La dignidad como trinchera frente a la crisis económica

Por: Luis Rafael Moreira Flores

Bajo el sol inclemente de San Salvador, con sombrillas gastadas en mano y la dignidad a cuestas, un grupo de adultos mayores se congrega semana a semana frente a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). Son al menos medio centenar de hombres y mujeres que sobrepasan la tercera edad, exigiendo algo tan elemental como justo: la devolución del dinero que trabajaron y ahorraron durante toda una vida. La mala administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de R.L. (COSAVI) y el ominoso silencio del Estado no solo han confiscado su patrimonio, sino que están devorando activamente su salud física y mental.

Sin embargo, este grupo de ahorrantes no representa únicamente una tragedia individual; se ha convertido en un símbolo. Sin proponérselo, la resistencia de COSAVI es hoy la voz viva de miles de víctimas invisibles del sistema financiero, abarcando desde socios de otras cooperativas en quiebra o intervención —como el alarmante caso en Chalatenango— hasta el ciudadano de a pie que ve cómo la impunidad financiera carcome el fruto de sus años de trabajo. La constancia de estas personas no solo merece solidaridad; constituye una lección urgente de organización ciudadana que el resto de sectores de la sociedad salvadoreña debería retomar de inmediato.

La vorágine del endeudamiento y el abandono estatal

En El Salvador, la crisis no es una abstracción estadística; tiene rostro de angustia, llamadas telefónicas de cobro a destiempo y órdenes de embargo. La lucha de los ahorrantes de COSAVI es la punta del iceberg de un problema estructural que ahoga a las familias. Para comprender la dimensión del colapso, basta con mirar a otros sectores golpeados por el mismo modelo de vulnerabilidad.

Tomemos el caso de los desempleados del sector público, una masa que ronda los 40,000 trabajadores despedidos en los últimos años. Cada despido no es una cifra aislada: es un hogar repentinamente privado de ingresos que arrastra consigo deudas bancarias o cooperativas. Si calculamos un “promedio conservador” de $10,000 en deuda por cada trabajador despedido, la cifra consolidada ascendería a la aterradora suma de $400,000,000 en cartera morosa (monto de ejemplo)

¿Quién responde por este abismo financiero? Ninguna organización gubernamental ni institución de protección al consumidor ha priorizado el impacto devastador de estas cifras. La realidad detrás de este número son testimonios desgarradores de personas sumidas en el descontrol emocional, sufriendo el acoso implacable de los despachos de cobro, embargos ejecutorios y la pérdida de sus bienes. Trágicamente, este nivel de estrés prolongado ha comenzado a reflejarse en esquelas mortuorias de personas aún jóvenes, cuyos cuerpos sucumbieron ante la presión financiera. A este drama se le suman los miles de despedidos del sector privado y los pequeños comerciantes e informales de los centros urbanos, empujados al endeudamiento tras ser desalojados o despojados de sus espacios de trabajo.

 

El secuestro de los ahorros y el futuro del sistema de pensiones

El problema de las cooperativas y del desempleo se cruza inevitablemente con el tema de las pensiones, un punto que, aunque hoy parezca relegado a mesas de estudio técnico y comunicados de prensa, impacta directamente el futuro de todos los trabajadores.

Mientras el Estado continúa utilizando los fondos de pensiones como una caja chica a través de la emisión de títulos y préstamos para financiar su gasto corriente, el ahorrante común queda desprotegido. Se repite el mismo patrón que con COSAVI: el ciudadano aporta, confía su dinero al sistema, y cuando llega el momento de recuperar su inversión o jubilarse, se encuentra con pared, con vacíos legales o con pensiones de miseria. La pasividad institucional ante el desfalco cooperativo sienta un precedente nefasto: si el Estado no garantiza la devolución de los fondos en las cooperativas bajo su supervisión, ¿qué garantía existe para los fondos de retiro de la clase trabajadora?

Soluciones de fondo, exigir justicia distributiva

Las encuestas de opinión pública lo confirman de manera consistente: la principal preocupación de la población salvadoreña es la economía. Pero la economía no se resuelve con discursos optimistas ni con eventos de fachada; se resuelve protegiendo el bolsillo del ciudadano.

Es imperativo obligar al Estado y a la Superintendencia del Sistema Financiero a asumir su responsabilidad reguladora y humana mediante medidas concretas:

1. Protección a las víctimas de COSAVI y cooperativas: El Estado debe agilizar la liquidación y garantía de los depósitos, priorizando la devolución íntegra e inmediata a los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
2. Justicia financiera para los despedidos: No es justo que un trabajador pague el costo de un despido originado por políticas estatales o recortes sectoriales. Se debe regular una moratoria especial: si un trabajador despedido prestó $1,000, debe pagar estrictamente los $1,000 del capital prestado, con congelamiento total de intereses, moras y comisiones abusivas. La imposibilidad de pago no es culpa del trabajador, sino de la pérdida de su fuente laboral.
3. Freno al endeudamiento con fondos de pensiones: Es urgente detener la práctica estatal de tomar prestados los fondos de retiro de los trabajadores para tapar hoyos presupuestarios y avanzar hacia un sistema previsional transparente y digno.

La necesidad de un Consejo Ciudadano por la Defensa Económica

Frente a un poder económico y estatal que actúa con indiferencia, la respuesta no puede ser el aislamiento ni la resignación. Si algo nos han enseñado los ahorrantes de COSAVI frente a la SSF, es que la movilización constante es el único lenguaje que incomoda al poder.

Es el momento de articular las luchas dispersas. Es urgente la creación de un Consejo Ciudadano por la Defensa de la Economía y las Finanzas del Pueblo Salvadoreño. Este espacio debe converger y unificar a:

• Los ahorrantes defraudados de COSAVI y demás cooperativas en crisis.
• Las mesas y sindicatos en defensa de las pensiones.
• Los miles de despedidos del sector público y privado que enfrentan deudas impagables.
• Los comerciantes informales y vendedores afectados por reordenamientos y desalojos.
• Profesionales de la economía, el derecho y la sociología dispuestos a aportar propuestas técnicas.

Solo la unidad organizada de estos sectores fragmentados permitirá construir una correlación de fuerzas capaz de frenar los abusos del sistema financiero y la complicidad estatal. La lucha de las personas de la tercera edad que hoy sostienen sus pancartas bajo el sol no es solo por su dinero; es por la dignidad de todo un país. Si ellos no se rinden, el resto de la sociedad tampoco tiene excusa para callar.