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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La semana pasada, un grupo de abogados presentaron ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad en contra del Tribunal Supremo Electoral por la supuesta omisión en las investigaciones que se le han realizado a los candidatos: Rodolfo Parker, del Partido Demócrata Cristiano; Carlos Reyes y Norman Quijano, ambos de Alianza Republicana Nacionalista.
A Carlos Reyes se le cuestiona el supuesto incremento en su patrimonio en los veintitrés años que lleva como legislador, que al parecer tiene registradas a su nombre 122 propiedades cuyo monto ronda $1.6 millones, según dijo el abogado que interpuso la demanda en su momento. “Nosotros los funcionarios tenemos que cumplir con la ley y, por lo tanto, la ley nos dice que cada vez que vamos a ingresar a un puesto público debemos de cumplir y presentar todas nuestras propiedades e ingresos a la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, en mi caso, ahí esta toda esa información”, señaló el diputado Reyes, jefe de fracción de ARENA en la Asamblea Legislativa.
El jefe de fracción de derecha negó dicha información y la catalogó como “un ataque sistemático político”. “Jamás voy a tener esa cantidad de propiedades que se mencionan; allí está el Registro Público de Probidad y cualquier ciudadano puede consultarlo”.
“Es lamentable que en campaña política se den este tipo de ataques. Yo tengo todas mis declaraciones de probidad, tengo todas mis constancias donde dicen que he cumplido con la ley y que tengo cumplimiento total”, acotó el diputado Reyes.
A Rodolfo Parker, diputado del PDC, lo señalaron de haber recibido un aproximando de tres millones de dólares durante la presidencia de Mauricio Funes. Además, la Corte Nacional Española le implica de haber entorpecido las investigaciones y haber ayudado al alto mando de la Fuerza Armada para evadir responsabilidad en el caso de la masacre de los padres jesuitas de la UCA.
“Dicen muchísimas cosas, pero no presentan ningún tipo de evidencia. Están mintiendo, no se puede probar lo que materialmente no existe, no se puede acusar a alguien de lo que realmente no ha hecho”, expresó el diputado Parker.
El diputado le atribuyó las acciones de los abogados al presidente de la República, Nayib Bukele. “Por nuestra parte no tenemos nada de qué defendernos, si no hemos hecho absolutamente nada fuera de la ley. Lo que estamos observando es que estamos ante una situación donde (Bukele) ya mintió, robó, quebró al Estado, sembró odio”, sostuvo el parlamentario.
Mientras que a Norman Quijano se le señala de pactar con pandillas para obtener apoyo electoral en las elecciones de 2014. El parlamentario arenero, quien corre por una diputación en el Parlamento Centroamericano, lo catalogó como una forma de “persecución política”, ya que “no desmayan tratando de sacarme del escenario político”, dijo.
