la transparencia y la publicidad de las decisiones estatales. El académico señaló que la reserva de información debe constituir una excepción y justificarse en asuntos verdaderamente relacionados con la seguridad nacional. No debería aplicarse, sostuvo, para impedir que la ciudadanía conozca planes destinados a enfrentar problemas como la sequía o la producción agrícola.

 Reformas y concentración del poder

Durante la entrevista, Maravilla analizó los cambios constitucionales y electorales impulsados durante los últimos años. A su juicio, estas modificaciones deben observarse no como decisiones aisladas, sino como parte de un proceso de transformación de las estructuras del Estado.

Explicó que la Constitución contiene una parte relacionada con los derechos ciudadanos y otra referida a la organización y funcionamiento del Estado. En su análisis, las reformas recientes se han concentrado principalmente en esta segunda área; es decir, en las reglas mediante las cuales se ejerce el poder y se organiza el aparato institucional.

El académico vinculó esas modificaciones con asuntos como la reelección, la estructura municipal, la organización electoral y la eliminación de la deuda política. Desde su perspectiva, las reformas tienen efectos sobre el equilibrio de poder y la pluralidad política.

Maravilla también retomó la discusión sobre la situación democrática del país y citó la caracterización de El Salvador como una “autocracia electoral”, concepto utilizado para describir sistemas donde continúan existiendo elecciones, pero en condiciones cada vez menos favorables para la competencia política.

Según su análisis, la concentración del poder se refleja también en el debilitamiento de instituciones de control y en una menor capacidad de fiscalización y rendición de cuentas. Señaló, además, un ambiente que puede favorecer la autocensura y reducir los espacios para el debate público.

El concepto de autocracia electoral, explicó, no significa necesariamente la desaparición de las elecciones. Estas pueden mantenerse como mecanismos de legitimación de un sistema en el que las condiciones para la oposición son cada vez más difíciles.

El abogado asegura que esos cambios le permiten al gobierno de Bukele concentrar el poder, y señaló que este gobierno no tiene un proyecto político, sino económico, con el que busque “sentarse a la mesa de los oligarcas”.

Cambios electorales

Uno de los puntos centrales de la conversación fue la reforma de las reglas electorales. Maravilla cuestionó la eliminación de la deuda política al considerar que este mecanismo tenía, entre otros objetivos, reducir las desigualdades económicas entre los partidos que compiten por el poder.

En su opinión, la desaparición de ese financiamiento puede dificultar la participación de organizaciones políticas que no cuentan con respaldo económico privado, especialmente en un contexto donde los posibles financistas pueden temer hacer pública su relación con partidos opositores.

También cuestionó el cambio en la fórmula de asignación de escaños legislativos. Según los datos mencionados durante el programa, en las elecciones de 2024 Nuevas Ideas obtuvo alrededor del 72 % de los votos legislativos y alcanzó cerca del 90 % de los escaños, situación que Maravilla utilizó para argumentar que el nuevo mecanismo favorece al partido oficial.

Además, relacionó estos cambios con otras reformas, entre ellas la reducción del número de diputados y la reestructuración municipal. Sostuvo que las modificaciones institucionales deben analizarse por sus efectos acumulados y no únicamente por la justificación presentada al momento de aprobarlas.

Como ejemplo, mencionó la reorganización municipal y sostuvo que esta modificó los efectos políticos de los resultados electorales obtenidos en distintos municipios.

Para Maravilla, las reformas legales y constitucionales “nunca son inocentes”, en el sentido de que responden a determinadas decisiones políticas y producen consecuencias concretas sobre la distribución del poder.

 Una mirada más allá de la coyuntura

El abogado también insistió en que buena parte de los problemas que enfrenta la población diariamente tienen explicaciones estructurales. El costo de vida, los ingresos familiares y las dificultades para cubrir las obligaciones económicas constituyen la preocupación inmediata de las personas, pero detrás de esa realidad existen decisiones políticas, económicas e institucionales que deben ser examinadas.

Por ello, atribuyó a la academia y a quienes participan en el debate público la responsabilidad de explicar esas conexiones y contribuir a que la ciudadanía pueda comprender cómo las decisiones institucionales terminan repercutiendo en la vida cotidiana.

En ese sentido, la discusión sobre agricultura, transparencia, reformas constitucionales y sistema electoral forma parte, según Maravilla, de una misma preocupación: determinar cómo se ejerce el poder público, cuáles son sus controles y qué capacidad tiene la ciudadanía para exigir respuestas.