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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La primera acción de los diputados de Nuevas Ideas, GANA, PDC y PCN fue destituir a los cinco magistrados propietarios y los cinco suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, así como al fiscal general de la República. Ambas decisiones fueron propuestas por Nuevas Ideas, solicitando dispensa de trámite (un método para aprobar sin discusión las iniciativas y decretos). Tanto los miembros de la Sala como el fiscal fueron removidos con 64 votos.
Tras la toma de posesión de la nueva legislatura, la diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, pidió al pleno legislativo la introducción de una pieza de correspondencia en la que establecía la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En el momento que se dio a conocer, los diputados se levantaron y aplaudieron.
Los abogados propietarios destituidos fueron José Óscar Armando Pineda Navas, Aldo Enrique Cáder Camilot, Carlos Sergio Avilés Velásquez, Carlos Ernesto Sánchez Escobar y la magistrada Marina de Jesús Marenco de Torrento, mientras que los magistrados suplentes fueron, José Cristóbal Reyes, Sánchez Jorge Alfonso Quinteros Hernández, José Luis Lovo Castelar y Sonia Cortez de Madriz.
Los diputados se basaron en el artículo 186 de la Constitución de la República, el primer inciso dice que “los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por la Asamblea Legislativa para un período de nueve años, podrán ser reelegidos y se renovarán por terceras partes cada tres años. Podrán ser destituidos por la Asamblea Legislativa por causas específicas, previamente establecidas por la ley. Tanto para la elección como para la destitución deberá tomarse con el voto favorable de por lo menos los dos tercios de los diputados electos”.
Parte de la iniciativa que leyó la diputada Elisa Rosales dice que los exmagistrados de la Sala actuaron en contra de la Constitución, “poniendo en primer lugar intereses particulares por sobre la salud y la vida de toda la población; los pusieron en peligro al no cumplir las medidas que internacionalmente han sido utilizadas”, esto refiriéndose a las medidas que implementó el Gobierno Central, y que la Sala las declaró inconstitucional durante la pandemia.
Según mencionó la iniciativa, la ahora extinta Sala de lo Constitucional emitió sentencias que pretendieron coartar, obstaculizar, modular o regular, los mandatos constitucionales que se le fueron otorgados a los otros órganos del Estado. En concreto, la iniciativa señaló que la Sala usurpó atribuciones del Ministerio de Salud.
El jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, dijo que dicha decisión de destitución de los magistrados “adolece de vicios de forma y también de fondo que invalidan esta decisión”.
El diputado tricolor ejemplificó que la sesión plenaria se estableció sin una agenda, y tras no haber existido y ser avalada por el pleno, ”adolece esta sesión plenaria de nulidad y sus efectos”, comentó.
ARENA y FMLN afirmaron que se trató de un “golpe de Estado”. Dina Argueta, del FMLN, aseguró que el Art. 186 de la Cn. establece que para la destitución de los magistrados debieron ser causas probadas y justificadas, “y lo que hemos visto, en la nota que se ha presentado, simple y sencillamente son prácticamente pensamientos de algunos que no estuvieron de acuerdo con las resoluciones que la Sala emitió en un momento determinado y eso no es causa justificable”, reprochó.
Tras la destitución, el diputado Jorge Castro, de Nuevas ideas, expresó que “para que no quedase acéfala” la Sala de lo Constitucional propuso al abogado, Luis Javier Suárez, quien fungía como comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), al abogado Nahún Martínez, quien fue uno de los defensores de Arriza Chicas en el proceso de antejuicio. A la abogada Elsy Dueña, al abogado José Ángel Pérez Chacón, y a Óscar López Jerez, quien fungía como magistrado de la Sala lo Civil, este último es el nuevo presidente de la Sala de lo Constitucional. De igual forma, el presidente Castro los juramentó.
Tras la juramentación, los magistrados procedieron a ingresar a las instalaciones de la Corte Suprema para “cumplir sus funciones”, entraron a la CSJ junto al secretario jurídico de la presidencia Conan Castro. No brindaron declaraciones a la prensa.
Destitución del fiscal general
También, con 64 votos se destituyó al fiscal general de la República, Raúl Melara, ya que, a juicio de los diputados de Nuevas Ideas, Melara tuvo un vínculo con el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Al exfiscal se le vinculó en fotografías de las elecciones de 2019, el sitio web del partido y en su extracto de hoja de vida, por tal razón su destitución.
Tras la destitución se propuso a Rodolfo Delgado Montes para sustituirlo, este personaje fue el otro defensor de Arriaza Chicas en el proceso de antejuicio. Tras la juramentación, se dirigió a la Fiscalía General de la República.
A Delgado, el nuevo fiscal, se le vincula con el cártel de Téxis, según una información periodística.
