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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
En un reciente informe presentado por la organización internacional Médicos sin Fronteras (MSF) señala que la población deportada reciben un mayor impacto en los centros de cuarentena por la pandemia COVID-19, en cuanto a los derechos de acceso a servicios médicos y condiciones de prevención de contagio.
La organización internacional médico-humanitaria manifestó que la población en comunidades afectadas por violencia que son estigmatizados por esta situación, tienen un acceso difícil a las rutas de atención en casos de sospechas de contagio de coronavirus.
“El acceso a servicios médicos en casos no relacionados a COVID-19, incluyendo las urgencias, es irregular. Esto se debe principalmente al temor y estigma que tienen estas comunidades por la presencia de pandillas y de conflicto entre estas con las fuerzas de seguridad”, detallaron.
Ante esta situación y coordinación con algunas comunidades, Médicos Sin Fronteras ha facilitado personal de salud para la observación de casos sospechosos de coronavirus durante esta emergencia en zona de difícil acceso por el temor del personal de salud a la presencia de pandillas.
Médicos sin Fronteras también ha recibido peticiones de ayuda de la población de alimentos, debido a la dificultades de acceder a estos de manera más fácil durante la cuarentena, y otras vulnerabilidades como contar con un servicio regular de agua, que es indispensable en las medidas de prevención contra el COVID-19, en el país.
En cuanto a los centros de contención habilitados por el Gobierno para la población deportada, Médicos sin Fronteras observaron que pese a la asistencia médica y otros servicios básicos, perciben incertidumbre sobre su proceso de confinamiento y salud.
Entre los principales temores expresados por la población deportada se encuentran los motivos de violencia que obligaron a muchos a huir y por lo cual algunos muestran cuadros de depresión y ansiedad.
Otra inquietud que mencionan, es que al terminar la cuarentena de 30 días, la mayoría desconoce su proyección de vida en un país en cuarentena. Además, las condiciones de los centros de deportados son distintas a la población que ingresa por fronteras terrestres o vuelos comerciales, en los cuales no se han garantizado medidas estratégicas como distanciamiento físico y medidas individuales de prevención.
Stéphane Foulon, coordinador general de Médicos Sin Fronteras en el país expresó: “Es entendible y lógico que la principal fuerza de las autoridades de salud y la cooperación se destine a la pandemia, pero este impacto diferenciado es algo que hay que tener en cuenta. Las emergencias médicas y demás padecimientos no se detienen y los actores de salud debemos de asegurar formas de garantizar el acceso a la salud en casos de COVID-19 y también en casos no relacionados a esto”.
Asimismo, agregó con respecto a personas que viven en sectores populosos como los municipios de Soyapango e Ilopango, que han sido catalogadas como “rojas”, por la violencia, dejan en desventaja al acceso sanitario incluidas las coyunturas por emergencias médicas como la lucha contra el COVID-19. Según información oficial son unas 190,000 personas entre ambos municipios.
“Médicos Sin Fronteras ha trabajado en otras emergencias en el país en el pasado y recientemente facilitando acceso a servicios de salud a población afectada por violencia en Soyapango, Ilopango y San Salvador. En la actualidad, en coordinación con el MINSAL, MSF ha adaptado sus actividades para colaborar con la población en el contexto de la pandemia. Y hemos continuado brindado servicios de traslados por emergencia no relacionadas a COVID-19, ampliando nuestro servicio de ambulancias en apoyo al Sistema de Emergencia Médica (SEM) en Soyapango, Ilopango; incluyendo Tonacatepeque, Ciudad Delgado y San Martín”, informó.
MSF en El Salvador brinda, además, atención primaria en brigadas médicas de Soyapango y San Salvador, adoptando medidas estrictas de control de prevención de infecciones y evaluando asistencia a distancia en caso de ser necesario.
