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Saúl Méndez
Colaborador
Tras más de dos años de la aplicación de la Ley Especial para la Reestructuración Municipal, que divide administrativamente el territorio de El Salvador en 44 municipios y 262 distritos municipales, organizaciones sociales señalaron que, lejos de garantizar que la modificación no afectaría los servicios prestados por las comunas, las alcaldías ahora enfrentan dificultades para atender las necesidades de las comunidades debido a una normativa que no fue discutida ni consensuada.
Rafael Paz Narváez, del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico (MUPC), afirmó que la reorganización de los municipios en El Salvador ha afectado la capacidad de la población para decidir directamente quiénes la gobiernan.
“Ahora hay una cantidad de personas que tienen cada vez más lejanos a sus gobernantes. Hay que recordar que no solamente se disminuyó la cantidad de municipios, agrupándolos, sino que también se han centralizado prácticamente los fondos FODES, los fondos de desarrollo económico y social”, aseguró.
Explicó que “esos fondos se utilizaban para proyectos de agua, para que la población mejorara y mantuviera su acceso al agua; servían también para proyectos de alumbrado público, arreglo de calles y, muchas veces, para proyectos comunales de reparación, instalación de canchas deportivas y otros”.
Narváez indicó que muchas de estas atribuciones ahora están concentradas en organismos centralizados, como la Dirección de Obras Municipales (DOM), lo que ha provocado que las municipalidades pierdan capacidad para resolver de manera efectiva las problemáticas de las comunidades.
“Hay menos municipios, pero también ha disminuido la cantidad de recursos que estos tienen para atender a la población. A eso se añade que algunas recaudaciones, como la destinada al tratamiento de desechos, ahora, por ley, tienen una parte, alrededor del 50 %, según tenemos entendido, que pasa al Gobierno central. Las municipalidades, aun cuando no se han reunido recursos para fortalecerlas, están debilitadas”, manifestó.
Asimismo, Narváez agregó que la atención a la ciudadanía “ha decaído, se ha degradado. Cuando el Fondo FODES estaba vigente y se distribuía, muchas dirigencias comunales de las ADESCO conocían los planes de inversión y estos fondos se ejecutaban de manera participativa. Es decir, hemos tenido un enorme retroceso en los procesos de desarrollo local, en los procesos de transparencia y en la satisfacción real de las necesidades de la población, especialmente en las zonas rurales y suburbanas”.
Por su parte, la Mesa Permanente por la Justicia Laboral afirmó que las municipalidades se encuentran cada vez más en un entredicho, debido a que cuentan con menos herramientas para solucionar las problemáticas que enfrentan los municipios, desde la reparación de calles, que depende de la Dirección de Obras Municipales, hasta la reparación de mercados, bajo responsabilidad de la Dirección de Mercados Nacionales, e incluso el mantenimiento del alumbrado público.
“En otras palabras, hay una problemática real de sostenibilidad y financiamiento eficaz de las municipalidades. Solamente aquellas que logran una recaudación significativa, ya sea porque tienen instalados negocios, empresas o iniciativas económicas que permiten cubrir, a través de distintas tasas, una cantidad que les genere un relativo equilibrio, tienen alguna herramienta para resolver los problemas. Y esas no son todas las municipalidades del país”, explicaron.
Detallaron que, “en algunos casos, donde existen centros urbanos dentro de las nuevas agrupaciones municipales, muchas veces lo que se recauda solamente alcanza para un porcentaje de la población, un porcentaje del territorio, no para el conjunto de la población ni para todo el territorio”.
Según la Mesa, esta situación ha deteriorado progresivamente las capacidades de los municipios para resolver los problemas de sus territorios.
“Si a eso le sumamos que, por ejemplo, existen muchas demandas relacionadas con la problemática ambiental, tenemos el cambio climático y un problema que afecta directamente a la agricultura. En muchas ocasiones, las alcaldías eran precisamente una institución de respaldo y apoyo para atender redes de productores, tanto agropecuarios como de otro tipo. Entonces, toda esa ventaja del pueblo salvadoreño, de la nación salvadoreña, se ha visto disminuida”, lamentaron.
La Dirección de Mercados Nacionales y Locales Comerciales ubicados en Espacios Públicos, también conocida como Dirección Nacional de Mercados Nacionales, fue creada mediante el Decreto Legislativo n.º 323, aprobado por la Asamblea Legislativa el 5 de junio de 2025 y publicado en el Diario Oficial ese mismo año. La institución tiene como finalidad la organización, planificación, fomento, regulación, modernización, control y vigilancia del funcionamiento y administración de los mercados nacionales y de los locales comerciales ubicados en espacios públicos.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) es una institución pública salvadoreña dependiente del Órgano Ejecutivo, creada por la Asamblea Legislativa el 18 de noviembre de 2021 para sustituir al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM).
La Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) fue creada en diciembre de 2024, tras la aprobación de la Ley Especial de Recolección, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos, con el objetivo de coordinar a nivel nacional las tareas de recolección y disposición de desechos sólidos.
