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Por Leonel Herrera*
Una nueva publicación periodística ha desnudado las falacias de la acusación contra los veteranos y ex combatientes dirigentes de la Alianza Nacional El Salvado en Paz, a quienes el régimen de Nayib Bukele mantiene en prisión desde hace más de dos años.
La Prensa Gráfica publicó esta semana que la Fiscalía General de la República “no ha incluido en su lista de testigos a la persona que, según la acusación inicial, fue quien alertó a las autoridades sobre la planificación de un supuesto atentado terrorista para la toma de posesión presidencial del 1o. de junio de 2024”. Es decir, el testigo -cuyas declaraciones son la base del relato fiscal sobre los supuestos delitos imputados- no intervendrá en el juicio.
Publicaciones periodísticas anteriores ya habían revelado la dudosa existencia de este extraño testigo que estuvo en dos lugares al mismo tiempo (en México y en San Salvador), y que los policías que recibieron su denuncia ni siquiera anotaron su nombre.
https://gatoencerrado.news/2025/10/15/unos-terroristas-de-carton-para-nayib-bukele/
La no inclusión en la lista final de testigos confirma las sospechas sobre su verdadera existencia. La Fiscalía debería aclarar por qué su principal testigo no participará en la audiencia única contra los veteranos y ex combatientes de la Alianza. El testigo ¿ya se murió?, ¿desapareció? o ¿realmente no existe y fue un invento de los difuntos jefes policiales que armaron el caso para congraciarse con Bukele haciéndole creer que lo habían librado de una serie de sabotajes que buscaban opacar la fiesta autoritaria de la toma de posesión de su segundo mandato inconstitucional?
No es la primera vez que un caso de criminalización y persecución política se basa en un testigo falso, “chaveleado” o de dudosa existencia. En el cuestionado proceso penal contra los líderes ambientalistas de Santa Marta, la Fiscalía utilizó un “testigo de chambre”, como bien lo llamó un reconocido abogado de derechos humanos. Un testigo que primero afirmó que presenció los hechos y después dijo que “le contaron” lo sucedido (sin detallar quién o quiénes “le contaron”).
Al final, los activistas antimineros de Cabañas fueron sobreseídos definitivamente, y después absueltos en la repetición del juicio. Dos tribunales decentes no dieron ninguna credibilidad a alias “Soriano”, el sospechoso testigo de la Fiscalía.
El juzgado que lleva el caso de los veteranos y ex combatientes, sin embargo, tiene una actitud distinta a la de los tribunales (de sentencia de Sensuntepeque y San Vicente) que absolvieron a los ambientalistas. Abogados defensores han denunciado señales de parcialización de la jueza (sin rostro) número tres del Juzgado Primero contra el Crimen Organizado, quien incluso ha corregido errores a la Fiscalía y se muestra hostil contra los detenidos negándoles medidas sustitutivas a pesar de la inexistencia de peligro de fuga y su delicada situación de salud.
La nota de LPG también revela que, a falta de testigos directos, la Fiscalía ha incorporado como tales a una veintena de agentes policiales que realizaron las capturas y a cuatro peritos encargados de extraer información de dispositivos electrónicos, revisar bitácoras de llamadas y verificar la destrucción de materiales explosivos. Mientras tanto, la jueza desestimó las declaraciones de diez testigos y otras pruebas de descargo presentadas por la defensa.
La acusación, por tanto, carece de pruebas reales. El caso sólo se explica desde el interés gubernamental de perseguir y condenar a un grupo de dirigentes sociales que, además de defender los derechos de su sector, se manifestaban contra las injusticias y violaciones a derechos humanos en el actual contexto de grave reversión democrática y consolidación dictatorial.
La audiencia ha sido reprogramada para los días 7, 8, 9, 10 y 11 de septiembre próximos. Y sólo la denuncia pública, la presión de las organizaciones y la vigilancia de la comunidad internacional pueden evitar la barbarie judicial contra un grupo de personajes históricos que deberían ser homenajeados como artífices de los Acuerdos de Paz, en vez de criminalizados y perseguidos.
*Periodista y activista ambiental.
