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Redacción Nacionales
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En redes sociales circuló la información que el diputado Alberto Romero fue trasladado al hospital Rosales, debido a una descompensación al no recibir alimentación la noche del viernes ni la mañana del sábado pasado.
Extraoficialmente se conoció que la falta de alimentos por casi 18 horas afectó los niveles de glucosa, así como los padecimientos de hipertensión, por lo cual, fue llevado a Medicina Legal para un chequeo, de donde lo trasladaron al hospital Rosales. Sin embargo, está información no fue confirmada por las autoridades.
El diputado fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) tras una orden emitida por Fiscalía General de la República (FGR), luego que la Asamblea Legislativa lo desaforara, al considerar indicios de posible cometimiento de lavado de dinero y activos, así las autoridades podrán continuar el proceso penal en las instancias correspondientes.
Al haberle quitado el fuero, el integrante del partido ARENA fue suspendido de su cargo como legislador, el cual ocupó durante 23 años.
Según los diputados de la Asamblea Legislativa, Romero tiene distribuidos en cuatro cuentas bancarias un total de $1,162,388.05; además, existen otras 28 cuentas que serán investigadas por las autoridades.
El requerimiento reveló que había empleados vinculados al partido ARENA quienes le depositaban dinero en efectivo a su cuenta y a la de la esposa de Romero. Además, por acuerdo de la entonces junta directiva de esa legislatura recibía doble bono, es decir $10,000.
El artículo 333 del Código Procesal Penal establece que el funcionario, autoridad pública o empleado público que con ocasión del cargo o de sus funciones obtuviere incremento patrimonial no justificado, será sancionado con prisión de tres a diez años.
Mientras tanto, el artículo 4 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos determina que se entenderá por lavado de dinero y de activos, cualquier operación, transacción, acción u omisión encaminada a ocultar el origen ilícito y a legalizar bienes y valores provenientes de actividades delictivas cometidas dentro o fuera del país.
Carlos Saade, presidente de ARENA, dijo que culminó un proceso ilegal y arbitrario, nulo desde su inicio, espera que los jueces de la Cámara, quienes reciban este caso, sean independientes y juzguen de conformidad a las leyes, la justicia, verdad, imparcialidad y la Constitución de la República.
“Cuándo veremos los procesos en contra de Osiris Luna y Carlos Marroquín, cuándo veremos que se judicialicen las investigaciones por el caso Catedral y la extinta CICIES. Cuándo veremos verdadera justicia”, cuestionó Saade.
El presidente de la República, Nayib Bukele, publicó en redes sociales que el caso de Romero es un mensaje para todos los funcionarios, anteriores y actuales, “así terminarán todos los que roben el dinero del pueblo”, recalcó el mandatario, anticipando la decisión judicial.
