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Oscar López
@Oscar_DCL
Saúl Baños, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) externó la posición de la organización sobre el decreto Ejecutivo aprobado para prorrogar el estado de emergencia por el nuevo coronavirus (COVID-19).
“El Decreto No. 18, al no haber sido emitido por la autoridad constitucionalmente habilitada, que es la Asamblea Legislativa, y mediante el procedimiento de formación de la ley establecido por la Constitución, a juicio de FESPAD y de acuerdo al artículo 164 de la Constitución, ese decreto es nulo, pero esto debe de ser declarado por la Sala de lo Constitucional”, afirmó Baños.
Asimismo, el director ejecutivo de FESPAD agregó: “Consideramos que el presidente de la República excedió sus facultades constitucionales, usurpó facultades exclusivas de la Asamblea Legislativa. La Constitución de la República le otorga al presidente facultades de producción normativa en aspectos concretos, es una facultad que no permite mayor interpretación; es decir, que tiene esa facultad cuando concurren ciertas circunstancias que hoy no han concurrido”, aseguró Baños.
Esta circunstancia es que la Asamblea Legislativa no estuviere reunida; sin embargo, Baños explicó que el Legislativo sí se encuentra en la posibilidad de sesionar, por lo que el argumento del Ejecutivo carece de validez.
“Incluso al final del Decreto No. 18 aprobado por el Ejecutivo se lee que ese decreto será presentado a la Asamblea Legislativa en la sesión del lunes por la tarde; es decir, que ellos mismos (Ejecutivo) prueban que sí tenían conocimiento de que la Asamblea está en su funcionamiento ordinario y normal”, indicó Baños.
Por lo que FESPAD consideró que existe una contradicción en el discurso de los funcionarios del Ejecutivo, que por un lado sostienen que emitieron el decreto porque la Asamblea Legislativa no está reunida, pero en el mismo decreto plantean que enviarán el decreto al primer órgano de Estado.
El director ejecutivo de FESPAD agregó que la única justificación que encontraron para la declaratoria de emergencia nacional, a través de un decreto Ejecutivo, es facilitar al Gobierno la “disposición libre y sin cumplimiento de los requisitos ordinarios que debe de cumplir para la contratación de bienes y servicios”, dijo.
Baños agregó: “El decreto le permitiría al Ejecutivo hacer esa disposición libre de bienes, de contratación, sin que rinda cuentas el ministro de Hacienda sobre las transferencias que pueda estar haciendo entre una cartera y otra; pueden comprar insumos a precios sobrevalorados, no se sabe qué empresas son las que se contratan porque no se sigue el procedimiento ordinario que establece la LACAP. Tampoco están funcionando las Oficinas de Información y Respuesta en la que los ciudadanos podemos hacer una petición para saber qué es lo que se está comprando, a qué precio y a quiénes se les está comprando”.
El director ejecutivo de FESPAD agregó que la declaratoria de estado de emergencia posibilitó la emisión de más de veinte decretos ejecutivos en el ramo de salud, que regularon a la población ante la pandemia y que permitieron abusos de autoridad.
