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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador desarrolló un acto ecuménico para conmemorar el Día Internacional de la Víctima de Desaparición Forzada. El evento tuvo lugar en el Monumento a la Memoria y la Verdad ubicado en el parque Cuscatlán.
La Comisión señaló que “la desaparición forzada de personas ha sido y es una práctica represiva y sistemática implementada en Latinoamérica por gobiernos militares o dictatoriales. En El Salvador, en las décadas de los setenta y ochenta, la desaparición forzada de personas fue una práctica criminal sistemática, ejercida y tolerada por el Estado”.
David Ortiz, de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), destacó que la cifra de personas desaparecidas durante el conflicto armado salvadoreño (1980-1992) podría ascender a 10 mil, esta “práctica que persiste, aún con otras modalidades”.
Ortiz resaltó que en su oportunidad el Comité de Derechos Humanos de la ONU, expresó tener abiertos unos 2,661 casos, entre los años que van de 1980 a 1983 en El Salvador, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, confirmó la práctica de detenciones arbitrarias de personas incluso con antelación al inicio del conflicto armado.
“Tales detenciones eran realizadas usualmente por sujetos vestidos de civil pertenecientes a Cuerpos de Seguridad o al Ejército. Por su parte, la Comisión de la Verdad para El Salvador, en su informe de marzo de 1993, estableció categóricamente la existencia de prácticas de las desapariciones forzadas en El Salvador durante el conflicto armado”, agregó Ortiz.
La Comisión Pro memoria Histórica recordó que la convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones, establece que la práctica generalizada y sistemática de la desaparición forzada realizada por los Estados y organizaciones vinculadas o toleradas por éste, “constituyen crímenes de lesa humanidad y son imprescriptibles; es decir, que pueden ser perseguidos en todo momento y lugar”.
En ese sentido, Ortiz planteó que el Estado está obligado a investigar estos crímenes de lesa humanidad, a procesar y sancionar a los responsables tanto materiales como intelectuales, cumpliendo con el derecho a la justicia, verdad y reparación que constitucionalmente corresponde a las víctimas, sin invocar figuras jurídicas para sustraer a los responsables o auto sustraerse de la justicia”.
Es en dicho contexto que corresponde a la Fiscalía investigar dichas violaciones a derechos humanos sin dilaciones.
La comunidad afectada por el conflicto armado ha pedido una Ley de Justicia Transicional, esto tras la declaratoria de inconstitucionalidad emitida por la Sala de lo Constitucional en 2016, quien ordenó a la Asamblea legislar sobre el tema. De hecho, las mismas organizaciones han presentado año con año una propuesta, pero el oficialismo e igualmente gobernantes anteriores al oficialismo se negaron a estudiarla.
“Los gobiernos anteriores ignoraron nuestras solicitudes de justicia, el actual sigue manteniendo esta deuda con las víctimas. No debe de ignorar y tratar de sepultar las aspiraciones de justicia que hemos venido solicitando desde hace años”, puntualizó Ortiz.
Miguel Montenegro, de la CDHES, señaló que el 30 de agosto, Día Internacional de la Víctima de Desaparición Forzada, es importante porque se consideran víctimas “de esa situación que se vivió durante el conflicto armado y que no ha habido ninguna respuesta por parte de los gobiernos anteriores ni del actual, que tanto se inspiraba tener una respuesta para poder tener el esclarecimiento de nuestros seres queridos que fueron capturados y desaparecidos”. Espera que, en algún momento, los afectados puedan tener un esclarecimiento.
Montenegro sostuvo que en la actualidad también ha habido detenciones y desaparecimientos “sin esclarecimiento”, esto bajo el régimen de excepción, medida estatal que ha detenido a miles de personas que nada tienen que ver con pandillas, las cuales han sido por arbitrariedad.
Ovidio Mauricio, director de Tutela Legal, “María Julia Hernández”, señaló que los gobiernos “han tratado de invisibilizar estos casos, de no tomar con seriedad este flagelo de la desaparición forzada, porque de alguna manera están involucrados”.
“Ahorita, hay muchas madres que están preguntando por sus hijos: si están presos o no. No saben nada de ellos, eso se llama desaparición. Y también hay madres que andan buscando a sus hijos, han pedido que se investiguen las desapariciones a quienes competen realmente investigar y hacer justicia, y no lo han hecho”, destacó Ovidio Mauricio.
Mauricio sostuvo que la desaparición forzada “es un caso permanente y es un delito de lesa humanidad”. Los familiares de las víctimas del régimen de excepción viven en una situación similar, pues no saben del paradero de su detenido desde que fueron capturados, no saben cuál es el estado de salud o si incluso está vivo o muerto.
“Ese dolor y sufrimiento del desaparecido está siendo trasladado a sus familiares. Es como torturar más a la población. El delito de desaparición forzada es el más aberrante que hay, y por eso, solo el delito de desaparición forzada es catalogado como de lesa humanidad porque atenta contra las sociedades”, puntualizó Mauricio en conferencia de prensa.
Los familiares que participaron en el acto ecuménico y que tienen a una persona desaparecida o asesinada en el conflicto armado salvadoreño o en el período reciente, colocaron una vela encendida en la mesa principal mientras dijeron el nombre de su familiar.
Eneida Abarca, madre de Carlos Ernesto Santos Abarca, joven desaparecido el primero de enero de 2022, también colocó una vela en el acto ecuménico. «Carlos Ernesto Santos Abarca, hasta encontrarte», señaló la madre.
