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Mil ochocientas sesenta y cuatro armas de fuego fueron destruidas por el Ministerio de la Defensa Nacional. Foto Diario Co Latino.

Destruyen más de ocho mil armas de fuego incautadas

Joaquín Salazar
@JoakinSalazar

No más armas de fuego ilegales en las calles. La principal causa de las muertes violentas generadas en el país son perpetradas por parte de miembros de estructuras criminales con armas de fuego obtenidas de forma ilegal o robadas a terceros, situación que ha venido combatiendo la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador a través de los operativos donde se ejecuta las incautaciones.
El Ministerio de la Defensa Nacional, a través de la Dirección de Logística, en coordinación con la División de Armas y Explosivos de la Policía y la Fiscalía General de la República realizaron la destrucción de dos mil 864 armas de fuego, lo que permite tener un mayor control de las armas que circulan en el territorio salvadoreño.
Entre las armas de fuego destruidas se encuentran 1,386 armas cortas entre revólver, pistolas y subametralladoras, 333 armas largas: carabinas, escopetas y fusiles, y 156 armas de fabricación artesanal conocidas también como hechizas.
Estas armas de fuego destruidas proceden de las incautaciones realizadas por infracciones a la Ley de Armas, las que no han sido reclamadas por sus propietarios en el término de seis meses a partir de su decomiso, aquellas armas involucradas en hechos delictivos que han sido utilizadas e involucradas en la comisión de delitos y las que ha sido autorizada su destrucción por las autoridades judiciales.
Según datos del Ministerio de Defensa se contabilizan más de cincuenta mil armas de fuego destruidas desde el año 2000 al 2016. Situación con la que el Ministerio de la Defensa Nacional cumple con lo establecido en el artículo 217 de la Constitución de la República, sobre el control y la regulación por parte del Estado en el uso, fabricación, importación, exportación y comercio de arma de fuego, municiones, explosivos y artículos similares.
Previo a la destrucción del armamento, las autoridades elaboraron un acta para verificar la legalidad de proceso, en presencia de los representantes de la PNC y FGR, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 75 y 76 de la Ley de Armas y al Reglamento Especial.

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