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Kisangani / AFP
Samir Tounsi / Ernest Mukuli
La República Democrática del Congo alberga la mayor parte de bosque húmedo ecuatorial de África, cuya preservación es vital en la lucha contra el cambio climático. Pero el Estado es demasiado débil como para protegerlo eficazmente.
El tráfico ilícito de madera es un fenómeno ampliamente denunciado en Kisangani, capital de la provincia de Tshopo (noreste).
«Hay diputados que hacen madera, hay militares que hacen madera. Son ellos quienes gobiernan», afirma el presidente de los trabajadores de la madera artesanos, Félicien Liofo. «No pagan tasas. Es una competencia desleal», agrega.
En la ruta RN4, en la entrada de la ciudad, un puesto de control verifica los documentos de quienes explotan los bosques, así como el volumen y el origen de los leños que transportan.
«Soledados en uniforme abren a veces ellos mismos las vallas con las armas. Lo amenazan a uno con disparar», lamenta un oficial de la policía judicial (OPJ), que denuncia el «tráfico de influencia» de los militares. diputados y ministros provinciales.
«No podemos atacarlos. No son notorios, trabajan a través de intermediarios», admite el coordinador provincial de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Félicien Malu.
Frente a los poderosos, la administración no es fuerte. En teoría, su «coordinación provincial» cuenta con 2.000 agentes repartidos por toda la provincia (200.000 km2, más de seis veces Bélgica o la mitad de Portugal) para velar por el respeto del código forestal de 2002.
Pero «a los agentes no les pagan», afirma el coordinador, en el cargo desde septiembre, después de que su predecesor hubiera sido destituido por un caso de desvío de fondos.
– Falta de medios –
A ello se le añade una escasez de medios materiales (barcos, motos, camionetas).»No podemos organizar misiones de control a cientos de kilómetros a la redonda», se queja un coordinador, que recuerda que «hay que atravesar muchos ríos y carreteras no rehabilitadas».
Y a veces, en el bosque, reina la completa anarquía. A 40 km de Kisangani, una empresa congoleña, la Scipec, taló casi 1.000 hectáreas para plantar palmas aceiteras.
Un industrial maderero, la CFT, afirma que el empresario agroindustiral se instaló ilegalmente dentro de su propia concesión.
A principios de 2019, tras una investigación, la oenegé Global Witness acusó a un militar de alto rango del ejército congoleño, el general Gabril Amisi Kumba, de haber «esquivado la ley al adquirir y luego vender los permisos forestales». Se trata de una «violación de la moratoria» en vigor sobre la concesión de nuevos permisos, según la oenegé.
Sin embargo, con esa moratoria y el código forestal de 2002, la República Democrática del Congo cuenta con una ley para proteger sus bosques, que cubren más de la mitad de su territorio (1,5 millones de km2 en total).
Su preservación es esencial: la cuenca del Congo (que incluye los bosques de Gabón, Camerún, Congo-Brazzaville y República Centroafricana) es un «pozo de carbono» que almacena «seis años de emisiones mundiales de CO2», según la Iniciativa por los bosques de África Central (CAFI, una asociación de países occidentales y africanos).
Según las cifras oficiales, apenas el 8% de la superficie forestal del país está explotada en el marco del código forestal de 2002 (120.000 km2 de 1,5 km2 de bosque).
A cambio, los industriales deben pagar una serie de tasas y respetar un «plan de acondicionamiento» que divide su concesión en «bases anuales de tala». Dentro de esos perímetros, los industriales solo pueden talar un cierto número de ejemplares.
Además, el documento prevé obras sociales que beneficien a las aldeas situadas dentro del área de explotación, como el respeto de los bosques «sagrados» o la construcción de carreteras, de escuelas y de centros de salud.
Algunos inversores extranjeros colaboran con las autoridades locales para preservar los bosques.
Es el caso de la CAFI, que financia programas cuyo objetivo es «prevenir la emisión de 40 millones de toneladas de Co2».
El CAFI se comprometió además a enviar más de 200 millones de dólares a la RDC a través de un «fondo nacional para la reducción de emisiones vinculadas con la deforestación y la degradación de bosques (REDD)».
Las autoridades congoleñas defienden que se levante la moratoria en vigor, algo que «deja estupefactas a las oenegés occidentales», según Tosi Mpanu Mpanu, consultor, embajador y representante de la República Democrática del Congo en las conferencias del clima.
Greenpeace se opone a cualquier actividad industrial (madera, petróleo…) en los 445.000 km2 de turberas que se encuentran a caballo entre los dos Congos, y que almacenarían -según la oenegé- inmensas cantidades de CO2.
En 2018, el bosque primario tropical disminuyó en República Democrática del Congo más que en ninguna otra parte del mundo, salvo Brasil, perdiendo 481.248 hectáreas, según el informe anual de Global Forest Watch.
