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@GloriaCoLatino
Silvia Elizondo, thumb representante de la Asociación de Mujeres Ixtchel, here afirmó que la “penalización absoluta del aborto” debe discutirse desde una perspectiva de derechos humanos para su despenalización. Y es que “aquí se manda a la cárcel a las mujeres, sin analizar detalladamente las causales”, afirmó.
En vísperas del Día Internacional por la Despenalización de Aborto en América Latina y el Caribe, este 28 septiembre, distintas organizaciones de mujeres feministas realizaron una concentración y recorrido por diversas instituciones de defensa de los derechos de las mujeres en el país.
En El Salvador, desde 1998, el aborto es penalizado de forma absoluta, y deja fuera las diversas causales de salud que las mujeres pueden presentar en el proceso de gestación. Lo que Elizondo consideró una flagrante violación al derecho a la salud de mujeres embarazadas.
“Aquí no se considera, si corre riesgo la vida de la madre, ya sea por un placenta previa, incesto, una violación, o las malformaciones congénitas del feto.
Las mujeres que están siendo procesadas son de escasos recursos y son del sector informal de trabajo”, afirmó.
Las condenas a estas mujeres establecidas en el Código Penal pueden oscilar entre 8 y 15 años pero, estos casos pasan por homicidio culposo y las mujeres llegan a ser sancionadas hasta de 40 años, criticó Elizondo.
“No queremos la injerencia de grupos fundamentalistas en la conformación de políticas públicas de salud y educación, queremos que el gobierno desde el ISDEMU conforme el diálogo para analizar a fondo lo que causa la penalización absoluta del aborto a las mujeres salvadoreñas. Creemos que en la construcción de políticas públicas no se están realizando desde una perspectiva científica sino que influyen los sesgos religiosos y suceptibilidades de otras organizaciones sociales”, acotó.
Entre los años 2000 y 2011 se han procesado por aborto y homicidio agravado a 129 mujeres, de las cuales el 68.22% eran jóvenes entre 18 a 25 años; un 51.27% no recibía ningún tipo de ingreso económico; un 72.86% reportó que sus trabajos consistía en labores domésticas, obreras agrícolas, meseras, vendedoras y empleadas del sector informal. Mientras, 27.14%. eran estudiantes y empleadas de instituciones profesionales.
“Es lamentable, que los hospitales donde acudieron las mujeres en busca de ayuda médica, el 57% de los casos fueron denunciados por el personal médico y enfermería. Aquí se debe trabajar para sensibilizar a este personal y saber de las múltiples condiciones que provoca un aborto”, comentó.
Elizondo reiteró el llamado a despenalizar el aborto por la vida y salud de las mujeres salvadoreñas e invitó al Estado salvadoreño “laico” a emitir leyes con base a datos científicos y con visión de derechos humanos.
“Pedimos el cese de las denuncias y criminalización de las mujeres jóvenes y exigimos educación y reproductiva científica y de calidad a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que posibilite su derecho a decidir”, añadió.
