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Yaneth Estrada
@caricheop
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, afirmó este lunes, en la que se Asamblea Legislativa, que el Sistema Nacional de Salud enfrentaba deficiencias antes de la pandemia COVID-19.
“Desde la PDDH identificamos inequidad por la falta de presupuesto, precariedad en infraestructura, entrega y almacenamiento de medicamentos, cobertura, y fragmentación bajo la que está construido el Sistema de Nacional Salud”, dijo.
Asimismo, enfatizó que esto no es nada nuevo, sino algo sistemático, “pero el COVID-19 ha venido a desnudar la situación precaria, insuficiente y desigual del Sistema Nacional de Salud”. Además, recalcó la necesidad de hacer una reforma eficaz, eficiente y solidaria con enfoque en derechos humanos que permita una mejor cobertura, acceso a medicamentos, tecnología, diagnósticos y atención para enfermedades crónicas.
“Existe una diferencia presupuestaria en instituciones como Hospitales Públicos y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, lo que implica una atención médica distinta para los salvadoreños”, agregó el Procurador.
Pacientes crónicos sin acceso
En este sentido, el funcionario destacó en su informe que la emergencia sanitaria llevó a la suspensión de la consulta externa para pacientes con enfermedades crónicas, llevando a situaciones precarias y hasta a la muerte según denuncias. “Se dijo que ante el cierre del transporte colectivo por la cuarentena domiciliaria obligatoria, el Gobierno brindaría este servicio, pero en realidad esto no funcionó y no lo digo yo para afectar o beneficiar a alguien, esto es lo que hemos documentado como institución”, aseveró Tobar.
Este dato, más la falta o cambio de medicamentos fue confirmado por asociaciones de pacientes con insuficiencia renal, VIH, Lupus y diabetes, evidenciando la falta de un plan, de protocolos y la distribución equitativa de equipos de bioseguridad por parte de Gobierno, con personal médico y primera línea, haciendo sus propias mascarilla en talleres con material reciclado, esto según denuncias y pronunciamientos del Sindicato del ISSS y Hospital Nacional Rosales, así como las denuncias en el Centro de Atención de Ancianos Sara Zaldívar, donde se registraron más de 120 contagios por COVID-19, y cerca de 15 fallecidos, aunado a la falta de diálogo entre Ejecutivo y Legislativo para establecer una Ley de Emergencia Sanitaria por COVID-19 como lo recomendó la Sala de Lo Constitucional.
Para el Procurador, “todo esto, a nuestro juicio, está en contra de lo que la resolución 1-2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido, y que ha sido altamente publicitado en el país y en América Latina, en cuanto que el derecho a la salud incluye atención oportuna y apropiada, que los elementos esenciales e interrelacionados en disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios, bienes e instalaciones de salud, incluyendo medicamentos”.
Cerco Sanitario
El domingo por la noche, el presidente de la República, Nayib Bukele, ordenó establecer un cerco sanitario en el municipio de San Francisco Gotera al reportar 182 nuevos casos de COVID-19 en la ciudad. Ante estos datos, el reporte diario de COVID-19 presentó un leve aumento de 245 casos nuevos, por lo que el dato en casos confirmados subió a 27,798. De estos 5, 204 son activos, 812 fallecidos y 21,782 personas superaron la enfermedad. El ministro de Salud, Francisco Alabi, informó que se desplazó personal de salud para atender el cerco sanitario en Gotera, por lo que “Iniciaremos la búsqueda casa por casa y la entrega de mascarillas y medicamentos, a pacientes con sintomatología”, dijo.
