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Yaneth Estrada
@caricheop
La Sala de lo Constitucional declaro la noche del mismo sábado inconstitucional la decisión de Asamblea Legislativa de destituir a los cinco magistrados propietarios y suplentes de esta Sala. “Declárase que la decisión de la Asamblea Legislativa de destituir a los magistrados de esta Sala de lo Constitucional, es inconstitucional, en tanto que viola la forma de Gobierno republicana, democrática y representativa y el sistema político pluralista”, advierte la legítima Sala de lo Constitucional.
Asimismo, la resolución enfatizó que los diputados transgredieron varios artículos de la Carta Magna y aclaró que la causa de destitución no es válida, ya que “la falta de beneplácito del Órgano Ejecutivo no es razón para destituir a jueces constitucionales”.
Esta resolución, añaden los magistrados, entra en vigencia desde su publicación en redes sociales y surte efectos “para toda autoridad y para la población por la gravedad de la situación”.
La ejecutora y las razones
Suecy Callejas -diputada de Nuevas Ideas- explicó durante la plenaria que destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional: “porque no actuaron como se esperaba sobre los decretos de emergencia”.
La exministra de Cultura agregó: “Los magistrados han generado, con sus pronunciamientos y con sus sentencias arbitrarias, un fraude a la Constitución”.
Cabe destacar, que estas sentencias, controversias y “habeas corpus” de la CSJ durante la cuarentena domiciliaria obligatoria llegaron luego que el Gobierno de El Salvador (GOES) realizara detenciones arbitrarias, llevando a cientos de personas a Centros de Contención, dejando a enfermos crónicos sin medicamentos, y niños sin alimento y pañales, limitando los derechos humanos y sin atender a miles de salvadoreños, quienes quedaron varados en varias partes del mundo ante el cierre intempestivo de fronteras debido a la pandemia. Así como restricciones de movilidad, cierre de servicios médicos enfocados únicamente a la COVID-19, y olvidando atención a enfermos crónicos como Lupus, VIH e Insuficiencia Renal (muchos murieron), cierres injustificados de empresas, regular salidas por número de DUI, y principalmente por violentar libertades constitucionales para atender una emergencia sanitaria.
Total rechazo internacional
Ante las actuaciones de la nueva Asamblea Legislativa los expertos, organizaciones y defensores de derechos humanos nacionales e internacionales rechazaron el proceder de los diputados a favor del oficialismo.
José Miguel Vivanco -director de la organización internacional Human Rights Watch (HRW)- manifestó que, al destituir a los magistrados, el presidente Nayib Bukele “rompe con el Estado de Derecho y busca concentrar todo el poder en sus manos”.
Para el relator de la ONU, politólogo y jurista, Daniel Zovatto, “la democracia y el Estado de Derecho están bajo amenaza en El Salvador”.
También el principal asesor del presidente de Estados Unidos, Joe Biden para Latinoamérica, Juan González aseguró, en redes sociales, que la solicitud de destitución de la CSJ, “no era así”
Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados dijo que “un órgano judicial independiente es el cimiento de toda la democracia”.
Mientras que el representante de la ONU en Centroamérica, Alberto Brunori, llamó respetuosamente a la Asamblea Legislativa “a garantizar la independencia del poder judicial”.
Respuesta nacional
A nivel nacional, Manuel Escalante -subdirector del IDHUCA- le recordó al Ejecutivo que la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) ya condenó a El Salvador por violar garantías judiciales, por destituir magistrados sin un procedimiento previamente establecido (Caso Colindres vs El Salvador). Añadió que lo hecho por la Asamblea “también violenta órdenes internacionales”.
Arnau Baulenas -coordinador del IDHUCA- mencionó que esto pasó en 1996 cuando el PDC destituyó al Magistrado del TSE, Dr. Eduardo Colindres. Donde la Corte IDH condenó a El Salvador.
El Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) condenó la iniciativa y denunció que se está fraguando un intento de Golpe de Estado. Además, llamó a la comunidad internacional a estar atentos a las decisiones de la Asamblea.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) alertó que la Constitución de la República no permite “este tipo de decisiones”, que constituyen una “ruptura del orden constitucional”.
La organización Acción Ciudadana, en tanto, afirmó que esta iniciativa es una “grave alteración del orden constitucional” sobre la separación de poderes.
Además el defensor y exprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales sugirió que existe un “Golpe de Estado técnico” en El Salvador.
También expresaron su preocupación por lo que sucede en El Salvador Cristosal, CCPDH y Annistia Internacional, OEA y CEJIl, entre otros.
“La independencia judicial es un elemento fundamental en cualquier Estado”, afirmó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Este fin de semana el mundo atestiguó un intento más de las autoridades salvadoreñas de llevar al país a aquellos momentos de su historia donde los derechos humanos eran pisoteados cotidianamente”.
Rosas afirmó que “la independencia judicial es un elemento fundamental en cualquier Estado que se dice respetar los derechos humanos. Al atacarla, la asamblea legislativa le muestra al mundo su desprecio a estos derechos, incluyendo el acceso a la justicia”.
