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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
Si quedaran dudas del servicio del sistema judicial a la injusticia, viagra baste percatarnos de dos de sus fallos ocurridos el miércoles 16 de diciembre y el viernes 18 de diciembre recién pasado. No cabe duda que existirán jueces y magistrados honestos, viagra sale pero las resoluciones a las que haremos referencia demuestran que abundan los funcionarios judiciales a los que ni el juego de apariencias les importa cuando se trata de favorecer a la derecha y a quienes tienen dinero sin importar lo evidente de sus delitos.
1ro. El viernes 18 de diciembre una Cámara de lo Penal ordena que Francisco Flores Pérez ex Presidente de la República y Presidente Honorario del Partido ARENA, salve deje el centro penitenciario en el cual espera ser juzgado por varios delitos; le anulan el delito de lavado de dinero alegado por la querella y admitido por el Juez. Se sabe que la defensa de Francisco Flores, había solicitado casa por cárcel alegando supuestos problemas de salud; pero igual que hace la Sala de lo Constitucional cuando resuelve aspectos no pedidos, esta cámara además de dejar ir a su casa a Francisco Flores le anula el delito de lavado de dinero, sin que se le hubiera pedido.
Es un hecho que recuerda otros, como la fuga García Prieto o la desaparición del ex director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y muchos otros detestables hechos de corrupción que siguen sin ser juzgados o que obtienen fallos favorables a su interés y que demuestran cuanta falta hace un sistema de justicia realmente justa.
Francisco Flores recibió millones de dólares del Gobierno de Taiwán que debieron ser utilizados para mitigar el sufrimiento de familias que lo perdieron todo en el terremoto ocurrido en el 2001, él mismo declaró haber recibido esos fondos ante la Comisión Especial que la Asamblea Legislativa formó para averiguar el destino de esos dineros; otros ex funcionarios confesaron que esos fondos llegaron a una FUNDACIÓN creada por miembros de ARENA y pasaron a las cuentas de ese partido. Esta actuación representa una burla al pueblo salvadoreño.
2do. La Sala de lo Constitucional comunicó a la Asamblea Legislativa el pasado jueves 16 de diciembre una aclaración sobre un fallo pronunciado con anterioridad sobre la Ley de Telecomunicaciones. En esencia la Sala de lo Constitucional establece que los actuales poseedores de frecuencias dentro del espectro radioeléctrico de nuestro país deben seguirlo siendo, y además serán los dueños del “dividendo digital”, frase con la cual se conoce el efecto de pasar de un sistema análogo a digital y que automáticamente genera una ampliación. Esa circunstancia debía ser aprovechada por el Estado salvadoreño en favor del pluralismo cultural y de necesidades públicas y comunitarias en el año 2018.
Esta aclaración es resuelta en contrasentido a quienes representando el interés de las radios comunitarias pidieron la inconstitucionalidad y la aclaración (REDCO), esta resolución está hecha a la medida e interés de las empresas dueñas de radios y canales de televisión para reafirmar la condición monopólica existente.
La Sala de lo Constitucional emite esta resolución y aclaración en estos términos a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en tiempos que uno de los magistrados era parte de la misma, se pronunciara en favor de legislar para asegurar al menos tres formas de gestión en el espectro radioeléctrico (privada, comunitaria y estatal). Los magistrados no ignoran que el espacio es limitado, que ya está saturado, pero que el cambio tecnológico podría facilitar ampliar las oportunidades de información, el pluralismo cultural y la diversidad de gestión de medios de comunicación.
En la práctica usurpan la facultad legislativa y la facultad ejecutiva, en los hechos legislan y amplían el dominio del espacio a otros que surgirán con el cambio tecnológico a los mismos usuarios actuales, sin detenerse siquiera a indagar la forma en que cada uno obtuvo los referidos canales o frecuencias radiales.
Quienes acudieron a la Sala con esperanza de encontrar justicia en las formas de gestión de canales y frecuencias radiales, esperaban un resultado diferente, son los excluidos de hoy y de antes de la firma de los Acuerdos de Paz; son quienes quieren que lo público sea público y que el Estado asegure equidad en las oportunidades como lo afirman diversas resoluciones de la OEA y ONU encargadas de velar por la libertad de expresión.
Como puede verse en ambas resoluciones de las instancias más altas de nuestro órgano judicial, estamos lejos aún de que se cumpla la necesidad de justicia en nuestro país, sigue ocurriendo con frecuencia lo que Monseñor Romero apuntara en este campo “…que la justicia es como la serpiente que siempre pica al descalzo”.
