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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“No venimos a confrontar, no venimos a pelear, sino que venimos a aportar. Y como ya se anunció que se va a presentar una Ley de Aguas (este martes 15 por el Ejecutivo) pues, una delegación del movimiento irá (ayer) a la Asamblea Legislativa a presentar la propuesta ciudadana de Ley General de Aguas, para que se tome en cuenta”, expresó Omar Serrano, vicerrector de Proyección social de la UCA.
Las organizaciones sociales, ecológicas, jurídicas, mujeres feministas, de derechos humanos y la academia que integran la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, se pronunciaron ante el aviso del presidente Nayib Bukele de un nuevo anteproyecto de ley, concebido en el Ejecutivo, para ser aprobado por su bancada legislativa sin una consulta previa a la población.
Los tweets que calzó el presidente Nayib Bukele, la semana anterior, era un anuncio que en definitiva anula el anteproyecto de la Ley General de Aguas y Saneamiento que ha impulsado el movimiento social desde hace 15 años atrás.
El primer tweet señalaba: “La próxima semana enviaremos a la Asamblea Legislativa nuestra propuesta de Ley de Agua. Una deuda histórica en nuestro país, que pasó más de 15 años siendo discutida en la Asamblea, si ningún resultado”. Y agregó, “Estoy seguro que la nueva Asamblea podrá aprobar una ley integral, que realmente beneficie a la población y garantice el agua como un derecho humano, en no más de 90 días”.
Sobre esos 15 años de trabajo y lucha social, Omar Serrano valoró que “no han sido en vano, porque nada ha logrado más consenso en el país, que el derecho humano al agua, nada y nadie”, indicó.
Asimismo, reiteró que en la más reciente encuesta realizada por el (IUDOP), el 99.5 % de la población “estuvo de acuerdo que el agua es un derecho humano”, por lo tanto, esa normativa jurídica deberá contar con ese enfoque para garantizar la inclusión social del pueblo salvadoreño.
“Toda esa unanimidad sobre el tema como derecho humano al agua, es un logro de las comunidades y el movimiento social y todas las instancias que hemos estado involucradas en el proceso. Como la propuesta ciudadana que presentamos en enero de 2020, y que después de tantos años, logramos consensuar entre toda la ciudadanía representada en este esfuerzo en cinco puntos básicos”, señaló Serrano.
Los cinco puntos básicos y no “negociables”, que enumeró la Alianza, son: El Agua como un Bien Público, Derecho Humano al Agua y Saneamiento, Gestión Pública con Participación Efectiva de la Sociedad Salvadoreña, Gestión Sustentable de las Cuencas Hidrográficas y el Régimen Económico Justo y Equitativo.
En cuanto a la “pérdida del debate” dentro del Plenario por el control apabullante de la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa, que ha tomado decisiones que han sido calificadas de “arbitrarias” jurídicamente, Amalia López, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, indicó que esperan que durante los “90 días”, anunciados por el presidente Nayib Bukele, para aprobar una Ley General de Aguas, se escuche a las comunidades y el movimiento social.
“Esto es preocupante y es lamentable, porque parece que la bancada mayoritaria en este momento (Nuevas Ideas), no tiene criterio propio, no está en disposición de discutir las propuestas -es preocupante- el agua es un tema fundamental, estamos hablando de la vida. Porque el agua junto a la soberanía alimentaria es primordial, porque un pueblo sin agua, sin comida va justamente a la extinción”, argumentó López.
Asimismo, rechazó públicamente cualquier intento de “pasar una ley inconsulta”, al referirse a la Asamblea Legislativa, que se encuentra trabajando a través de decisiones que provienen de Casa Presidencial.
Y descalificó el tweet del presidente del Legislativo, Ernesto Castro, quien afirmó que el agua será bien público, derecho humano y no será privatizada.
“Ojo la Ley del Agua que iniciará la próxima semana es una reivindicación histórica del pueblo salvadoreño, no de partidos moribundos ni de organizaciones de fachada”, dice el tweet de Castro del 11 de junio pasado.
Para López, este señalamiento del presidente del órgano Legislativo no tiene fundamento, al acotar que representan a amplios sectores de la población que se encuentran atentos a esta norma jurídica sobre el agua.
“Hemos participado en estas discusiones, hemos aportado a la propuesta, y recordemos que como sociedad civil en ningún momento somos los obligados a presentar anteproyectos, pero debido a que los parlamentos anteriores han fallado y otros no tienen las experticias o conocimientos territoriales que tenemos las organizaciones de sociedad civil, pues nos hemos dado a la tarea a sacar nuestros recursos para generar propuestas que contienen argumentos técnicos que son fundamentadas científicamente y consultadas con el resto de la población”, añadió.
Sobre el “secretismo” para tratar temas tan sensibles como el agua, Amalia consideró que es una incógnita aun el trabajo del comisionado del Agua de la presidencia y expresidente de ANDA, Frederick Benítez, quien anunció en septiembre del año pasado, la construcción de una “propuesta de ley junto a la FAO”, pero aún no conocen parte o el total del documento en cuestión, lo que genera dudas al movimiento social.
“La propuesta que pretenden enviar esta semana al parlamento, tampoco se conoce -en lo personal- me genera desconfianza, porque una propuesta que no ha sido consultada con la mayoría población que son los interesados en este asunto, es muy probable que su contenido no esté en favor del pueblo, y llevé intereses de privados escondidos. Por eso creemos que esto debe conocerlo y discutido con los diputados de oposición y la bancada mayoritaria, poniéndose a la altura de las circunstancias históricas”, aclaró.
