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Representantes del Foro del Agua, ACUA y ECOS, presentan un informe sobre la vulneración del derecho al agua ante el Relator Especial, Pedro Arrojo Agudo. Foto Diario Co Latino /Gloria Orellana.

El agua un bien común, no un artículo de mercados especulativo

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

Las organizaciones ECOS El Salvador, Foro del Agua El Salvador y ACUA, presentaron el Informe 2021, denominado “Asocio Públicos Privado, la Especulación Inmobiliaria y las Violaciones al Derecho Humano al Agua, Al Medio Ambiente Sano y a la Ciudad de en El Salvador”.

El documento contiene un análisis de la constitucionalidad, legalidad y violaciones al derecho humano al agua, así como de los Convenios que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) ha venido suscribiendo con empresarios urbanísticos como las familias Dueñas y Poma, así como el enfoque privatizador en la Ley General de Recursos Hídrico.

Oscar Ruiz, representante de ACUA, dijo, que se ha hecho un especial énfasis en las concesiones que ha realizado la ANDA con este grupo de proyectistas urbanísticos que han logrado obtener para sus complejos inmobiliarios más de 25 millones de litros de agua al día, como sucede en Valle El Ángel (Apopa-Nejapa) y Paseo El Prado.

“Estos convenios representan la columna vertebral del proceso de especulación inmobiliaria implementado durante los último años en el país. Identificando los Convenio ANDA-Dueñas (2016) y Convenio ANDA-POMA (Grupo Roble 2018), pactos que han permitido a este sector inmobiliario acaparar enormes cantidad de agua para abastecer sus propios proyectos“, explicó Ruiz.

Estos convenios bilaterales con la ANDA, agregó, provoca que la producción de agua vaya a la edificación de viviendas, en lugar de priorizar el consumo humano y otras actividades lo que violenta el derecho humano al agua de la población.

Judith Barrera, que integra la Asociación ECOS y Colectivo Salvemos Valle El Ángel, calificó como “hecho de violencia” el manejo que se ha hecho del recurso hídrico de la zona y la población que vive alrededor del área de recarga acuífera porque les afectaría su acceso a ella.

“¿Cómo es posible que si pueden garantizar el agua a estos proyectos urbanísticos y no a nosotros que estábamos mucho antes en las comunidades?, y que somos quienes cuidamos el agua, viene ahora la empresa va impermeabilizar los suelos para su proyecto urbanístico”, lamentó.

“El Convenio ANDA-DUEÑAS le otorga 240 litros de agua por segundo a un grupo privilegiado de personas que van a poder acceder económicamente a estas casas y nosotros que cuidamos el río Chacalapa, para cuidar nuestra agua, ¿Qué con nosotros?, hablamos de 60 mil personas que nos abastecemos de esa agua”, subrayó Barrera.

Asimismo, criticaron la posible titularización (comerciar activos) por 1,600 millones que hará ANDA y FOVIAL, para planes estratégicos, que Carlos Flores, del Foro del Agua, señaló “era una situación peligrosa” . Y que desde el año 2015, que lo realizó el expresidente de la ANDA, Marco Fortín, hubo un rechazo por parte de las organizaciones sociales.

Pedro Arrojo Agudo, Relator Especial del Derecho Humano al Agua de Naciones Unidas, en su intervención virtual. Foto Diario Co Latino /Gloria Orellana

“Esto de las titularizaciones puede provocar que ANDA, quede inoperante a partir de la estructura de los pagos con los que se comprometen de todos los fondos recogidos por el pago de las tarifas se entrega a la titularización. Y si quedan fondos se designa a salarios y si queda un poco, pues se utiliza para el pago de otras cosas”, señaló.

“Eventualmente, a falta de recursos ANDA, podría quedar inoperante, porque no importa que se caiga el mundo, el primer pago que deben hacer es para los títulos valores, es un verdadero riesgo que no debería jugar la población, y sabemos que es por el agobio económico que tiene el Estado, pero no deberíamos correr ese riesgo”, acotó Flores.

Mientras, Pedro Arrojo Agudo, Relator Especial del Derecho Humano al Agua de Naciones Unidas, en su intervención virtual, señaló que como funcionario de la ONU estaba abierto a escuchar a las dos partes y dar recomendaciones a fin de acercar y buscar acuerdos entre población y Estado, en unos de los derechos que llamó “esencia de la vida”.

Sobre la situación del agua a escala mundial, el Relator de la ONU, fue directo a las cifras: 2,200 millones de personas en el mundo viven sin acceso garantizado al agua potable. Mientras 4,200 millones de personas, permanecen sin acceso al agua y servicios mínimos básicos de saneamiento. Y aunque consideró que el Cambio Climático, es un factor incidente, pero no determinante en todo el contexto.

“El agua está en confluencia de dos fallas críticas, nuestro modelo de desarrollo en general provoca la crisis de pobreza e inequidad por los sistemas socio-económicos, políticos, antidemocráticos, injustos e inmorales en muchos casos. Y la crisis de insostenibilidad que provocamos a nuestros ecosistemas acuáticos, especialmente de agua dulce”, aludió Agudo.

No obstante, presentó dos desafíos o líneas de trabajo que deberían seguirse y adoptadas mundialmente. Y que comienza con “hacer las pases” con ríos y ecosistemas acuáticos para lograr que mayor número de población que depende de este recursos natural pueda subsistir. La meta es ser capaces de recuperar la salud de esos ríos y acuíferos. Y lo segundo, es el desafío de desarrollar una “gobernanza democrática del agua”, entendiendo el agua como bien común y no como un motivo u oportunidad de negocio.

En cuanto a su diagnóstico sobre el agua a nivel planetario, Arrojo Agudo expresó que existen tres factores que aceleran, agravan y profundizan la crisis global del agua. La primera, el Cambio Climático, que contribuye a acelerar el colapso a “sistemas acuáticos” por dinámicas de sobreexplotación, que agrava el acceso al agua y saneamiento, impactando a los más empobrecidos y elevándolo a crisis global del agua.

“Lo segundo, es la Crisis Sanitaria, sin duda la COVID-19 , que igualmente incrementa la crisis económica lleva un impacto a los más empobrecidos en situaciones de mayor vulnerabilidad y que viven en situación de pobreza e inequidad”, reiteró.

“Y el tercer factor, -al que aluden ustedes- con mayor preocupación, y que les digo no solo es en El Salvador, es el factor que representa la presión de la lógica liberal, que es la Crisis de la Mercantilización y Privatización, incluso, del financiación del agua y saneamiento”, reafirmó.

Citando el informe de su predecesor Leo Heller, el relator Arrojo reseñó las críticas recibidas por ese documento que presentó ante la ONU, que detalla justamente los impactos y riesgos sobre los modelos de privatización de la gestión de los servicios de agua y saneamiento y que afirmó “apoyaba plenamente”.

“Si transformamos o si hacemos del agua un motivo de negocio, difícilmente ese enfoque será compatible o coherente con lo que llamamos enfoque de derechos humanos, sencillamente”, afirmó.

“En mi segundo informe, presentado a la ONU, me refería a la mercantilización del agua en sí misma y la financiación del agua que significa llevar el agua a los mercados especulativos, a un entorno que gestionan las bolsas de valores en los mercados financieros y negocian el valor del agua a través de dinámicas especulativas y mercados de futuros “, sentenció Arrojo.

En cuanto a los “asocios públicos-privados, Arrojo Agudo, reiteró en su intervención, que en el fondo este tipo de alianzas “enmascaran un negocio puramente privado”, en donde la parte pública lo único con lo que contribuye es poner a disposición el negocio privado.

“Y no porque un negocio privado sea malo en sí mismo, sino porque se está jugando con la salud de las personas, con el derecho humano al acceso del agua potable, con el derecho al saneamiento y por eso, esto no debe ser motivo de negocio, sino una obligación de los Estados garantizarlo en máxima prioridad, lo que debe presidir cualquier ley general de aguas y saneamiento”, acotó.

“Me alegra que El Salvador esté en ese empeño (ley general de recursos hídricos) aunque me preocupa enormemente en la delegación que establezca las garantías y normativas necesarias para que esos derechos sean en efecto la prioridad que presida en conjunto a esa ley general de aguas”, puntualizó el Relator Arrojo Agudo.

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