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Patricia Meza
@DiarioCoLatino
El arzobispo de San Salvador José Luis Escobar Alas abordó el tema de la Ley de Aguas señalando enérgicamente qué se debe garantizar el derecho a que toda persona tiene, y que este recurso debe ser manejado por el Estado y no por la empresa privada.
En su conferencia dominical, el Arzobispo reiteró: “No estamos de acuerdo que la empresa privada maneje mayoritariamente el recurso, ya que debe ser el estado”.
El mismo Papa Francisco en su Encíclica Laudato, se refiere a los graves daños que significa la privatización al convertir el recurso del agua en una mercancía.
El Papa advierte que hay una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable y que no permitirán que los pobres mueran de sed.
Además, dejó claro que de ninguna manera están siendo manipulados por algún grupo político o grupo de poder, sino, le mueve el bien común qué es lo que debe defender la iglesia.
La iglesia ha montado una campaña para recoger un millón de firmas a finales de agosto y estás serán presentadas a la Asamblea Legislativa.
La exigencia es que se apruebe una Ley General de Agua justa y pública en la que el gobierno tenga la prevalencia en la toma de decisiones y así asegurar que el agua se proteja y se sirva a todos con eficiencia y seguridad.
Sobre acusación de sacerdote
“Pido perdón públicamente en nombre de la iglesia a la víctima, a sus padres y a la sociedad salvadoreña”, fueron las palabras del Arzobispo al referirse a la acusación contra un sacerdote por agresión sexual, en un joven de 16 años.
Escobar dijo que les sorprendió la denuncia el pasado 14 de junio, por parte de los padres de la víctima, ya que el Presbítero José Adonai Chicas, párroco de la iglesia Nuestra señora del Pilar, en Zaragoza, departamento de La Libertad, no dio indicio y había mantenido una buen pastoral.
El arzobispo señaló que se debe cumplir el proceso para demostrar si es culpable o inocente. El estado clerical inició el caso y por el momento se ha separado de sus funciones al acusado, dijo el jerarca católico.
La denuncia fue puesta en la curia arquidiocesana y la iglesia se ha comprometido a iniciar el debido proceso canónico. El pasado 21 de junio el sacerdote fue notificado de la denuncia y el 22 de junio se decretó una medida cautelar de suspensión de todas sus facultades sacerdotales.
“Nos duele grandemente este acontecimiento, ya que la iglesia es madre de todos sus hijos y debe velar por todos, pero principalmente por los más pequeños”, agregó.
Por el momento respetarán el debido proceso penal y policial que se desarrolla contra el sacerdote.
