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Por Francisco Jara
La Habana/AFP/Redacción Internacionales
El gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC retomaron las negociaciones de paz este martes en Cuba para discutir sobre reparación a las víctimas del conflicto armado y los planes de desminado, viagra en un clima de desconfianza mutua.
«Las FARC estamos empeñadas en firmar un acuerdo de paz estable y duradero», declaró a la prensa el comandante guerrillero Pastor Alape al inicio del trigésimo sexto ciclo de pláticas en busca de acabar un conflicto armado interno de medio siglo, el último en América Latina.
Los negociadores volvieron a reunirse en un clima de desconfianza mutua, como consecuencia de la muerte de 11 militares hace dos semanas en una emboscada guerrillera en el Cauca, oeste de Colombia, en medio de una tregua unilateral por tiempo indefinido de las FARC.
Después de ese incidente ambos bandos dijeron que se mantendrán en la mesa de negociaciones, pero el presidente colombiano Juan Manuel Santos ordenó reanudar los bombardeos aéreos sobre posiciones de las FARC, que había suspendido en marzo en señal de buena voluntad.
Las FARC, que mantuvieron su tregua unilateral, exigieron este martes que el Estado haga «un reconocimiento necesario» de su «responsabilidad» en la violencia política que ha desangrado a Colombia.
«Es evidente (…) que el Estado en Colombia es un Estado Infractor» de las normas internacionales, afirmó Alape.
«A pesar de estar sentado en la Mesa de Diálogos (…) continúa manteniendo (el Estado colombiano) su inveterada costumbre de incumplir con su obligación de respetar sus compromisos y sus propias leyes», agregó.
El jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, no formuló declaraciones a la prensa este martes, pero al cierre del ciclo anterior de pláticas, hace ocho días, acusó a las FARC de haber «incumplido» su palabra.
«Lo que las FARC han incumplido es su propia palabra. Su promesa de declarar y mantener un cese de fuego unilateral», dijo De la Calle en esa ocasión, agregando sin embargo: «No vamos a desistir de continuar este camino del diálogo» para lograr la paz.
El ataque a un pelotón del Ejército en Cauca el 15 de abril ha estimulado las críticas de los enemigos del proceso de paz y ha elevado las tensiones entre las delegaciones negociadoras mucho más que cuando los rebeldes capturaron el 16 de noviembre de 2014 a un general, a quien liberaron al cabo de dos semanas.
Generales y rebeldes preparan desminado
En esta ronda de pláticas las partes trabajarán en tres temas: la reparación de las víctimas, la limpieza de minas y posibles escenarios para el fin del conflicto, que ha dejado 220.000 muertos y 5,5 millones de desplazados, según cifras oficiales.
Hasta ahora las partes han consensuado tres de los seis puntos de la agenda: reforma rural, participación política y drogas ilícitas.
Los negociadores «plenipotenciarios» se abocarán en este ciclo, que culminará el 8 de mayo, a la discusión sobre víctimas, mientras en los próximos días generales y guerrilleros prepararán la limpieza de minas y hablarán sobre aspectos «técnicos» para un cese definitivo de hostilidades.
La intención de las partes es comenzar el desminado en mayo.
Ambas partes alcanzaron el 7 de marzo el histórico compromiso para limpiar las minas antipersonales sembradas en al menos 668 de los 1.100 municipios de Colombia, con apoyo de una organización noruega especializada en desminado.
Noruega es «garante» del proceso de paz, igual que Cuba, mientras que Chile y Venezuela son «acompañantes».
El fin del conflicto es el siguiente punto que abordarán los plenipotenciarios una vez que cierren la discusión sobre víctimas.
La responsabilidad del Estado, un reconocimiento necesario para alcanzar la paz, afirma las FARC (Comunicado)
Un total de 19 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia durante el primer trimestre de este año y otros 249 fueron amenazados, según la ONG Somos Defensores. 295 defensores de derechos humanos fueron víctimas de algún tipo de agresión en ese periodo, multiplicándose por 3 los casos de amenazas e incrementándose el número de homicidios respecto al mismo periodo del año 2014. El citado informe atribuye a paramilitares e integrantes del Ejército la responsabilidad de la totalidad de los asesinatos.
Citando un informe de la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas en Colombia (OCHA), el Coordinador Residente de la ONU en Colombia afirmó el 9 de abril que: “En las partes más apartadas de Colombia, en las regiones rurales, en los últimos años los homicidios selectivos de defensores de Derechos Humanos y líderes sociales han ido bajando. Este año en los primeros tres meses hemos visto un aumento muy significativo…”
Si sumamos que en el desarrollo de los combates contra la insurgencia en tregua unilateral, las fuerzas institucionales no respetan el principio de distinción, este panorama tiende a agravarse, y como es habitual en nuestro país, la totalidad de los responsables de los anteriores crímenes permanecen en la impunidad. Todo lo cual pone de manifiesto que la responsabilidad del Estado, por acción unas veces y otras por omisión, a consecuencia de la perpetración de graves crímenes internacionales, sigue siendo una realidad insoslayable.
Conforme a la legalidad aplicable en el contexto internacional, la responsabilidad penal internacional de los agentes del Estado, aun en el caso de ser eficazmente exigida -lo que no parece ser el caso en Colombia- no constituye una excusa para desactivar la responsabilidad agravada del Estado, tanto por los actos criminales de sus funcionarios como por la omisión en su persecución.
La Resolución sobre la Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos (A.G. NN.UU., 28 enero 2002) establece claramente que se da un hecho internacionalmente ilícito del Estado cuando hay un comportamiento consistente en una acción u omisión.
En ningún otro país del mundo, se han conocido presidentes que organizaran y dirigieran ejércitos de narco paramilitares o que proclamaran abiertamente ante las cámaras de televisión haber cometido crímenes de guerra al ordenar ejecutar sumariamente a líderes rebeldes capturados y fuera de combate a los que nunca se hizo comparecer ante un tribunal.
Es evidente, entonces, que el Estado en Colombia es un Estado Infractor que, a pesar de estar sentado en la Mesa de Diálogos desde hace más de dos años con el propósito de poner fin a un conflicto social político y armado de larga data, continúa manteniendo su inveterada costumbre de incumplir con su obligación de respetar sus compromisos y sus propias leyes.
Las FARC-EP estamos empeñados en firmar un acuerdo de paz estable y duradero. Pero ello solo será posible si con el concurso del pueblo soberano, el Gobierno, -máximo responsable de garantizar los derechos de los ciudadanos-, abre paso a la erradicación definitiva delEstado Infractor, y da garantías plenas de no repetición.
