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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica de El Salvador aseguró que los hechos ocurridos el pasado 1 de mayo, donde la Asamblea Legislativa destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema Justicia (CSJ) y fiscal general de la República es un ataque a la independencia judicial, la cual es un pilar básico en el diseño de pesos y contrapesos del sistema republicano.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido que la independencia judicial, es esencial al principio de división de poderes, porque ambos elementos son imprescindibles para la comprensión de un auténtico Estado de Derecho.
Carolina Constanza -representante de la Comisión Pro Memoria Histórica- señaló que la destitución de los funcionarios constituye un grave rompimiento del orden democrático y es contrario al sistema republicano establecido en la Constitución; significa eliminar las únicas instituciones del Estado con capacidad para controlar el ejercicio del poder público de parte del Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.
“Lamentamos que la primera sesión de la Asamblea Legislativa haya sido para quebrantar el orden constitucional y no para abordar temas fundamentales que la anterior legislatura no quiso asumir, como aprobar una Ley de Reconciliación Nacional que garantice el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado”, manifestó Constanza.
Asimismo, pidió respeto a la institucionalidad del país, el principio de separación de los poderes públicos implica una distribución de las funciones del Estado, a través de una adecuada organización de relaciones, controles mutuos y recíprocos, pues de lo contrario no se puede vivir en una sociedad democrática. Hizo un llamado a la comunidad internacional a estar vigilantes del grave deterioro de la institucionalidad del país, a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a aplicar la Carta Democrática Interamericana, teniendo presente que, los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.
“Nuestro llamado es al cuerpo diplomático acreditado en el país a que este vigilante de las actitudes del gobierno, es triste cuando un país ha venido luchando por conquistar derechos y garantías constitucionales, en un momento de un gobierno autoritario quiera socavar lo logrado. Lamentamos que muchas personas todavía estén creyendo que un gobierno de esta naturaleza es el que necesita el país, estamos acostumbrados a que nos posteen la dignidad”, recalcó.
Miguel Montenegro -director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES)- dijo que lo ocurrido el 1 de mayo es un hecho condenable desde cualquier punto de vista, permitir que se valide la destitución de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general es aceptar el daño profundo a la frágil democracia, y que este hecho se vuelva a repetir por los próximos años cuando a un mandatario se le antoje.
Montenegro expresó que el pueblo salvadoreño debe reaccionar y rechazar estas acciones, porque las consecuencias se verán posteriormente, para las organizaciones defensoras de derechos humanos esta situación hace recordar el pasado tan doloroso que vivió El Salvador durante doce años del conflicto armado, “de nuevo el país sufre una herida a la democracia”, reiteró.
